La última dictadura cívico militar dejó un saldo de 143 empresarios, ejecutivos y financistas secuestrados y torturados de sus bienes, entre ellos 11 que aún permanecen desaparecidos. El objetivo era quedarse con sus bienes, según la amplia investigación que realizó la Comisión Nacional de Valores en 2013 y que hoy cobra especial relevancia al cumplirse medio siglo del golpe de Estado que inició el proceso de destrucción del entramado productivo y social del país y que se repite con mayor profundidad con la administración de Javier Milei.
El informe de la CNV demostró que la represión durante la última dictadura no se limitó al plano político, sino que también tuvo un componente económico dirigido contra empresarios y actores del sistema financiero. A partir de una amplia investigación documental y testimonial, se evidencia que el Estado combinó mecanismos legales con prácticas clandestinas para intervenir en empresas, perseguir supuestas irregularidades y facilitar secuestros y desapoderamientos.
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El momento más intenso de esta dinámica se ubicó hacia fines de los años setenta, cuando, tras la reducción de la represión política masiva, el aparato represivo se reorientó hacia el ámbito económico.
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El trabajo de la CNV, que en aquellos años desempeñó un papel clave funcionando como nexo entre investigaciones formales y acciones militares ilegales, expuso que además del discurso de combate a la “subversión económica”, existieron incentivos vinculados a la apropiación de bienes y disputas dentro del propio sistema financiero. Asimismo, destacó que las redes de poder entre empresarios, funcionarios y militares eran en muchos casos compartidas, lo que complejiza la distinción entre víctimas y victimarios.
Una investigación que tomó años
La CNV comenzó a recibir en 2010 oficios judiciales en los que solicitaba información acerca de la participación de funcionarios del organismo en hechos que habían tenido curso durante la última dictadura militar argentina y que se enmarcan, algunos ellos, en crímenes de lesa humanidad.
A partir de esos requerimientos se abrió un proceso de revisión de documentación, que que permitió corroborar la participación de funcionarios civiles de la CNV en interrogatorios que tuvieron lugar en Centros Clandestinos de Detención y posteriormente, bajo la conducción de Alejandro Vanolli, se elaboró el informe que planteó que la represión económica fue una dimensión estructural del régimen, en la que confluyeron objetivos políticos, intereses económicos y acciones autónomas dentro del aparato represivo.
El caso más paradigmático de desapoderamiento es el conocido como el Grupo Graiver, que tenía entre sus activos a Papel Prensa, Banco de Hurlingham y otras sociedades financieras y holdings del grupo. El grupo fue intervenido tras la muerte de David Graiver y, bajo la acusación de vínculos con organizaciones armadas, se secuestraron a 16 directivos y se produjo apropiación de los activos estratégicos, especialmente Papel Prensa que pasó a control del Estado asociado con lso medios Clarín, La Nación y La Razón.
En el caso del Banco de Hurlingham se demostró la articulación entre CNV, la Justicia y las Fuerzas Armadas. Denuncias administrativas derivaron en secuestros de directivos que fueron torturados en el I Cuerpo del Ejército bajo el control del general Guillermo Suárez Mason.
El Grupo Chavanne, que tenía entre sus activos la Siderúrgicas Grassi, fue acusado de “subversión económica”, se investigaron operaciones financieras y sus directivos fueron secuestrados y torturados hasta lograr la transferencia del grupo en favor de otros intereses económicos.
El operativo más significativo en el interior del país se dio en la empresa cordobesa Mackentor, constructora e industrial, donde se secuestraron aproximadamente a 34 personas y se intervino el grupo económico.
Otros casos citados en el informe de la CNV fueron los de la Compañía financiera y empresarial La Agrícola, cuyos directivos fueron secuestrados tras denuncias por supuestas irregularidades e interrogados en centros clandestinos; y el Banco Latinoamericano, propiedad del banquero Eduardo Saiegh quien luego llevó adelante una querella penal por crímenes de lesa humanidad contra los jefes civiles de la dictadura cívico-militar argentina.
El extenso informe elaborado por la CNV demostró un patrón común: intervención estatal iniciada por investigaciones financieras, derivación simultánea a Justicia y Fuerzas Armadas, secuestro de empresarios, presión o tortura, desapoderamiento de activos y la reconfiguración del control empresarial.
Los grupos más relevantes (Graiver, Hurlingham, Chavanne-Grassi y Mackentor) evidenciaron que no se trató de episodios aislados, sino de un mecanismo sistemático en el que la represión funcionó también como herramienta de reorganización económica.
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