Con el consumo aplastado, el Gobierno elimina las palancas estatales que abandonó

Mientras concreta el exterminio del consumo masivo a través de una transferencia de ingresos fenomenal, el Gobierno formalizó la eliminación del entramado normativo que sostenía programas como Ahora 12 y Cuota Simple. Si bien el Gobierno fundamenta esta decisión en que la macroeconomía está ordenada y por lo tanto no hace falta un Estado que regule, el valor simbólico de este avanced del Gobierno dice mucho sobre la importancia que Javier Milei le da al financiamiento para las familias.

La medida representa el cierre formal de instrumentos que durante más de una década fueron utilizados para incentivar el consumo a través de compras financiadas. Si bien estos programas ya no se encontraban vigentes, el Ejecutivo decidió ahora eliminar toda la normativa residual asociada a ellos.

El argumento del Gobierno para eliminar el programa Ahora 12

Desde el oficialismo sostuvieron que la iniciativa forma parte del proceso de simplificación regulatoria impulsado desde el inicio de la actual gestión. Según los fundamentos de la resolución, la eliminación de estas normas apunta a "contribuir a una mayor claridad del marco legal" y a "facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica".

Entre los programas alcanzados por la derogación aparece Ahora 12, creado en 2014 para facilitar la compra de bienes y servicios mediante cuotas subsidiadas. El plan permitió durante años financiar la adquisición de electrodomésticos, indumentaria, materiales para la construcción, pasajes turísticos y otros productos de consumo durable.

En los propios considerandos de la normativa, el Gobierno reconoció que "han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga". Es decir, primero dejó vencer esas herramientas y luego avanzó con la eliminación de la estructura legal que las respaldaba.

La explicación oficial remarcó que la decisión responde a una estrategia de "normalización del mercado de crédito", con el objetivo de "restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital". Bajo esta visión, el acceso al financiamiento debe definirse exclusivamente a partir de las condiciones del sistema financiero, sin subsidios ni incentivos estatales.

Sin embargo, la desaparición definitiva de estos instrumentos ocurre en un escenario marcado por tasas de interés elevadas, pérdida del poder adquisitivo y un mercado crediticio todavía reducido en comparación con otros países de la región. Diversos sectores comerciales venían advirtiendo sobre las dificultades para sostener las ventas sin herramientas de financiamiento accesibles.

Cuando Milei asumió la Presidencia, Ahora 12 había sido reemplazado por Cuota Simple, una versión más acotada del programa. Ese esquema redujo las opciones de pago a tres y seis cuotas y limitó los rubros alcanzados. Finalmente, tampoco fue prorrogado y terminó perdiendo vigencia.

Mientras tanto, los pobres financian a los ricos y llevan la mochila del ajuste

Lo cierto es que el ajuste de las cuentas públicas y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reducen la capacidad de consumo de una parte importante de la población. Ante la ausencia de un sector exportador con el dinamismo suficiente para compensar esa retracción, el sector privado enfrenta una doble presión: por un lado, el incremento de la carga derivada de la quita de subsidios y el consecuente aumento de tarifas; por otro, el deterioro de los ingresos reales de los hogares.

En ese contexto, el endeudamiento apareció como una vía transitoria para sostener el consumo, aunque esa estrategia comenzó a mostrar signos de agotamiento. La morosidad de los créditos en pesos destinados al sector privado ya alcanza el 10% entre las familias y el 2,5% en las empresas. En el caso de los hogares, el indicador prácticamente se cuadruplicó en el último año.

Esta situación también se vio profundizada por la desregulación de las tasas de interés, que elevó de manera sostenida su peso en términos reales. Si se observa la evolución de las tasas aplicadas a los préstamos personales, durante la actual gestión se registran niveles significativamente elevados. Además, una porción importante del endeudamiento de las familias se canaliza a través de plataformas fintech, cuyos datos no son públicos y cuyas tasas nunca estuvieron sujetas a regulación. Un ejemplo es la principal billetera virtual del país, que aplica tasas nominales anuales superiores al 200%.

En paralelo, la estructura tributaria también exhibe fuertes diferencias según el nivel de ingresos. Mientras el 50% más pobre de la población destina alrededor del 36% de sus recursos al pago de impuestos, el 10% de mayores ingresos tributa el equivalente al 26% de lo que percibe.

De acuerdo con estas cifras, Argentina presenta la segunda mayor presión tributaria sobre los sectores de menores ingresos de América Latina, sólo por detrás de Brasil. Esto implica que los hogares con menos recursos deben destinar una porción más significativa de sus ingresos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En la práctica, más de un tercio de los ingresos de la mitad más pobre del país se destina al pago de impuestos, mientras que el segmento de mayores ingresos utiliza cerca de una cuarta parte de sus recursos para ese fin. La reducción del impuesto sobre los Bienes Personales podría profundizar esa brecha en los próximos años.