Luego de la baja de 1.506 usuarios de la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), diputados santafesinos del Partido Justicialista ingresaron un pedido de informe para que el gobierno de Maximiliano Pullaro brinde información detallada sobre la administración de la compañía estatal. Los legisladores aseguran que la necesidad "surge de la inquietud y la alarma pública generadas por la implementación de una política energética que evidencia un doble estándar en la provincia".
El documento, que lleva la firma de los diputados Walter Agosto, Celia Arena y Marcos Corach, apunta contra la gestión de Pullaro: advierten que, lejos de combatir "privilegios", parece haber adoptado una postura de "fuerte con los débiles y débil con los fuertes", que impacta directamente en la "economía de las familias y premia los intereses de los grandes capitales".
En ese marco, aseguran que "la falta de información" sobre puntos clave "genera sospechas fundadas de discrecionalidad y favoritismo". Y apuntan: "Es responsabilidad de esta Cámara exigir la documentación necesaria para que el Poder Ejecutivo demuestre que sus políticas son equitativas y no responden a intereses particulares".
En octubre pasado, dirigentes peronistas encendieron las alarmas ante una serie de irregularidades en el funcionamiento de la empresa provincial. De esta manera, denunciaron la eliminación de subsidios, la caída de la inversión pública y la paralización de obras energéticas, síntomas de una estrategia que busca justificar un eventual proceso de privatización encubierta.
Irregularidades en la EPE: cuáles son los puntos clave del pedido de informe de los diputados peronistas
Los cuestionamientos se centran en tres ejes críticos: el rigor excesivo en la Tarifa Social, un millonario subsidio a la especulación inmobiliaria y una supuesta permisividad con la deuda de grandes corporaciones.
1. Rigor con la Tarifa Social: 40.000 familias excluidas y aumentos de hasta el 600%
El primer punto de conflicto que denuncian los legisladores es la drástica reducción en la cantidad de beneficiarios de la Tarifa Social Eléctrica, con una baja estimada de 40 mil usuarios. Esta medida, que el Poder Ejecutivo justifica bajo el control de supuestos "abusos", tuvo "un impacto devastador en los sectores más vulnerables". En ese sentido, miles de jubilados, familias de bajos recursos y pequeños comercios fueron obligados a afrontar aumentos que, en algunos casos, superaron el 600%, disparando notablemente la morosidad social.
De este modo, exigieron al Poder Ejecutivo provincial que detalle "la cantidad exacta de usuarios que fueron dados de baja de la Tarifa Social Eléctrica desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, precisando la cifra total y el porcentaje de reducción respecto a los beneficiarios que existían en ese momento".
A su vez, piden que justifique el protocolo de estas bajas, detalle la normativa aplicada (como el Decreto N.º 2746 o cualquier otra) y, fundamentalmente, explique por qué el control riguroso se aplica primero sobre el eslabón más vulnerable de la cadena, en lugar de los grandes deudores o beneficiarios de exenciones fiscales.
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2. El subsidio a la especulación inmobiliaria: $8.000 millones para el sector de alta rentabilidad
En un contraste que fue calificado como "inaceptable", la provincia estaría promoviendo un generoso beneficio fiscal para los grandes desarrolladores inmobiliarios: la supuesta eliminación del cargo por expansión de la EPE. Este "obsequio fiscal" se estima en $8.000 millones de pesos anuales, un monto que dejaría de ingresar a las arcas de la empresa estatal.
Los diputados demandan saber qué normativa sostiene este subsidio y por qué esta exención se aplica a un sector de alta rentabilidad, mientras que sectores estratégicos y productivos como los parques industriales y el sector rural deben seguir haciéndose cargo de dicho costo, evidenciando una priorización polémica de los recursos públicos.
3. Permisividad con la deuda de poderosos: ¿Misma "mano dura" para todos?
Finalmente, la EPE es señalada como un "espejo de la disparidad" al exhibir una falta de celeridad o rigor en la ejecución de la deuda de grandes empresas. En ese sentido, los legisladores del PJ piden que la administración de Pullaro confirme si la deuda exigible de corporaciones de gran peso, como la Cooperativa Villa Gobernador Gálvez, Algodonera Avellaneda (Grupo Vicentin), Sancor, Vicentin y Celulosa Argentina, "asciende a los montos millonarios que son de público conocimiento". En caso de ser incorrecto, piden que detalle el monto real de la deuda exigible de cada una de ellas.
"La sociedad reclama saber qué acciones judiciales o de corte de suministro se han iniciado contra estos grandes deudores y, principalmente, por qué el Estado no aplica la misma "mano dura" que sí exhibe contra los usuarios de la Tarifa Social, sugiriendo un trato diferencial y privilegiado", apuntaron en el pedido de información.
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