Este viernes se abrirán los primeros sobres de la nueva licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (la primera había sido suspendida luego de un duro dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y algo huele mal sobre el Río Paraná. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas obtuvieron los pliegos que deseaban, alineados con Estados Unidos y sus intenciones de dejar afuera cualquier empresa china.
Lo que huele mal sobre el Río Paraná es la opacidad sobre el proceso licitatorio. Al menos así lo señaló el diputado de Unión por la Patria quien presentó un exhaustivo pedido de informes ingresado a la Cámara de Diputados el 25 de febrero.
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“Surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos los argentinos e ignorando que el control de lo que entra y sale de nuestro territorio es una facultad indelegable”, sostuvo Taiana.
Por otro lado, se volvió a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativa formulada por José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y actual titular del Consejo Portuario Argentino, con el patrocinio de Eduardo Barcesat y Joel Sverdlik.
“La licitación contiene un diseño torpemente ineficiente que solo reportará mayores costos de operación y mantenimiento que se prevé transferir a productores y consumidores, a través de tarifas de peaje, redundando finalmente en ganancias para el adjudicatario y pérdida de competitividad para nuestra economía”, puede leerse en el texto presentado ante la PIA. También se denuncian las faltas de precisiones técnicas vinculadas a los estudios de impacto ambientales y esquemas de remediación.
Preguntas ante la opacidad del proceso de licitación
La única certeza sobre el proceso licitatorio para el dragado y balizamiento y cobro de peaje de la mal llamada hidrovía, red troncal por donde transitan el 80% de las exportaciones argentinas, es que este viernes se conocerán los principales oferentes. Sin embargo, las dudas no dejaron de acumularse desde que la administración Milei presentó los pliegos sobre el cierre del año pasado, en el que se dejó específicamente afuera la posibilidad de que participara cualquier empresa estatal, un artículo escrito en chino.
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“En un escenario global marcado por la disputa de recursos y el control de las vías de comunicación, la administración de nuestros ríos es una facultad soberana e indelegable que define nuestra capacidad de autodeterminación. El presente pedido de informes surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos”, puede leerse en los fundamentos del proyecto de resolución presentado por Taiana.
Parte del escenario de opacidad se vincula con la deliberada desarticulación de los organismos de control federales y participativos, “que dejó la fiscalización de la vía en un vacío institucional que vulnera los derechos de las provincias ribereñas consagrados en nuestra Constitución Nacional”.
Para Taiana, la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable representa “un retroceso alarmante en la concepción de un federalismo concertado, alejando a los estados provinciales de la gestión de sus propios recursos naturales y de la supervisión de una obra que impacta directamente en sus territorios y ecosistemas”.
“No podemos permitir que el control de la vía quede librado a la autorregulación del mercado o a organismos sin capacidad de auditoría real. ¿Quién va a controlar qué se draga, cuánto se draga y qué barcos pasan? Sin control estatal, no hay soberanía”, concluye el pedido de informes.
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Abuso de autoridad
La nueva denuncia presentada ante la PIA imputa por presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad tanto al presidente Javier Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseigor.
“Poco importa a los autores e inspiradores del pliego licitatorio los daños ambientales que el dragado provocará, inexorablemente, para el consumo del agua potable, los sistemas cloacales, la fauna y la flora autóctona del río”, puede leerse en la presentación judicial realizada por Barcesat.
Las llamadas usuarias de la Vía Navegable Troncal –las grandes cerealeras, dueños de los puertos y las navieras- jugaron sus cartas para avasallar las estructurales de control del Estado con distintas artimañas.
Para satisfacer las demandas de los grandes jugadores del sector, la Bolsa de Comercio de Rosario contrató en 2020 a la consultora Latinoconsult la cual elaboró el documento “Estudio de factibilidad técnico-económica del próximo período de concesión del sistema de navegación troncal”.
Sobre la cuestión del impacto ambiental vinculada a la ampliación del calado del Río Paraná afirmaron: “No se han identificado impactos incrementales negativos de significancia que pudieran desaconsejar las obras propuestas o constituirse en obstáculos insalvables para la realización del Proyecto. Los impactos negativos identificados resultaron todos de nivel bajo”.
En su dictamen de febrero de 2025, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había determinado que en el pliego de la licitación fenecida no se incluían los estudios de impacto ambiental correspondientes (porque el Estado carecía de ellos).
La Sala B de la Cámara Federal de Rosario se hizo eco de la resolución de la PIA en una resolución del 4 de julio del año pasado en la que reconoció que no se habían presentado los informes de impacto ambiental actualizados como tampoco se había convocado a las audiencias públicas.
Por eso ahora se vuelve a insistir por la cuestión ambiental. “Es mucho lo que está en juego, entre el bien obrar del poder político/administrador, la atención a la soberanía, fluvial y marítima, y nuestras reivindicaciones sobre el Atlántico Sur, así como los territorios insulares usurpados por potencia extranjera. Sobre la otra mano, están los intereses de las grandes corporaciones, de capitales mayoritariamente extranjeros, que solo atienden al incremento de sus ganancias y menos controles sobre las mercancías que se transportan, sin hacerse cargo de los daños ambientales porque ello importa un costo, o transfiriendo a los productores y consumidores los costos de remediación o mitigación de graves daños derivados de la deficiente definición técnica del proyecto y que podrían haberse minimizado con mejores pliegos”, concluye la nueva presentación ante la PIA.
En la línea de batalla de la Doctrina Monroe
El documento sobre seguridad nacional de los Estados Unidos se publicó el pasado 5 de diciembre, el mismo día en que se conocieron en el Boletín Oficial los informes técnicos y pliegos para la nueva licitación del dragado, balizamiento y cobro del peaje en la Vía Navegable Troncal. Nada es coincidencia.
En el artículo 16 del pliego se establece que “no podrán participar de la licitación personas jurídicas que sean controladas, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Una cláusula redactada especialmente para dejar afuera a las empresas chinas (en particular a la CCCC Shanghái Dredging).
También se excluyen fuentes de financiación que estén controladas por otros Estados. “Los oferentes deberán especificar las fuentes de financiación previstas para la presente concesión, no pudiendo ser financiados de forma directa o indirecta por Estados Soberanos o agencias estatales”.
Tampoco podrán participar todas aquellas empresas que hayan sido incluidas en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este registro incluye de manera arbitraria y antojadiza las sanciones a países como Rusia, Venezuela, Cuba, entre otros https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information .
La administración Milei se arrodilló de lleno ante los lineamientos de la reversionada Doctrina Monroe.
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