La disputa por el territorio y la amenaza de desalojo, las claves detrás de la Ley de Tierras

El proyecto que el Senado debatirá la próxima semana propone, a través de modificaciones que alcanzan la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, la protección de bienes comunes y hasta los procedimientos de desalojo, reforzar la la propiedad privada pero a costa de reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en tensión con otros intereses públicos o con derechos vinculados al territorio.

Así lo alertaron diferentes organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos al analizar el impacto del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del Gobierno de Javier Milei, ya que aseguran que podría alterar el equilibrio entre el derecho de propiedad y otros derechos protegidos por la Constitución, desde la posesión comunitaria indígena hasta el acceso a la vivienda y al hábitat.

La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años y bajo el argumento de reforzar la seguridad jurídica, incorpora modificaciones que alcanzan desde las tierras rurales hasta los procedimientos de desalojo urbano, configurando un nuevo escenario en el que la protección de la propiedad privada adquiere un peso creciente frente a otros derechos colectivos.

Disputa por el territorio

La iniciativa oficial para declarar la "inviolabilidad de la propiedad privada" y reformar la Ley de Tierras Rurales puso sobre la mesa un debate que no solo abarca el ingreso de nuevos propietarios o cuáles son las condiciones para inversiones en el territorio nacional, sino que el foco aparece también en lo que ocurre cuando ese territorio ya está habitado, es utilizado por una comunidad o forma parte de un conflicto preexistente.

El proyecto que sería tratado el próximo jueves en el Senado, forma parte de un paquete de reformas que apunta a redefinir el rol del Estado en la regulación del acceso y uso del suelo. Entre otras modificaciones, flexibiliza aspectos del régimen de tierras rurales, introduce cambios en normas vinculadas con las expropiaciones y la propiedad privada, la protección de los bienes comunes y alcanza también a otros marcos legales relacionados con los conflictos territoriales. Para organizaciones especializadas y centros de investigación, el alcance de estas medidas no puede analizarse de manera aislada: en conjunto reconfiguran las reglas bajo las cuales se disputan hoy los territorios en nuestro país.

Al respecto, organizaciones como el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Observatorio de Tierras alertaron sobre la necesidad de analizar el proyecto de manera integral. Sostuvieron que todas las reformas que incorpora responden a la lógica de reforzar la protección de la propiedad privada y reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando ese derecho entra en tensión con otros intereses públicos o con derechos colectivos vinculados al territorio.

“El corazón del proyecto es la eliminación del régimen nacional que limita la extranjerización de las tierras rurales", remarcaron desde el IPYPP y agregaron que "aunque mantiene formalmente vigente la Ley de Tierras, suprime los límites a la titularidad extranjera, debilita las capacidades regulatorias del Estado y fortalece la protección jurídica de los grandes inversores extranjeros" a la vez que "incrementa los costos de las expropiaciones para obras públicas y debilita la protección de ecosistemas afectados por incendios”.

Desde esa perspectiva, el interrogante deja de ser únicamente quién podrá comprar un campo o invertir en un determinado territorio. La pregunta pasa a ser qué ocurre cuando esas tierras ya están ocupadas, habitadas o utilizadas por comunidades indígenas, familias campesinas, productores de la agricultura familiar o poblaciones asentadas históricamente. Es en este punto donde el proyecto busca torcer las reglas y cambiar las condiciones bajo las cuales se tramitan los desalojos y las disputas.

¿Quiénes serían los más afectados?

Distintos especialistas advierten que el nuevo marco legal puede tener efectos concretos sobre actores que históricamente encontraron en la intervención del Estado o en regímenes especiales una herramienta para equilibrar disputas con propietarios privados o grandes emprendimientos.

El caso más evidente es el de las comunidades indígenas. Tras el vencimiento de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos mientras se realizaban los relevamientos territoriales, muchas quedaron nuevamente expuestas a procesos judiciales en provincias donde existen conflictos por tierras reclamadas para actividades extractivas, forestales o agropecuarias. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el nuevo proyecto profundiza esa tendencia al fortalecer la protección de la propiedad privada sin incorporar mecanismos específicos para contemplar los derechos territoriales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

No obstante, el alcance de la discusión no se limita a los pueblos originarios. También involucra a familias campesinas, productores de la agricultura familiar, pobladores rurales con formas precarias de tenencia e incluso comunidades isleñas que habitan territorios donde avanzan proyectos vinculados a la logística o la explotación de recursos naturales. El quinto informe del Observatorio de Tierras, "El Paraná en venta", ubicó precisamente a la cuenca del Paraná como uno de los espacios donde comienzan a superponerse inversiones estratégicas, cambios regulatorios y conflictos por el uso del suelo, configurando un escenario de creciente presión sobre quienes habitan esos territorios desde hace décadas. 

