Acuerdo secreto entre Milei y Lewis por la compra fraudulenta de Lago Escondido

La administración Milei acordó con el empresario Joe Lewis y los apoderados de la sociedad Hidden Lake SA. ponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el Ministerio del Interior en 2023 por la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera donde se ubica la lujosa mansión que supo hospedar a “Los huemules del lawfare”, el grupo de jueces, fiscales y funcionarios que viajaron, en octubre de 2022, con todos los gastos pagos a cuenta del Grupo Clarín.

El acuerdo para ponerle fin a una demanda que había iniciado el propio Estado (con dictámenes de la Procuración de Investigaciones Administrativas y del ex Procurador del Tesoro durante el gobierno de Macri, Carlos Balbin), llegó dos meses antes de que Milei designase a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de Carlos Mahiques para que continúe con sus funciones en la Cámara de Casación Penal. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido.

Los dos Mahiques cumplen funciones diferentes ante el poder económico. Carlos, camarista de Casación Penal, fue quien, en septiembre de 2021 (un año antes del viaje del lawfare) firmó el sobreseimiento por prescripción de una acción penal contra Lewis y los funcionarios de la provincia de Río Negro que habían participado de la compra-venta fraudulenta de la mega estancia patagónica.

La administración Milei hizo todo lo posible para que el acuerdo rubricado con Lewis quedase en las sombras. Hasta diciembre del año pasado, el expediente – que era de acceso público - presentaba movimientos, respuestas de las partes e incluso estaba publicado el sistema del Poder Judicial hasta que dejó de estarlo. La causa por acción de lesividad vinculada a la compra fraudulenta tramitaba en el juzgado contencioso administrativo federal número 4, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín.

El acuerdo se cerró durante la feria judicial. El 28 de enero se dictó una sentencia mediante la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio (ponerle fin a la acción de lesividad que buscaba poder anular la compraventa fraudulenta ocurrida en 1996) entre Lewis-Hidden Lake y el Estado nacional.

De acuerdo a los decretos 411/80 y 1265/87, una suerte de biblia para la abogacía del Estado, para poder avanzar con una conciliación en el marco de una acción de lesividad se necesita, sí o sí, una autorización política. La acción estaba a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli. El convenio conciliatorio fue presentado el 15 de enero “para ponerle fin al litio”. El juez del contencioso administrativo que estuvo de feria por esos días fue Walter Lara Correa.

Todo esto ocurre cuando la administración Milei pretende modificar el espíritu y alcance de la ley que le pone límites a la extranjerización de tierras y que establece los mecanismos para evitar la aparición de empresas cáscaras que maquillen al verdadero beneficiario final de una determinada propiedad, el ejemplo Lewis. No por nada, la semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia de Roberto Boico, volvieron a procesar a Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ, justamente por su pedido de intervención a Hidden Lake por considerarla una sociedad “burbuja”.

Los Huemules están de vuelta y el ministro Mahiques consolida su esquema de poder y lobby cuando todavía falta que se resuelva otro expediente vinculado a Lewis, una causa iniciada por María Magdalena Odarda y que ahora tramita ante la Corte Suprema de Justicia para que se abra un camino directo de acceso público (Tacuifí) al lago Escondido.

Ponerle fin al litigio 

La administración Milei quiso mantener el acuerdo con Lewis en la opacidad. Por eso todavía se desconoce la letra chica del mismo y el expediente 4511/2023 desapareció de la intranet del Poder Judicial. “Su acceso es reservado”, confirmó a El Destape un juez del contencioso administrativo cuando hasta diciembre podía accederse.

El cierre del litigio del Estado contra Lewis –por la compra fraudulenta de tierras en zona de seguridad de frontera- fue expuesto por los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Jorge Morán y Daniel Duffy, al resolver un recurso de queja que había sido presentado por los propios apoderados de Hidden Lake en el expediente por la acción de lesividad.  

“No puede perderse de vista que, con posterioridad a la concesión del recurso, recayó sentencia el 28 de enero de 2026 por el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos CAF 45.112/2023 – Ministerio del Interior contra Hidden Lake SA”-, mediante la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio presentado el 15 de enero de 2016, poniéndole fin al litigio”, puede leerse en la respuesta de los camaristas Morán y Duffy. El juez que actuó durante la feria fue Walter Lara Correa.

La maniobra fraudulenta

El británico Joe Lewis se hizo de las 12.000 hectáreas de Lago Escondido a partir de la utilización de una serie de testaferros y empresas cáscaras con el objetivo de saltar la prohibición de adquirir tierras en una zona de seguridad de frontera.

La maniobra fue varias veces documentada tanto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), como por la Procuración del Tesoro de la Nación que, en 2016, bajo la conducción de Carlos Balbín, había dado curso a las actuaciones para impulsar la acción penal contra Lewis y los funcionarios de la provincia de Río Negro participantes del desfalco al Estado.

La cronología fue la siguiente:

• El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa HR Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones divididas entre Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti.
   
• Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A, el 19 de junio de 1996, solicitó ante la “Comisión Nacional de Zona de Seguridad”, la autorización para la compra de 8063 hectáreas en el paraje “EL FOYEL”, Provincia de Río Negro, en plena área de seguridad de frontera. Luego se le agregaron otras 2000 hectáreas.
   
• La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties SA.
   
