El Gobierno convocó a extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero con un breve temario de tres proyectos y una designación diplomática, aunque el acento está puesto en la reforma laboral que el oficialismo siguió empujando durante el receso y ya cree contar con los votos necesarios. Pero la oposición no dialoguista quiere intervenir en la agenda y tratar antes que nada el DNU 941/2025 que amplió las atribuciones de la SIDE. Según las cuentas del bloque de diputados de Unión por la Patria ya reunirían 122 votos, a sólo siete del quórum necesario para habilitar la sesión y avanzar con el rechazo. En el Ejecutivo harán lo posible por estirar esa discusión hasta marzo, cuando confían en fortalecer su capacidad de bloqueo en el Senado.
El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial la convocatoria que, además de la reforma laboral, incluyó la Ley de Glaciares, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur y la designación del ex diputado Fernando Iglesias como embajador. Quedaron afuera dos proyectos que el Ejecutivo había incluido en el llamado a extraordinarias de diciembre: la reforma del Código Penal -que nunca llegó a enviar al Congreso- y la Ley de Estabilidad Fiscal, para la que el peronismo ya había elaborado una propuesta alternativa. También dejaron afuera el DNU por el que modificó la ley de Inteligencia Nacional, que salió en el Boletín Oficial el 2 de enero pasado y generó de inmediato el rechazo de los especialistas, que lo consideraron ilegal.
La reforma laboral y Glaciares ya tienen despacho de comisión en el Senado y quedaron listas para ser tratadas en el recinto. La Casa Rosada fijó la prioridad en la reforma y el ministro del Interior, Diego Santilli, se dedicó en los últimos días a visitar gobernadores dialoguistas que le aseguraron el apoyo de sus legisladores. "No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando. Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar", dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, este lunes tras reunirse con el ministro. En el Ejecutivo confían en conseguir los votos para la reforma sin necesidad de hacerle cambios, ni siquiera en el capítulo impositivo. que implicará una pérdida de recursos para las provincias. Tampoco tienen en carpeta revisar los artículos que entidades empresarias, como la CAME, sostuvieron en los últimos días que debían reformularse.
La idea del oficialismo es que el Senado la apruebe el 10 o el 11 de febrero y que pase de inmediato a Diputados. Pero en Unión por la Patria apuestan a modificar ese cronograma. Este martes volverá a la actividad el bloque de diputados y recibirán al CELS, una de las organizaciones civiles que distribuyó un comunicado de rechazo al DNU 941 y que, además, presentó un amparo judicial por el tema. "Rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas", argumentaron respecto a por qué el Congreso debería rechazar el decreto. La apuesta de UP es que el mismo día en que el oficialismo intente aprobar en el Senado la reforma laboral, en Diputados se vote el rechazo al decreto.
"Según nuestra cuenta ya tenemos 122 votos", comentaba un integrante de la bancada peronista. A los 93 diputados de UP les sumaban los 22 de Unidos y los 4 de la izquierda junto a algunos monobloques como el de la cordobesa Natalia de la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández y la ex libertaria Marcela Pagano. En esa cuenta quedaban por reunir otros siete rechazos, algo que no parecía imposible. De hecho, no hubo bloques ni gobernadores dialoguistas que salieran a apoyar el decreto. Ni siquiera el PRO, donde señalaron que debían estudiar el tema con más detalle.
Los bloques opositores le reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que conformen cuanto antes las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Inteligencia para que analizaran etse decreto publicado durante el receso. Ni Villarruel ni Menem se dieron por aludidos y en el oficialismo dejaron trascender que las comisiones no se conformarán hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. De acuerdo al procedimiento vigente, transcurridos diez días hábiles desde el envío del decreto al Congreso -ocurrido el pasado jueves 15-, el DNU puede ser tratado directamente en el recinto, como pretenden las bancadas opositoras.
Sin embargo, desde el oficialismo intentaban instalar una interpretación reglamentaria según la cual eso no sería legal, ya que durante el período de sesiones extraordinarias sólo pueden discutirse los temas incluidos por el Ejecutivo en el temario. “Si ellos sacaron un decreto de necesidad y urgencia en el receso, tenemos la facultad de autoconvocarnos para tratarlo también en el receso”, replicaban desde la bancada de UP. Si consiguen el número, confíaban en poder imponer ese criterio en el recinto. En el Gobierno, en cambio, harán lo posible por dilatar el debate hasta marzo y que la discusión sobre el decreto se diluya entre los demás temas de la agenda.
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