“Misiones, Corrientes y Entre Ríos -las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta- concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra", detalló el documento. De hecho, Misiones es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,3% de su territorio ya está en manos de capitales extranjeros, con claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.

Aunque los marcos jurídicos son diferentes, también se advirtió que el debate excede el ámbito rural. En las ciudades, las tensiones entre el derecho de propiedad y el derecho al hábitat aparecen en los procesos de urbanización de barrios populares, en los desalojos de asentamientos y de familias que ya no pueden ni sostener un techo donde vivir. “La iniciativa también facilita los desalojos en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, al acelerar los procedimientos para la restitución de inmuebles. En lugar de responder a la creciente crisis habitacional con más protección para quienes alquilan o no pueden acceder a una vivienda, el proyecto fortalece la posición de los propietarios y consolida una concepción en la que el derecho de propiedad prevalece sobre el derecho a la vivienda”, señalaron desde el IPYPP.

Si bien los instrumentos jurídicos que regulan esas situaciones son diferentes -no es lo mismo un conflicto por tierras indígenas que un proceso de urbanización de un barrio popular o conflicto urbano- en todos esos escenarios el Estado actúa como árbitro entre derechos que pueden entrar en colisión. Para organizaciones como el CELS, el proyecto libertario fortalece uno de esos derechos —la propiedad privada— y reduce el margen para ponderar otros intereses colectivos o sociales cuando aparecen este tipo de disputas.

“Respecto del contrato de alquiler en sí, entre dueño de una vivienda e inquilino, la reforma del Código Civil y Comercial reduce el plazo de intimación en favor del dueño ante el retraso en el pago", explicaron desde el espacio. De acuerdo con esta propuesta, una vez que se cumpla el plazo de 3 días, "el dueño puede considerar la rescisión del contrato e iniciar la acción de desalojo del inmueble. Luego, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dispone un plazo de 5 días para que el juzgado resuelva la solicitud de restitución anticipada de inmuebles. Esta propuesta cae en un contexto de alta fragilidad para la población inquilina. Desde la derogación de la Ley de Alquileres, con el DNU 70, no existe un plazo estipulado de contrato, índices de actualización ni moneda definida”, alertaron.

Ese cambio de enfoque cobra relevancia en un contexto en el que el déficit habitacional y la expansión de los barrios populares conviven con un aumento de los conflictos por el acceso al suelo. 

               ❗️ "El 62,5% de las PyMEs empeoró su situación general, el 57,9% de las PyMEs registró caída de ventas"

               🗣️ @GinoViglianco sobre el informe que reveló la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas sobre la situación agravante que están  atravesando y     afirmó: "En los últimos 3 meses… pic.twitter.com/0QyZNy0nNe

Los territorios donde ya empezó la disputa

La discusión en torno al proyecto de la administración libertaria no se desarrolla en un vacío. Llega en un momento en el que distintas regiones del país concentran inversiones estratégicas y, al mismo tiempo, conflictos por el uso y la ocupación del territorio. Es allí donde organizaciones sociales creen que el nuevo marco legal puede tener un impacto más significativo.

En la cuenca del Paraná, el informe del Observatorio de Tierras precisó que, en el caso de Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,6% de la superficie provincial. A diferencia de Misiones, allí el capital extranjero está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). A su vez, en cuanto a Entre Rios, “los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”, señaló Juan Echeverría, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina.

La misma dinámica aparece en otras regiones del país. Desde los salares del NOA, atravesados por la expansión de la minería del litio, hasta Vaca Muerta y distintos corredores vinculados a la energía, los conflictos por el territorio se producen en espacios donde conviven inversiones de gran escala con comunidades indígenas, productores familiares y poblaciones que habitan esas zonas desde hace décadas. Para los especialistas, el interrogante ya no pasa solamente por quién desarrollará esos proyectos en un escenario de cuantiosos beneficios a capitales extranjeros a partir del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sino también bajo qué reglas se resolverán las tensiones que puedan surgir con quienes ya viven allí.

En ese contexto, el debate sobre la propiedad privada deja de ser una discusión exclusivamente jurídica. Se convierte también en una discusión sobre el modelo de desarrollo, el uso del territorio y el lugar que ocuparán los derechos colectivos en el marco del modelo económico actual. El debate no se jugará únicamente en el Congreso, sino también en los tribunales y en los territorios donde esos conflictos ya existen.