Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina continúa siendo el principal deudor del organismo con compromisos por unos 57.763 millones de dólares, mientras que Egipto ocupa el segundo lugar con alrededor de 10.850 millones. Entre ambos países concentran aproximadamente el 40% de toda la cartera de préstamos vigente del Fondo, una cifra que sintetiza décadas de crisis económicas recurrentes, programas de asistencia financiera y renegociaciones permanentes.
El Gobierno egipcio anunció la semana pasada una nueva ampliación de financiamiento por 1.600 millones de dólares, en el marco del programa acordado con el organismo internacional. La decisión volvió a colocar a Egipto entre los principales receptores de créditos multilaterales y confirmó una tendencia que comparte con Argentina: ambos países recurren periódicamente al FMI para enfrentar desequilibrios externos, escasez de reservas internacionales y dificultades para acceder al financiamiento privado.
La comparación no termina en el volumen de deuda. Argentina firmó 23 programas con el Fondo desde que ingresó al organismo en 1956, mientras que Egipto acumula 12 acuerdos desde su incorporación. Los dos países atravesaron sucesivas renegociaciones, revisiones técnicas y desembolsos extraordinarios que terminaron convirtiendo la relación con el FMI en un componente permanente de su política económica.
Las estadísticas del propio organismo muestran hasta qué punto ambos casos representan una excepción dentro del sistema financiero internacional. Ningún otro país concentra un volumen semejante de préstamos activos. Después de Argentina y Egipto aparecen Ucrania, Ecuador, Pakistán y Kenia, aunque a considerable distancia en términos de exposición financiera.
En el caso argentino, la relación con el Fondo constituye uno de los ejes centrales de la historia económica contemporánea. El denominado Acuerdo Stand-By aprobado ese año contempló originalmente un financiamiento por 50.000 millones de dólares que pocos meses después fue ampliado hasta alcanzar 57.000 millones. Finalmente se desembolsaron cerca de 44.000 millones antes de que el programa quedara interrumpido tras el cambio de gobierno.
Años después, la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI cuestionó distintos aspectos de aquel proceso. En su informe sostuvo que el programa había partido de "supuestos demasiado optimistas" respecto de la evolución de la economía argentina y reconoció que las proyecciones de crecimiento, inflación y acceso al financiamiento internacional terminaron alejándose significativamente de la realidad. También señaló que existieron "riesgos excepcionales" que finalmente se materializaron, agravando la vulnerabilidad financiera del país.
El peso de ese préstamo continúa explicando la posición de Argentina como principal deudor del Fondo. El acuerdo firmado posteriormente por el gobierno de Alberto Fernández permitió refinanciar esos vencimientos mediante un Programa de Facilidades Extendidas, aunque sin reducir sustancialmente la exposición frente al organismo. Más recientemente, la administración de Javier Milei negoció una nueva reformulación del programa vigente con el objetivo de reforzar las reservas internacionales y sostener el proceso de estabilización económica.
La reiteración de acuerdos alimentó durante años una discusión que excede los cambios de gobierno. Diversos economistas sostienen que los programas del Fondo funcionaron principalmente como instrumentos para administrar crisis de balanza de pagos sin lograr resolver los problemas estructurales de la economía argentina, mientras que desde el organismo se argumenta que muchas de las metas originalmente pactadas no llegaron a implementarse completamente o fueron abandonadas por las sucesivas administraciones.
La historia de Egipto presenta similitudes llamativas. Aunque con menor frecuencia que Argentina, el país africano también recurrió reiteradamente al FMI para afrontar crisis cambiarias, déficits fiscales persistentes y fuertes presiones sobre su sector externo. En los últimos diez años la dependencia se profundizó como consecuencia de las dificultades derivadas de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania —que afectó severamente el costo de los alimentos y de la energía— y la caída de los ingresos provenientes del Canal de Suez debido a las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo.
Ese escenario llevó al gobierno egipcio a negociar sucesivas ampliaciones de su programa financiero con el Fondo. La más reciente incorporó nuevos desembolsos por 1.600 millones de dólares y volvió a ubicar al país como el segundo mayor prestatario del organismo, apenas detrás de Argentina.
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