Durante la última Dictadura Cívico Militar, la definición ideológica de José Alfredo Martínez de Hoz era “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Bajo la administración Milei, el recorte del gasto público y la destrucción sistemática de las capacidades estatales a partir del despido de sus trabajadores y trabajadoras se lleva adelante para consolidar un programa de saqueo sistemático de los recursos naturales y la privatización del remanente de empresas públicas. Achicar el Estado es agrandar un poder económico hiper concentrado. Durante mayo, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades tuvo un retroceso interanual del 6% mientras que en la comparación mensual cayó un 0,5%. Desde noviembre de 2023, Milei despidió a 65.000 trabajadores públicos.
El dato se conoció el mismo día en que el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, decidió el despido de 61 trabajadores y trabajadoras en un contexto de privatización de los principales activos nucleares del país. El avance sobre los trabajadores se hizo con la represión de la Gendarmería.
El brazo armado de los despidos
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Al día siguiente de la sanción del Régimen de Incentivo a las Grades Empresas (RIGI), plexo normativo de saqueo incorporado en la Ley de Bases, la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzaba el Comando Unificado de Seguridad Productiva con el objetivo de “blindar” a las empresas del RIGI y para disuadir cualquier protesta social vinculada a los recursos naturales y principales activos del Estado (puestos a remate).
Este comando unificado – integrado por las fuerzas federales, en particular de la Gendarmería, se puso en funcionamiento para reprimir las protestas realizadas en Mendoza contra los cambios en la ley de glaciares y los trabajadores portuarios de Mar del Plata; también intervino este último martes para atacar a los trabajadores de la CNEA y escoltar al titular del organismo ante la manifestación de los despedidos.
“El Presidente (Martín Porro) nos había dicho que no iban a despedir a nadie; a los gerentes de áreas les había dicho lo mismo. Pero los despidos aparecieron en los legajos electrónicos de los trabajadores (GDE). Cuando nos enteramos de los 61 compañeros desplazados, fuimos a la sede central a pedir una reunión. Allí nos encontramos con la Gendarmería”, narró Rodolfo Kempf, especialista en combustibles nucleares y delegado de ATE – CNEA.
Ataque al sector nuclear
En noviembre de 2023, la dotación total de empleados públicos de la administración central y de las empresas estatales llegaba a 338.392 personas. Desde entonces, se viene dando un proceso sistemático de despidos y pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos. Para mayo de 2026, la dotación total se había reducido a 273.365 puestos. Es decir, una destrucción de 65.027 puestos de trabajo.
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En el caso puntual de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el desplazamiento llegó a los 571 trabajadores. Muchos fueron echados de manera directa, otros son perseguidos por su actividad sindical. Ahora se sumaron 61 trabajadores más.
El proceso de desguace tiene una línea de continuidad con la privatización de los principales activos nucleares. La administración Milei paralizó la construcción del CAREM (el pequeño reactor modular 100% argentino) para iniciar su desmantelamiento; al mismo tiempo, el INVAP promocionó la constitución de una empresa con capitales estadounidenses de nombre Meitner Energy.
“Al cierre del primer año de gobierno de Milei había renunciado el 20% del personal abocado al CAREM. Ahora llegamos al 40%. Ese éxodo fue captado por la empresa Meitner Energy, integrada en un 60% por el Grupo Ansari y otro 40% por el INVAP. Con los 50 millones de dólares que invirtieron en Meitner están matando el Plan Nuclear Argentino”, había denunciado Adriana Serquis, diputada de UxP y ex titular de la CNEA, en diálogo con El Destape.
Despidos que generan ignorancia
La administración Milei aborrece del conocimiento. Por eso su ataque sistemático a las universidades y a los integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. De acuerdo a los registros del Indec, para noviembre de 2023 había 27.760 trabajadores del Conicet; para mayo de 2026 eran 25.805. La destrucción de puestos de trabajo y fuga de cerebros incluyó a 1955 personas.
Otra de las áreas atacadas fue el INTA; se desmontaron programas específicos pensados para la agricultura familiar y se pusieron a la venta decenas de miles de hectáreas que eran propiedad del organismo. La última movida fue el inicio de un nuevo programa de retiros (in)voluntarios. En total, fueron desplazados 884 trabajadores según los datos del Indec.
Los hospitales públicos también fueron atacados. En el Malbrán se destruyeron 193 puestos de trabajo; en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se perdieron 207 puestos. A partir de julio del año pasado, el Indec dejó de informar la dotación de los hospitales Laura Bonaparte (salud mental), Posadas, y Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo (Ex Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), entre otros.
De acuerdo al último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario de los estatales quedó, para mayo de este año, un 22% por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Cada estatal perdió 13,3 millones de pesos desde entonces.
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