Este lunes, entre las 7 y las 8, metrodelegados del subte anunciaron una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la línea B. Es con el objetivo de reclamar “la inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente”.
Por medio de un comunicado oficial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) remarcó que “en los últimos meses (la concesionaria) inició un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato".
Apuntaron que fue "buscando ‘apretarnos’ para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato”, denunciaron los miembros del gremio. En este orden, “la Justicia ordenó a Emova cesar en su actitud y a no continuar con los descuentos de salarios compulsivos”.
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En tanto, el sindicato remarcó que “en la última liquidación de sueldos avanzaron con descuentos de entre 10 y 30 días, entregando recibos con cero pesos de salario a trabajadores que realizaron sus tareas todo el mes”.
Respuesta de Emova
Por su parte, las autoridades de Emova respondieron en otro comunicado que “estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos colaboradores que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna. La compañía abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en los que las personas no prestaron los servicios correspondientes”.
Desde el gremio volvieron a denunciar “las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.
En este sentido, plantearon diversas problemáticas tales como “ausencia de mantenimiento, inversión y obras; faltante de personal por el vaciamiento de sectores completos; trenes obsoletos, sin posibilidades de reparación por falta de repuestos y sin sistemas de seguridad operativos". Asimismo, "malfuncionamiento o ausencia de accesos adecuados, escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones; infraestructura precaria o inadecuada; y vías al borde del colapso”.
Denunciaron, nuevamente, la presencia del “asbesto cancerígeno” que “contamina, enferma y mata trabajadores y usuario”, situación que “además es evidenciada por reiteradas denuncias de varios organismos e individuos como las que se hicieron públicas en los últimos días de parte de la Auditoria General de la Ciudad y las permanentes multas que aplica el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos” de la Ciudad de Buenos Aires.
“¿Qué hay detrás de todo esto? Un negocio millonario para la empresa concesionaria Emova del grupo Roggio, sostenido con la complicidad del Gobierno de la Ciudad, en detrimento de los usuarios y trabajadores de la red y los vecinos de la Ciudad”, afirmaron los metrodelegados. Para AGTSyP, la respuesta de la concesionaria consiste en una supuesta “operación” que “amedrenta, persigue y responsabiliza a los trabajadores por la crisis terminal que atraviesa el subte”.
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