Apenas asumió el cargo, el presidente Javier Milei señalaba su intención de crear un impuesto "a perpetuidad" para pagar a los acreedores del juicio por expropiación de YPF. El mandatario había deslizado como alternativa de financiamiento ante la eventualidad de un resultado adverso en instancias posteriores del litigio. “Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos los 16.000 millones para pagar. Esa es la realidad, pero sí tenemos la voluntad de pagar”, sostuvo Milei al referirse al caso.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la condena que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares y ordenó revisar el fallo de primera instancia, lo que postergó cualquier desembolso inmediato.
Pero, previo a que se estableciera una estrategia judicial, Milei había declarado que el litigio se pagaría con un nuevo impuesto a la población. La iniciativa, según comentó en su oportunidad en una entrevista televisiva, consistía en la creación de un instrumento que, según explicó, funcionaría como un mecanismo de pago sostenido en el tiempo.
“Vamos a hacer, que es una idea en la que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof; es decir, pagarle a este fondo con un bono perpetuo”, afirmó el Presidente. En esa línea, agregó: “Vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur”.
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El planteo se apoya en la hipótesis de que el Estado argentino deba finalmente afrontar una indemnización millonaria en favor de los fondos demandantes, en una causa iniciada en 2015 tras la estatización de YPF en 2012. La medida implicaría distribuir ese costo en el tiempo mediante un esquema impositivo específico, cuyo diseño aún no fue detallado.
La referencia directa del Presidente apunta al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien como ministro de Economía impulsó la ley 26.741 de nacionalización de la petrolera durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Según Milei, la eventual carga sobre los contribuyentes se vincularía con aquella decisión: “Que los argentinos tengamos que pagar todos los años determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”.
“Aun suponiendo que los Estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los Demandantes por incumplimiento contractual y daños y perjuicios están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación”, señaló la Cámara en su resolución. En el mismo fallo, se indicó que “según el derecho civil argentino, los Estatutos no crearon promesas bilaterales que generaran una obligación contractual por parte de la República hacia los demás accionistas de YPF”.
La decisión también ratificó que la petrolera no debía ser considerada parte del litigio, lo que consolidó uno de los argumentos de la defensa argentina. A su vez, dejó abierta la posibilidad de nuevas instancias judiciales, incluida la eventual intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Gobierno nacional había recibido el respaldo de la administración estadounidense, que a través de un memorándum cuestionó los pedidos de los demandantes por considerarlos “demasiado invasivos”. Ese apoyo se tradujo en la suspensión de medidas vinculadas al proceso, incluida la etapa de discovery prevista para abril. El propio Milei, al celebrar el fallo, afirmó: “Es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”.
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