• Properties era una cáscara vacía. En el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Río Negro, la escritura de esa propiedad había sido inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría del Pueblo, primer organismo público que impulsó la causa penal contra Lewis, ese cambio estatutario se había realizado en mayo de 1996, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
   
• Los accionistas de Hidden Lake SA habían pasado a ser Rovira, con 11.999 acciones y el hijo de Joe Lewis, de nombre Charles Lewis, con una sola acción a nombre de la empresa británica Lago Corp.
   

Las primeras indagatorias en la causa penal se realizaron en 2015. Los apoderados de Hidden Lake, por entonces, sostenían que los hechos imputados habían prescripto. En 2017, Carlos Mahiques junto a Eduardo Riggi y Juan Carlos Germignani, revocaron los sobreseimientos por entender que la acción penal no había prescripto. Pero en septiembre de 2021, el mismo Mahiques cambió de opinión y le puso fin a la causa penal.

Un año después de ese salvataje a Lewis, Carlos y Juan Bautista Mahiques (por entonces jefe de los fiscales porteños) formaron parte del grupo de amigos “Los Huemules” del lawfare, junto a Julián Ercolini (juez federal de Comodoro Py), Pablo Yadarola (juez en lo penal económico) y Pablo Cayssials (contencioso administrativo). También fueron de la partida el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el ex funcionario de la SIDE Leonardo Bergroth, el asesor en comunicación Tomás Reinke y los directivos de Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.

Derrumbada la causa penal por el fallo de Mahiques, en 2023 el Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro y José Lepere, como secretario de Interior, avanzaron con la acción de lesividad. “La maniobra no podía ser realizada, sino a través de “un Plan Concertado entre la persona jurídica beneficiada, o sea HIDDEN LAKE S.A. y los funcionarios públicos intervinientes en todos los trámites registrales, a través de una operación engañosa por parte de ciudadanos extranjeros y por quienes tenían la obligación de defender la Seguridad Nacional”, puede leerse en la Resolución 1603 de 2023.

En enero de 2026, dos meses antes del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia, la administración Milei clausuró la acción de lesividad contra Lewis con la homologación de una conciliación avalada desde el Ministerio del Interior. ¿Paga de favores? El Gobierno negocia con las provincias y capitales extranjeros la entrega de los recursos naturales.  

La revancha de los huemules

La revancha de “Los Huemules” incluye varios flancos. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia de Roberto Boico, procesó nuevamente a Ricardo Nissen por su actuación en la causa de Hidden Lake. En abril de 2022, el ex titular de la IGJ había determinado que esa compañía era una cáscara vacía.

“Luego de realizar una extensa y profunda investigación del funcionamiento interno y externo de la Sociedad Hidden Lake SA, este organismo de control ha llegado a la conclusión de que la misma es nula, por tratarse desde su mismo origen de un acto simulado, constituida además, con abuso de derechos y finalmente, por cuanto su actividad resulta ilícita, no sólo por los motivos expuestos, sino por omitir dolosamente durante más de 10 años, el cumplimiento de una sentencia judicial firme, dictada por los máximos Tribunales provinciales y federales y que ha pasado en autoridad de cosa juzgada”, sostuvo Nissen en su resolución del 12 de abril de 2022.

¿Quién está detrás de esta embestida? “Esto es cosa de Macri que maneja como quiere el Poder Judicial. Yo había pedido la intervención judicial porque Hidden Lake era una sociedad que no tenía producción ni intercambio de bienes. Sus gastos eran pagados a través de sociedades offshore. Estaba la cuestión del camino de Tacuifí. En Lago Escondido hay un ejército clandestino que le pega a la gente”, aseveró Nissen en diálogo con El Destape y concluyó: “Los que viajaron a la estancia de Lewis lo hacen como parte de una política de creerse los dueños de la Patagonia, se creen parte de un sector muy reducido de personas que pretende mover los hilos del país”.

La lucha por un camino público al Lago Escondido

Lewis no solo se apoderó de 12.000 hectáreas, un lago para construir una central hidroeléctrica junto a Pampa Energía. También fue dueño de una pista de aterrizaje sobre la costa de Río Negro, administrada por otro de sus testaferros, Nicolás Van Ditmar. Lewis les vendió la pista a capitales de los Emiratos Árabes Unidos.

También se apropió de los caminos para permitir el acceso público al lago, “autorizando” solamente un camino de ripio al cual se llega luego de varios días de travesía y agresiones múltiples del “ejército paralelo” de gauchos al servicio del británico.

La legisladora Magdalena Odarda inició hace muchos años una causa judicial para que se habilitase un camino accesible conocido como Tacuifí. Luego de varias resoluciones que obligaban a Lewis a abrir ese camino, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó esas autorizaciones y Odarda presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En marzo de 2024, en el marco de ese expediente, le pidieron a la Corte abrir un proceso de amicus curiae que hasta el momento está cajoneado.

Quien se presentó en el expediente fue Julio Cesar Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (FIPCA), organizador habitual de las marchas a Lago Escondido. “El ciudadano británico invadió el camino de sirga construyendo parte del jardín de su mansión y su pared de pirca sobre él, en evidente abuso del derecho, que la ley no puede tolerar”, sostuvo Urien.

La secretaria de Relaciones Institucionales de la Corte Suprema todavía no dio lugar a la inscripción de amicus curiae (amigos del tribunal). El tiempismo del Poder Judicial parece jugar a favor de Lewis. ¿Mahiques, el ministro, habrá conversado algo de todo esto con los supremos Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti?