Luego de dos décadas de gestión estatal, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) volverá a manos privadas con una concesión por 30 años. Según la Resolución 543/2026, se aprobó formalmente el nuevo modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y Agua y la compañía estatal, lo que marca el inicio administrativo del proceso de privatización de la mayor prestadora de agua y cloacas del país.
Esta medida, fundamentada en la Ley 27.742, busca una "transformación de importancia refundacional" del servicio mediante la incorporación de capital privado para garantizar la “eficiencia” en la provisión de agua potable y el tratamiento de efluentes en la Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense.
El plan de privatización instruido por el Poder Ejecutivo contempla la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un "operador estratégico" a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el remanente de las acciones estatales será colocado en bolsas y mercados.
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En este nuevo esquema, se otorga en concesión por un plazo de 30 años (prorrogables por otros 10) y se establece un marco donde el Estado mantiene la propiedad de los activos, pero delega en el inversor privado la responsabilidad exclusiva de la operación y el cumplimiento de estrictas metas de inversión y expansión para alcanzar la universalización del servicio.
El nuevo contrato establece que la empresa privada será responsable de ejecutar las Inversiones Onerosas, es decir, aquellas obras de infraestructura financiadas con capital propio o endeudamiento que se recuperarán a través de la tarifa. Entre las metas prioritarias para los primeros años se destaca la expansión de la red para alcanzar una cobertura de agua potable del 75,3% y de cloacas del 63,9% al finalizar el primer ciclo de cinco años. El objetivo final es lograr la "universalización total" de ambos servicios hacia el término de la concesión.
Pese al traspaso de la gestión a manos privadas, el Estado Nacional conservará la propiedad de las plantas potabilizadoras, las redes y las estaciones de bombeo. El control y la fiscalización del servicio seguirán a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), organismos que supervisarán desde la calidad del agua hasta el cumplimiento de los planes de mantenimiento y expansión.
Tarifas y penalidades por incumplimiento
Para asegurar la sostenibilidad del sistema, la resolución introduce un régimen económico basado en el equilibrio económico-financiero. Las tarifas se fijarán en Ciclos Tarifarios de cinco años, con una Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) al final de cada período. Además, se aplicarán ajustes nominales automáticos (trimestrales o mensuales) basados en índices de inflación para reflejar la evolución de los costos de operación. Como incentivo a la eficiencia, se incorporará un "Factor C", que permitirá premios o deducciones en la tarifa según el desempeño de la empresa en indicadores de calidad técnica y atención comercial.
Además, el contrato endurece el régimen de sanciones: la empresa privada podrá ser multada por demoras en la resolución de reclamos, interrupciones prolongadas del suministro o falta de inversión. En casos de incumplimientos graves e injustificados, el Estado mantiene la facultad de declarar la resolución del contrato por culpa de la concesionaria, lo que implicaría la pérdida de la garantía de cumplimiento y la reversión inmediata del servicio al ámbito público.
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