El Gobierno nacional anunció este viernes la creación de un nuevo régimen de incentivos para inversiones que amplía los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apunta específicamente al desarrollo industrial de recursos naturales. El programa, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue bautizado por el propio funcionario como “SUPER RIGI” y será enviado al Congreso en los próximos días. La iniciativa propone una reducción aún mayor de la carga tributaria para proyectos industriales considerados estratégicos. Entre los principales beneficios figuran una alícuota de Ganancias del 15 por ciento —contra el 25 por ciento previsto en el RIGI original—, amortización acelerada de inversiones, exención de aranceles para importaciones vinculadas a la producción y arancel cero para exportaciones.
Según explicó Caputo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el esquema busca incentivar industrias asociadas al procesamiento de recursos naturales y a la fabricación de bienes que actualmente no tienen desarrollo local. “Lo mejor es que este esquema englobará sectores o industrias que no existen en Argentina”, afirmó el ministro. El Gobierno plantea el programa como un mecanismo para transformar la matriz productiva y atraer inversiones de largo plazo.
Al mismo tiempo, profundiza un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios que vuelve a colocar en debate el costo fiscal de las exenciones y el alcance de las concesiones otorgadas a grandes capitales en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, caída de ingresos tributarios y reducción de partidas estatales. Durante la presentación, el ministro señaló que el objetivo es impulsar nuevas cadenas industriales ligadas al cobre, el litio y las energías renovables.
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“Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas”, sostuvo. El funcionario vinculó esa expansión a la demanda tecnológica global y al crecimiento de la inteligencia artificial. Según planteó, la producción de cobre refinado podría convertirse en uno de los sectores con mayor proyección si se generan condiciones similares a las ofrecidas por otros países mineros.
También mencionó como actividades potencialmente alcanzadas la fabricación de “baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes”. En ese listado incluyó especialmente los fertilizantes derivados de potasio y fósforo, insumos clave para el sector agroindustrial. La apuesta oficial apunta a atraer empresas internacionales para desarrollar cadenas industriales asociadas a materias primas que actualmente se exportan con escaso procesamiento local. “La idea es darles condiciones a estas industrias que tienen márgenes muy bajos”, explicó Caputo. Y agregó que la Argentina compite “con países con muchos años de instituciones estables”.
El esquema también incorpora restricciones para provincias y municipios que adhieran al régimen. Según detalló el ministro, las provincias no podrán cobrar Ingresos Brutos superiores al 0,5 por ciento sobre estas actividades y los municipios no podrán aplicar tasas vinculadas a las ventas. El planteo vuelve a tensionar la relación fiscal entre Nación y provincias en un momento marcado por el deterioro de los recursos provinciales. El límite a tributos locales se suma a una política nacional de reducción de impuestos para sectores exportadores y grandes inversiones, mientras gobernadores reclaman compensaciones por la caída de transferencias y de recaudación.
En paralelo, el Gobierno defiende el nuevo esquema bajo el argumento de que permitirá generar empleo, exportaciones y mayor recaudación futura. “Cobrar impuestos en industrias que no existen en el país”, resumió Caputo al explicar la lógica del proyecto. El ministro afirmó además que el régimen “no apunta al corto plazo” sino a consolidar inversiones que beneficien a futuras administraciones. “Este no es un esquema que apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales”, señaló.
“Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda. Según las estimaciones oficiales, los pedidos de inversión vinculados al RIGI alcanzarían en las próximas semanas unos 140.000 millones de dólares. El “SUPER RIGI” aparece además en un contexto donde el Ejecutivo intenta profundizar una agenda de apertura económica y desregulación. La reducción de impuestos a grandes proyectos industriales convive con un escenario de caída del consumo, retracción industrial y fuerte ajuste fiscal sobre áreas del Estado.
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