La reforma laboral de Javier Milei quedó empantanada luego que el Gobierno se resignara a posponer su tratamiento a febrero. Pero, además, de la falta de apoyo pleno entre los aliados y de la oposición de la CGT, el proyecto también genera fuertes rispideces con algunas de las cámaras empresarias más poderosas.
Se trata de las del sector comercio, ya que uno de los puntos clave del texto dictaminado es la eliminación de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras, un ítem que el Poder Ejecutivo ya viene intentando modificar desde inicios de año y que beneficia especialmente a la CAC y la CAME.
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Concretamente, esto se incluye en el artículo 128 del proyecto, que modifica la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo 14.250 para establecer que "los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales", y aclara que lo mismo regirá incluso para las contribuciones vigentes.
Aunque tanto la CAC como la CAME manifestaron su apoyo a la reforma en términos generales, este punto, que puede conducir a su desfinanciamiento, fue explícitamente rechazado por ambas cámaras de comercio en sus exposiciones de la semana pasada ante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado.
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Pablo Devoto, presidente de la Comisión Laboral de la CAC, afirmó ante la Cámara alta que la cámara tiene una "disidencia profunda" con el artículo 128, argumentando que la obligatoriedad de los aportes patronales la organización empresaria fue establecida en el convenio colectivo y que esos fondos se destinan a la capacitación y formación profesional de los trabajadores.
En ese marco, el representante de la CAC señaló también su oposición a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de convenios colectivos menores (de empresa) por sobre los mayores (de actividad), para lo cual adujo que pueden "fragmentar los recursos con cientos de convenios distintos). Nuevamente, el riesgo de fondo es el desfinanciamiento de la cámara, en caso de que los convenios menores no establezcan la obligatoriedad de los aportes patronales.
Por parte de la CAME, su asesor legal Juan Pablo Diab expuso análogamente ante el Senado: "Vemos con asombro el artículo 128. Lo entendemos como inequitativo o discriminatorio en contra del sector empleador, ya que entendemos el financiamiento al sector sindical, pero no entendemos por qué se prohíbe expresamente lo mismo para el sector empleador".
De este modo, se refirió a que el proyecto no elimina explícitamente la denominada "cuota solidaria" que sirve para el financiamiento de los sindicatos a través de sus obras sociales (aunque sí atenta contra ella de hecho al determinar que el aporte del afiliado debe ser voluntario).
Fuentes patronales del sector comercio expresaron a El Destape, en ese sentido, que la eliminación de los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras "produce un desbalanceo, del gremio con recursos (mediante la cuota solidaria) y las cámaras empresariales pymes sin recursos".
La polémica por los aportes obligatorios a las cámaras de comercio
Comercio es el sector básicamente perjudicado por la no obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras que busca establecer la reforma laboral de Milei, dado que en otras actividades este ya es voluntario actualmente.
En cambio, los aportes a las cámaras de comercio están formalizados a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), homologado en una resolución de 2008 por el entonces Ministerio de Trabajo. Es decir, es el mismo Estado el que respalda los aportes al mantenerlos dentro del marco legal.
Esto ya había generado polémica para el gobierno libertario incluso antes de la presentación de la reforma laboral. En marzo pasado, Milei eliminó la obligatoriedad de estos aportes patronales a través del decreto 149/2025, pero este fue judicializado por el INACAP poco después y suspendido por una medida cautelar de la justicia.
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El hecho motivó un tenso momento en el Council de las Américas de agosto pasado, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le pidió delante de todo el auditorio al titular de la CAC, Mario Grinman, que bajara la cautelar. "Estamos en democracia", respondió Grinman para oponerse al reclamo oficial.
La oposición a estos aportes también llega desde parte del sector pyme. Leo Bilanski, titular del Encuentro Nacional Pyme (ENAC), aseguró a El Destape que estos aportes en verdad "sirven para financiar gastos y viáticos de una estructura de dirigentes en lugar de destinarse a hacer capacitaciones para las empresas". "No rinden cuentas, mientras reparten también para la política, entonces todos callan", consideró.
Como sea, lo cierto es que, además de sufrir una inesperada oposición frontal de la CGT y, fundamentalmente, de no contar con el apoyo parlamentario necesario luego de los entuertos con el sector dialoguista durante la negociación del Presupuesto 2026, el Gobierno ahora tiene otro frente más de conflicto para la sanción de la reforma laboral, esta vez dentro del propio sector empresarial.
Este medio se comunicó con fuentes oficiales para conocer si el Gobierno estará dispuesto a negociar este punto con las cámaras, pero estas evitaron dar una respuesta concreta al respecto.
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