El Congreso Nacional se encamina a debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, una iniciativa que introduce cambios estructurales en el régimen de trabajo y que tiene un impacto directo sobre los empleados del Estado, incluidos los afiliados a Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Vacaciones, jornada laboral, despidos, negociación colectiva y derecho a huelga aparecen entre los puntos más sensibles de una propuesta que el Gobierno presenta como una modernización, pero que desde el sindicalismo estatal se interpreta como una avanzada sobre derechos históricos.
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Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a reducir la litigiosidad, ordenar normas vigentes desde hace décadas y dotar al sector público de mayor “eficiencia”. Sin embargo, para ATE y otros gremios estatales, el proyecto redefine de manera unilateral las reglas del empleo público y altera equilibrios que forman parte del estatuto laboral del Estado.
Vacaciones: más fragmentación y mayor poder del empleador
Uno de los cambios que más directamente afecta a los trabajadores estatales es la modificación del régimen de vacaciones. El proyecto habilita el fraccionamiento de la licencia anual, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos. Además, establece que el empleador deberá permitir que al menos una vez cada tres años las vacaciones se tomen en verano, que la fecha se notifique con 30 días de anticipación y que el período de goce se ubique entre el 1° de octubre y el 30 de abril.
Para los afiliados a ATE, este esquema implica una mayor capacidad de organización por parte del Estado empleador y una pérdida de previsibilidad para el trabajador, en especial en áreas donde las licencias suelen concentrarse por turnos o cronogramas históricos. El proyecto también fija que, si el trabajador se enferma durante las vacaciones, los días no gozados deberán reprogramarse, un punto valorado positivamente pero que no compensa, según los gremios, el mayor margen discrecional que gana la patronal estatal.
Banco de horas y jornada laboral en el Estado
Otro eje central es la creación del Banco de Horas, un mecanismo que permite compensar períodos de mayor carga laboral con jornadas reducidas o descansos posteriores. El sistema deberá aplicarse mediante acuerdo entre trabajador y empleador y fija descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y un tope de 35 horas semanales.
En el caso de los trabajadores estatales, ATE advierte que este esquema puede habilitar extensiones de jornada encubiertas, especialmente en organismos con planteles reducidos o funciones críticas. En áreas como salud, servicios sociales, inspecciones o administración central, el banco de horas podría traducirse en semanas de trabajo más extensas sin pago de horas extras, a cambio de descansos futuros cuya efectivización quedaría sujeta a la decisión del empleador.
Despidos e indemnizaciones: cambios en la protección ante la desvinculación
La reforma también introduce modificaciones relevantes en materia de despidos. El proyecto habilita reemplazar el régimen tradicional de indemnización por fondos o seguros de cese laboral sectoriales, financiados con aportes mensuales del empleador. Si bien el cálculo seguirá contemplando salario y antigüedad, se excluyen conceptos como aguinaldo, vacaciones y gratificaciones habituales.
Para los trabajadores del Estado, este cambio implica una menor previsibilidad frente a una eventual desvinculación y abre interrogantes sobre la aplicación de estos esquemas en el empleo público, donde históricamente rigieron mayores niveles de estabilidad. Además, se fija un tope máximo de indemnización equivalente a tres veces el salario promedio del convenio, con un piso de un sueldo, lo que introduce límites que hoy no existen en muchos regímenes estatales.
Convenios colectivos y negociación sindical
El proyecto también avanza sobre la negociación colectiva, un punto clave para ATE. Se propone limitar la ultraactividad de los convenios, de modo que, una vez vencidos, solo continúen vigentes las cláusulas normativas, mientras que las obligacionales deberán renegociarse. A su vez, se habilita que convenios de ámbito menor prevalezcan sobre acuerdos generales, incluso si estos últimos son posteriores.
En el sector estatal, esto podría fragmentar las negociaciones centralizadas y debilitar el poder de los sindicatos nacionales, favoreciendo acuerdos por organismo o jurisdicción. Desde ATE advierten que este esquema rompe la lógica de negociación colectiva del empleo público y fortalece la posición del Estado empleador frente a los trabajadores.
Servicios esenciales y derecho a huelga
Uno de los puntos más conflictivos para los estatales es la redefinición de los servicios esenciales. La reforma establece que, en sectores críticos, deberá garantizarse un 75% de prestación mínima y un 50% en actividades consideradas estratégicas, entre ellas salud, energía, transporte, educación, bancos y servicios digitales.
Para ATE, esta modificación restringe de hecho el derecho a huelga, al elevar los niveles de prestación obligatoria durante los conflictos gremiales. En áreas donde el sindicato tiene fuerte presencia -hospitales públicos, escuelas, organismos nacionales y provinciales- el margen de protesta quedaría sensiblemente reducido.
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