La economía de enclave bajo el imperio del RIGI no derrama en desarrollo

La apuesta a un pleno exportador de materias primas, bajo un régimen jurídico de enclave como es el RIGI o su variante Súper, no garantizan un desarrollo del país, ni la creación de empleo de calidad acorde a las necesidades de un mercado del trabajo donde el 44% ya se desempeña bajo contratos precarios. Los últimos datos sobre la evolución del PBI al primer trimestre dan cuenta de una economía que no despega. En términos desestacionalizados contra el cuarto trimestre del año pasado, las importaciones cayeron 2,5%, el consumo público bajó 2,4%, las exportaciones descendieron 3,1% y la formación bruta de capital fijo tuvo una variación negativa de 1,7%.

Entre 2024 y 2026, se presentaron 36 proyectos dentro del RIGI por más de 106.104 millones de dólares, de los cuales 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería (20 proyectos) e hidrocarburos (10 proyectos). De esa totalidad de recursos prometidos, apenas se habrían desembolsado 760 millones de dólares que no contribuyeron a dinamizar la economía.

La distribución de las inversiones permite observar cuáles son las principales apuestas estratégicas de la administración nacional. Por un lado, aparece el fortalecimiento de la infraestructura hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta y a la exportación de petróleo, gas y gas natural licuado (GNL). Por otro lado, se consolida una fuerte expansión de la minería metalífera y de minerales críticos, particularmente cobre y litio, sectores considerados centrales para la transición energética global, en el marco de los acuerdos por los minerales críticos firmados con los Estados Unidos.

La geografía de las inversiones también presenta patrones claramente definidos y concentrados. Las provincias de Neuquén, San Juan y Río Negro reúnen cerca del 78% de toda la inversión considerada, mientras que si se agregan Catamarca y Salta la concentración supera ampliamente el 95% del total. ¿El resto del país? La teoría del derrame siempre fue una farsa.

“El RIGI no establece metas ambiciosas de empleo local, agregado de valor, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos ni transición energética. En los hechos, el Estado baja impuestos, flexibiliza controles y garantiza estabilidad regulatoria para grandes jugadores extractivos, sin asegurar que esas inversiones se traduzcan en mejoras estructurales para las economías locales o el sistema productivo argentino. Es decir que la sociedad argentina está afuera del mapa. Se consolida una tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina”, argumentó Mariano Novas, del Observatorio RIGI.

La variante Súper del RIGI tampoco corrige los defectos su hermano menor. Es más, en el nuevo proyecto se borran los encadenamientos productivos. Ley 27.742 exige un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un compromiso mínimo del 20% de contratación local en bienes y obras.

“El Súper RIGI lo elimina directamente. Solo pide informar la 'integración local'. Peor aún: el artículo 55 prohíbe al Estado obligar al inversor a comprar insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata. El Estado se ata las manos para generar encadenamientos, incluso mientras otorga beneficios extraordinarios", analizaron desde la organización Fundar.

Tal estructura de beneficios económicos para actividades netamente extractivas consolidará un crecimiento del PBI por demás desigual, en donde incluso la apuesta a un pleno exportador sigue sujeto a los vaivenes de las turbulencias internacionales.

Cuando el Estado se retira…

La formación bruta de capital fijo (inversión) registró en el primer trimestre de 2026 una caída de 11,6% respecto del mismo período del año anterior. “Este descenso se explicó por el crecimiento de 2,2% de la inversión en construcciones, la caída de 9,4% de otras construcciones, la disminución de 18,1% en maquinaria y equipo y el descenso de 19,6% en equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional bajó 11,5% y el componente importado descendió 20,6%. En equipo de transporte, el componente nacional tuvo una caída de 26,4% y el importado tuvo una variación negativa de 5,0%”, puede leerse en el informe del Indec.

Bajo la administración Milei también desapareció la inversión pública, gran dinamizador de la actividad sobre todo en las provincias. Con la retirada del Estado, todos pierden. En este sentido, la administración central arrastró a las provincias. Los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo transaron ajuste por una mayor flexibilidad para rematar los recursos naturales.

“Cuando los recursos resultan insuficientes, la obra pública continúa siendo uno de los primeros componentes del gasto en sufrir recortes. Se trata, en buena medida, de una dinámica que replica lo ocurrido en la Administración Nacional. La obra pública fue una de las principales variables de ajuste del Gobierno nacional: medido en términos reales, por cada 100 pesos destinados a gasto de capital en enero de 2023, en mayo de 2026 se ejecutaban tan sólo 12 pesos”, puede leerse en el último informe de la consultora Vectorial.

De esta manera, la evolución de la inversión pública vuelve a confirmar su papel como principal variable de ajuste. “Tras el fuerte desplome registrado en 2024, durante 2025 aparecen comportamientos más heterogéneos entre jurisdicciones. Provincias como Río Negro, Entre Ríos y San Juan muestran una recuperación significativa de sus gastos de capital, mientras que otras, como San Luis y Chaco, profundizan el ajuste. Esta dispersión refleja la fragilidad financiera que atraviesan muchas administraciones subnacionales”, agregó Vectorial.

La destrucción de empresas

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 (último dato consolidado), se destruyeron 26.448 empresas en todo el país, a razón de 31 compañías por día.

De acuerdo al análisis desagregado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 6836 empleadores en 28 meses. Los otros rubros que registraron caídas significativas fueron Servicio de transporte y almacenamiento (-6473), Servicios inmobiliarias (-3796), Industria manufacturera (3393) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2425), entre otros.

“La cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 3,45%, lo que representa una pérdida de 339.841 puestos de trabajo. Esta caída refleja una combinación de factores, como la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal. Más allá de la cantidad, también implica un deterioro en la calidad del empleo, afectando salarios, beneficios y la estabilidad laboral de amplios sectores de la población”, concluyó el CEPA.

Las promesas de inversión en los proyectos enmarcados en el RIGI no compensan ni por asomo los puestos de trabajo destruidos en lo que va de la gestión Milei.