La Justicia Federal intimó al Estado Nacional a cumplir, antes del próximo 4 de febrero, con la Ley de Emergencia en Discapacidad, normativa que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante 2025. La resolución judicial otorgó un plazo de diez días al Gobierno nacional para garantizar la plena aplicación de la ley, pese a que la administración del presidente Javier Milei haya presentado una apelación.
Sobre esta decisión, el jefe del Departamento de Educación Especial de Formosa, Gustavo Miers, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) y sostuvo que “la Ley de Emergencia debe estar plenamente operativa, no en trámite ni en proceso”. En ese sentido, explicó que la apelación presentada por el Estado nacional “no suspende las obligaciones”, por lo que el cumplimiento debe ser inmediato: "Milei debe devolver los derechos a las personas con discapacidad".
Miers remarcó que el fallo judicial obliga al Gobierno nacional a “garantizar una atención integral a las personas con discapacidad”, respetando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, así como las leyes nacionales vigentes. “El presidente debe respetar los derechos de las personas y cumplir con las leyes”, insistió el funcionario provincial.
Asimismo, señaló la necesidad de una mirada empática hacia un sector que “luchó durante muchos años para que sus derechos sean reconocidos y garantizados”. En ese marco, cuestionó la falta de respuestas concretas desde Nación frente a una situación que impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias.
Finalmente, Miers puso como ejemplo el abordaje que realiza la provincia de Formosa, donde se garantizan derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, el deporte y la recreación para las personas con discapacidad. “Con la justicia social como bandera, con una planificación sostenida en el Modelo Formoseño y con un gobernador como Gildo Insfrán, se demuestra que es posible cumplir y ampliar derechos”, concluyó.
MÁS INFO
Qué debe presentar el Estado y fecha definitiva
Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige la presentación de una serie de medidas clave. Entre ellas, la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses.
El juzgado fijó además un plazo fatal para la plena ejecución de la ley. El 4 de febrero de 2026 la norma deberá encontrarse completamente operativa. Para esa fecha, no solo deberán existir trámites iniciados, sino que el sistema deberá estar en funcionamiento: decreto reglamentario publicado, aranceles liquidados y planes de pago habilitados.
Como parte del control judicial, una auditoría confirmó que el expediente administrativo EX-2026-554412-APN-DAJ#AND permanece en la repartición iniciadora desde el 3 de enero de 2026, un dato que refuerza la exigencia del juzgado para que el Estado acelere los tiempos administrativos. La resolución marca un nuevo capítulo en el conflicto judicial y pone al gobierno de Javier Milei frente a un cronograma estricto, con consecuencias personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.
Cerrar sesión