El Gobierno ya consiguió que más de 80 mil contribuyentes adhieran al nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, un esquema impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que modifica la relación entre el fisco y los contribuyentes de mayores ingresos y patrimonio. La iniciativa, presentada oficialmente como una herramienta de simplificación administrativa, elimina la obligación de informar el detalle patrimonial al inicio del ejercicio fiscal y habilita en los hechos el ingreso al circuito económico formal de dólares no declarados previamente.
Según informó ARCA, la cantidad de adherentes se duplicó en los últimos veinte días, luego de que el organismo pusiera en funcionamiento el aplicativo para la presentación de declaraciones juradas. La medida había sido creada en febrero a través de la Resolución General 5820 y, desde entonces, mostró un crecimiento sostenido. El organismo señaló que el régimen comenzó con 5800 adhesiones y que durante abril sumó más de 36 mil nuevos inscriptos.
La aceleración en la cantidad de contribuyentes que optaron por el nuevo esquema coincide con la estrategia oficial para promover el uso de dólares atesorados fuera del sistema financiero. El mecanismo se inscribe dentro del proyecto denominado “Inocencia Fiscal”, una redefinición del control tributario que modifica el criterio histórico de fiscalización patrimonial y reduce la capacidad de ARCA para detectar inconsistencias entre ingresos, gastos y bienes acumulados.
El nuevo esquema funciona sobre una lógica distinta a la tradicional declaración jurada de Ganancias. Hasta ahora, los contribuyentes alcanzados debían informar tanto sus ingresos como el patrimonio total al inicio y al cierre de cada ejercicio fiscal. Ese cruce permitía detectar variaciones patrimoniales no justificadas y servía como una de las herramientas centrales de fiscalización tributaria. Con el nuevo sistema, esa obligación desaparece para quienes adhieran al régimen simplificado.
En la práctica, ARCA confecciona una declaración jurada precargada y el contribuyente solo debe verificar la información vinculada a ingresos y gastos. El patrimonio previo deja de formar parte del esquema de control. Bajo este modelo, el organismo presume que los bienes y fondos que posee la persona tienen un origen consistente con su perfil fiscal y concentra la supervisión únicamente en los movimientos corrientes.
La modificación abre la puerta para que contribuyentes que mantuvieron dólares fuera del sistema puedan comenzar a utilizarlos sin que exista una verificación sobre el origen previo de esos fondos, siempre que sus consumos y movimientos resulten compatibles con los ingresos declarados hacia adelante. El objetivo económico detrás de la medida es incentivar que esos dólares ingresen al circuito financiero, aumenten la oferta de divisas y contribuyan a sostener el nivel de reservas del Banco Central en un contexto de necesidad permanente de dólares.
La apuesta del Gobierno es que la flexibilización tributaria funcione como un incentivo suficiente para que esos dólares vuelvan a circular formalmente sin necesidad de abrir un nuevo blanqueo tradicional con plazo limitado. Sin embargo, especialistas tributarios comenzaron a advertir que el mecanismo se asemeja a una regularización permanente de activos no declarados. El sistema permite que contribuyentes con rentas inferiores a los mil millones de pesos o patrimonios por debajo de los diez mil millones puedan incorporar dinero o bienes previamente no exteriorizados sin enfrentar sanciones fiscales inmediatas.
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