La decisión del Gobierno de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) volvió a colocar en el centro del debate una de las condiciones incluidas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque el presidente Javier Milei presentó la iniciativa como parte de su programa para impedir nuevas emisiones monetarias y consolidar el proceso de desinflación, el organismo internacional ya había planteado la necesidad de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria como uno de los compromisos para fortalecer el esquema económico.
La discusión excede un cambio técnico. La Carta Orgánica define cuáles son los objetivos del Banco Central, qué herramientas puede utilizar y cuál es el vínculo institucional con el Poder Ejecutivo. La reforma que impulsa la administración libertaria apunta a reducir ese margen de acción y devolver a la entidad un mandato centrado casi exclusivamente en preservar el valor de la moneda, dejando de lado otras funciones incorporadas durante la modificación de 2012.
El anuncio fue realizado por Milei durante un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, donde confirmó que trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un proyecto para modificar la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria.
Según trascendió del encuentro, el Presidente cuestionó especialmente el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente, reformado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ese artículo establece que el Banco Central debe "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".
Un poco de contexto
Antes de la reforma impulsada en 2012, la norma definía como misión "primaria y fundamental" del Banco Central preservar el valor de la moneda. Para el Gobierno, ese cambio amplió las funciones de la entidad y habilitó una mayor utilización del financiamiento monetario para asistir al Tesoro.
En la segunda revisión del programa firmado con el Fondo Monetario Internacional, el organismo incluyó expresamente la necesidad de avanzar en una reforma legal del Banco Central una vez consolidada la estabilización macroeconómica. En ese documento, el FMI sostuvo que resulta necesario "fortalecer la autonomía del Banco Central, mejorar su gobernanza y reforzar las salvaguardas contra el financiamiento monetario del déficit fiscal".
La recomendación forma parte del paquete de compromisos que el Gobierno asumió para mantener vigente el acuerdo con el organismo y acceder a los desembolsos previstos. El último informe técnico permitió liberar un nuevo giro de 1.000 millones de dólares para reforzar las reservas internacionales. Hasta hace pocas semanas, la administración de Milei sostenía ante el propio Fondo que modificar la Carta Orgánica no constituía una prioridad inmediata porque la legislación vigente no impedía avanzar con el programa de estabilización. Sin embargo, el anuncio presidencial aceleró una discusión que inicialmente aparecía prevista para una etapa posterior.
Las críticas no tardaron en llegar desde quienes estuvieron al frente del Banco Central durante distintos gobiernos. "Mercedes Marcó del Pont, presidenta de la entidad cuando se aprobó la reforma de 2012, sostuvo que la modificación responde directamente a un planteo realizado por el Fondo Monetario Internacional. Se veía venir, el FMI lo está pidiendo hace tiempo", afirmó.
La ex funcionaria también cuestionó el diagnóstico económico del Gobierno al señalar que "la política monetaria es un instrumento de la política económica" y sostuvo que "quizá la miopía que tiene Javier Milei es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación". Para Marcó del Pont, la desaceleración inflacionaria responde a otros factores. "La baja de la inflación es producto de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora", afirmó.
En la misma línea se expresó Miguel Pesce, quien presidió el Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández. El exfuncionario cuestionó la combinación entre una mayor autonomía institucional y un mandato limitado únicamente al control de la inflación. "Las implicancias pueden ser graves, porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el BCRA solo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda", advirtió.
La discusión sobre el rol del Banco Central no se limita a la posibilidad de emitir dinero para asistir al Tesoro. La reforma de 2012 amplió las funciones de la entidad incorporando objetivos vinculados con el desarrollo económico, el empleo y la estabilidad financiera, además de elevar los límites para los adelantos transitorios al Gobierno nacional.
Desde el oficialismo sostienen que esas modificaciones facilitaron durante la última década el financiamiento monetario del déficit fiscal y contribuyeron al crecimiento de la inflación. Bajo esa interpretación, la nueva reforma buscará impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de recursos para financiar el gasto público.
El argumento coincide con la posición histórica del Fondo Monetario Internacional respecto de los bancos centrales. Desde hace décadas, el organismo promueve marcos legales que garanticen independencia respecto de los gobiernos de turno, restricciones al financiamiento monetario del déficit y objetivos prioritarios vinculados a la estabilidad de precios.
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