Tras la reforma laboral que logró aprobar el Gobierno en el Congreso, el siguiente y consecuente paso es privatizar el sistema previsional. En ese sentido, uno de los pilares para sostener esta idea es achicar a la Anses en términos operativos. Por eso, los trabajadores recibieron el comunicado de un plan de retiro voluntario con el objetivo de reducir la planta.
Según reza el Boletín Oficial, el plan de retiro estará destinado a los trabajadores del organismo previsional que cuenten con al menos dos años de antigüedad. Además, en la letra oficial se estableció que la adhesión será "completamente voluntaria", y que su aprobación dependerá exclusivamente de la evaluación que realice la Anses, sin que esto genere un derecho automático para quienes soliciten acceder al beneficio.
La Dirección General de Recursos Humanos será responsable de aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación, que deberán firmarse ante la autoridad administrativa laboral. En este marco, también se autorizó a los abogados con poder general de representación judicial a actuar en nombre del organismo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.
Retiro y persecución
A modo de respuesta, desde el Sindicato los trabajadores de la Anses (Secaspfi) fueron terminantes: "Mientras las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, el gobierno responde con retiros 'voluntarios'. Mientras exigimos salarios dignos, vemos cómo algunos funcionarios utilizan el Estado para privilegios y gastos que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo, porque parece que para algunos si hay recursos cuando se trata de llevar a la familia de viaje".
Y concluyeron: "Se creen que esto es voluntario. Pero lo que estamos viendo es el resultado de una política de desestabilización económica y emocional sobre las y los trabajadores, para empujarlos a aceptar lo que en otras condiciones jamás aceptarían". No es el primer apriete en contra de los trabajadores.
En los pasillos del organismo se habla con furia de los "Sturznegger Boys", la denominación de los alfiles del ministro de Desregulación. Uno es Alejandro Tamer, hombre de confianza de Federico, quien fue denunciado de grabar a trabajadores de la Anses en la oficina de San Martín, mientras se expresaba con hostilidad.
Envalentonado y violento, no va solo a las auditorías paralelas que ejerce, ya que suele estar acompañado por Valentín Spialtini, director nacional de Racionalización del Estado. Entre los obreros de la Seguridad Social corren versiones de que se profundizará el desguace a través de estas prácticas. Un plan de desgaste y achique que funcione como preludio de la reforma previsional.
Achicar para reformar
Con el Fondo de Asistencia Laboral estipulado en la reforma laboral, las contribuciones del empleador pasan del 27% al 26% en empresas grandes y al 24,5% en PYMES; y la carga laboral total sobre el salario bruto baja del 44% al 43% y al 41,5%, respectivamente. Se reduce, de este modo, la porción del costo laboral que financia la seguridad social, particularmente el componente con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir, las jubilaciones del régimen público.
Entre el desfinanciamiento y el achique de planta es que La Libertad Avanza intentará basar su discurso de "crisis terminal" del sistema previsional. Llegado a ese punto, la premisa será cierta, pero por las medidas que el mismo Gobierno propició.
Fue Milei quien asumió ante el FMI el compromiso de avanzar con una reforma del sistema jubilatorio como parte de las medidas destinadas a sostener el ancla fiscal del programa económico. Durante el año pasado, el Gobierno comenzó a hacer circular en ámbitos judiciales un borrador de reforma del sistema general de jubilaciones. La iniciativa se apoya en distintos trabajos académicos publicados en los últimos años por el propio Fondo, el Banco Mundial, la OIT, la OCDE y la Fundación Mediterránea–IERAL. En esos estudios también se inspiró el proyecto que el expresidente Mauricio Macri intentó impulsar en 2017, pero que finalmente no prosperó debido al fuerte rechazo social que generó.
El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, había anticipado algunos lineamientos en una entrevista con el portal Río Negro en julio el año pasado. Allí señaló que, a su entender, a los 65 años todas las personas deberían acceder a un ingreso similar a la PUAM, al que se sumaría un monto proporcional según los años de aportes realizados. Este mecanismo, conocido como “cuentas nocionales”, simula una cuenta de capitalización en la que se registran los aportes del trabajador. Giordano también planteó que la edad de retiro debería ajustarse gradualmente de acuerdo con los cambios demográficos, teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida y la caída de la natalidad. Cabe recordar que Giordano fue titular de la ANSES en los primeros meses del gobierno de Milei.
Entre los cambios más significativos que se analizan figura la posibilidad de elevar la edad mínima para jubilarse, actualmente fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los varones. El esquema contemplaría llevar ese umbral hasta los 70 años para ambos géneros. La suba comenzaría en 2027 y se aplicaría de manera progresiva hasta alcanzar ese nivel en 2030. De acuerdo con el esquema proyectado, en 2027 la edad de retiro pasaría a ser de 66 años para los hombres y 62 para las mujeres, aumentando luego gradualmente.
De concretarse, se trataría de una de las edades jubilatorias más altas del mundo. Como referencia, el Parlamento de Dinamarca aprobó un aumento del límite hasta los 70 años, aunque esa meta recién se alcanzará en 2040. En el caso argentino, el calendario sería mucho más acelerado.
La tasa de sustitución, un punto central de la discusión
Uno de los conceptos clave para entender cualquier reforma previsional es la llamada tasa de sustitución, también conocida como tasa de reemplazo. Este indicador refleja qué porcentaje del último salario percibido por un trabajador es reemplazado por la jubilación al momento de retirarse. Así, por ejemplo, una tasa de sustitución del 75% implica que el jubilado cobrará un haber equivalente al 75% de su último ingreso laboral.
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En la actualidad, el cálculo del haber jubilatorio se basa en un coeficiente del 1,5% por cada año de aportes, con un mínimo de 30 años de contribuciones. Ese porcentaje se aplica sobre el promedio salarial de los últimos diez años de actividad, al que luego se suma una prestación fija denominada Prestación Básica Universal (PBU).
Este componente fijo es el que introduce un criterio de progresividad en el sistema, ya que eleva la tasa de reemplazo para los trabajadores con menores ingresos, reduciendo la brecha entre los salarios más bajos y las jubilaciones.
Sin embargo, una eventual modificación que amplíe el período de cálculo a la totalidad de los 30 años de aportes implicaría considerar salarios mucho más bajos registrados en los primeros años de la carrera laboral. Según advierten especialistas en derecho laboral, esto podría reducir significativamente el haber final y abrir espacio para que los trabajadores con ingresos más altos busquen alternativas en sistemas privados de ahorro previsional, un esquema en el que podrían participar entidades financieras.
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