En una sesión marcada por fuertes cruces y posiciones antagónicas, la diputada nacional Gladys Medina, presidenta del bloque Independencia y referente del espacio del gobernador Osvaldo Jaldo, respaldó en el Congreso el debate sobre la reforma penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, en sintonía con la agenda impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Desde el inicio de su discurso en la sesión, Medina definió la discusión como “una sesión muy sensible” y planteó la necesidad de abordarla con responsabilidad. Sin embargo, más allá de su llamado a la reflexión, su voto acompañó el proyecto que impulsa un endurecimiento del régimen penal juvenil, una bandera sostenida por el oficialismo nacional bajo el argumento de reforzar la seguridad.
La diputada sostuvo que los adolescentes deben tomar conciencia de sus actos y afirmó que “a partir de los 14 años deben saber que, si actúan mal, serán juzgados”. Si bien intentó equilibrar su postura al señalar que la respuesta no puede limitarse a la sanción penal, su respaldo contribuye a avanzar con una reforma que organismos de derechos humanos consideran regresiva.
Medina planteó que la responsabilidad primaria recae en las familias y que el Estado debe intervenir cuando estas no puedan o no cumplan ese rol. “Los niños nacen en una familia que tiene que hacerse cargo; pero si esa familia no puede o no lo hace, el Estado tiene la obligación de intervenir y no mirar para otro lado”, afirmó. También defendió la corresponsabilidad civil de los progenitores por los delitos cometidos por sus hijos, en línea con el Código Civil y Comercial.
En su exposición, la legisladora jaldista hizo hincapié en la necesidad de acompañar cualquier reforma con políticas integrales que incluyan equipos interdisciplinarios, atención en salud mental y fortalecimiento del sistema educativo.
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Las políticas represivas de Jaldo
Desde principios de diciembre, Tucumán atraviesa un clima de creciente tensión entre la Policía provincial y trabajadores del sector bancario, un conflicto que continúa abierto hasta la actualidad y que se desarrolla en un contexto de incertidumbre política y social. La situación se volvió especialmente sensible por el debate nacional en torno a la reforma laboral y el vínculo del gobernador Osvaldo Jaldo con el Gobierno nacional, factores que atraviesan de fondo el escenario provincial.
El conflicto se inició a partir de denuncias laborales realizadas por empleados del Banco Patagonia, quienes se manifestaban de forma pacífica frente a una sucursal de la entidad en la ciudad de Concepción. Durante una de esas protestas, un operativo de la Policía de Tucumán avanzó sobre los manifestantes y derivó en una violenta represión contra empleados y delegados sindicales, hecho que motivó denuncias por el uso desmedido de la fuerza.
El Destape se contactó con la subsecretaria de La Bancaria en Tucumán, Cecilia Blas, quien explicó que el conflicto se originó tras el despido injustificado de Juan Pablo Nastar, exempleado del Banco Patagonia Tucumán, ocurrido el 5 de diciembre. El reclamo fue encabezado por delegados del Banco Nación, Banco Macro, Banco Patagonia y miembros de la Comisión Directiva de La Bancaria Tucumán, y en un primer momento se desarrolló sin incidentes.
Según detalló Blas, a la protesta se sumaron acusaciones de maltrato laboral, amenazas de despido, presiones internas y persecución sindical hacia quienes participan de las medidas gremiales, con la gerenta María José Mansilla como principal foco de las críticas.
La intervención policial se produjo mientras los empleados realizaban una manifestación sin cortes de tránsito ni incidentes previos. De acuerdo a lo señalado desde el gremio, efectivos de Infantería dispersaron la protesta mediante un accionar calificado como represivo y excesivo, profundizando el conflicto.
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