Los medios internacionales ya remarcan que la detección de tres casos de scrapie en ovejas provocó que Argentina perdiera el estatus sanitario de país libre de esa enfermedad y quedaran momentáneamente frenadas exportaciones vinculadas al sector ovino, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras los recortes aplicados durante el gobierno de Javier Milei.
Aunque la mayoría de los mercados internacionales conviven con la enfermedad y seguirían abiertos, las exportaciones de carne ovina quedaron sujetas a nuevos procesos de certificación sanitaria, alertó un informe de la agencia de noticias alemana Deutsche Welle (DW).
Uno de los productores afectados es Sergio Taffarel, criador de ovejas Santa Inés importadas desde Paraguay. En julio de 2025, luego de la muerte de un animal, envió la cabeza al SENASA como parte del protocolo obligatorio, según relató a DW. El resultado recién llegó en abril de 2026 y determinó que el animal tenía scrapie, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a ovejas y cabras y que suele ser comparada con el mal de la vaca loca, aunque no se transmite a humanos.
Durante esos nueve meses, el productor continuó comercializando reproductores sin saber que el establecimiento quedaría luego bajo restricciones sanitarias. Ahora tiene el campo interdictado por dos años y ya no puede vender animales para reproducción. “Me cortaron los brazos. Yo soy un productor que vivo de la actividad ovina. Tengo interdictado el campo por dos años, no puedo sacar reproductores", se quejó Taffarel.
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El ajuste en el SENASA
El informe de DW también subrayó que la demora en los análisis, pese a encontrarse dentro de los plazos legales, abrió además cuestionamientos sobre el impacto del ajuste aplicado sobre el SENASA. En paralelo, también se registraron observaciones sanitarias sobre un embarque de carne vacuna destinado a China y otro de girasol enviado a Bulgaria.
Carlos Paz, ingeniero agrónomo que presidió el SENASA durante el gobierno de Alberto Fernández, apuntó contra las actuales autoridades y vinculó los problemas a la reducción de personal y a las políticas de desregulación.
“Afectan la operatividad de la institución. Una es la vía del estrangulamiento a través de la salida de personal. Y la otra cuestión que afecta al buen desempeño del SENASA son los mecanismos de desregulación”, afirmó Paz a la agencia de noticias alemana.
Desde el Gobierno rechazaron que se hayan reducido controles y aseguraron que las modificaciones apuntan a simplificar procesos sin afectar la rigurosidad sanitaria. También reconocieron que el organismo tiene actualmente unos 700 empleados menos que hace tres años, producto de jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
Sin embargo, trabajadores de ATE que representan al sector fitosanitario sostienen que la reducción puede alcanzar los 1.200 trabajadores, y atribuyen parte del problema a la salida de profesionales hacia el sector privado por los bajos salarios, que rondarían los 900 dólares mensuales.
La situación se suma a los efectos de otras desregulaciones sanitarias del Gobierno. A inicios de 2025, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habilitó la exportación de ganado en pie, que estaba prohibida desde 1973, lo que llevó a que Chile suspendiera la importación de carne desde Argentina proveniente de la Patagonia.
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