La Rioja atraviesa una compleja situación financiera y mantiene un fuerte reclamo contra el Gobierno nacional por una deuda que, según estimaciones oficiales, supera el billón 456 mil millones de pesos. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Fabián Blanco, quien además advirtió sobre el impacto de la recesión y la inflación en las cuentas públicas.
El funcionario señaló que el país atraviesa un proceso de “estanflación”, una combinación de caída de la actividad económica con alta inflación, que afecta directamente a las provincias a través de la coparticipación federal. “Si todos los días cierran pymes, eso repercute en la recaudación nacional y en el goteo diario de recursos que reciben las provincias”, explicó.
En este contexto, Blanco detalló que la deuda se origina en la falta de envío de fondos extra por parte de la Nación desde octubre de 2023. Ante la ausencia de respuestas, la provincia decidió avanzar por la vía judicial. “Hemos agotado todas las instancias de diálogo. Por eso la deuda está judicializada. Son fondos que le corresponden a La Rioja”, sostuvo.
El ministro se mostró confiado en que el reclamo prosperará. “Somos optimistas de que en algún momento se resolverá porque el derecho asiste a la provincia”, afirmó. A pesar del escenario adverso, el Gobierno provincial aseguró que el pago de salarios está garantizado. Blanco destacó que una de las principales prioridades de la gestión es cumplir en tiempo y forma con los sueldos de la administración pública, en un contexto económico desafiante.
“Siempre el gobernador ha tenido como objetivo sostener los salarios, no dejar a nadie afuera y cumplir con los compromisos. Pero no es una tarea sencilla en medio de la recesión que estamos viviendo”, señaló.
En ese sentido, explicó que la administración de los recursos requiere una planificación estricta: “Tenemos que ser más que responsables para garantizar los fondos. Primero resolvemos el pago de sueldos y luego organizamos el resto de las obligaciones, como los pagos a proveedores”.
Uno de los datos que refleja la presión sobre las finanzas provinciales es la estructura del gasto: actualmente, el 90% de los ingresos por coparticipación se destina al pago de salarios, mientras que solo el 10% restante se utiliza para el funcionamiento del Estado.
Además, el ministro advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses. Según indicó, desde Nación anticiparon una posible caída en la coparticipación debido al deterioro de la actividad económica. “Si la recaudación baja, también lo harán los recursos que reciben las provincias”, concluyó.
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