La sesión del despojo

“No es una ley contra denuncias falsas, es una ley que castiga denunciar”, dice el informe que volvió a circular el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) frente a la posibilidad cierta de que la semana que viene, en la misma sesión en que está programado el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dé media sanción al proyecto para aumentar las penas a quien hiciera una “denuncia falsa”. No es una coincidencia parlamentaria. Aunque regulan materias distintas, ambos proyectos responden a una misma concepción sobre qué merece protección jurídica y qué puede quedar expuesto al disciplinamiento y al despojo.  

Pero, aunque no está en el título del proyecto, no se trata de cualquier denuncia tal como está ahora en el artículo 245 del Código Penal; el objetivo siempre fue agravar la pena a quienes denuncien violencia por razones de género, violencia sexual o violencia sexual contra niños o niñas. En definitiva, una ley que busca borrar décadas de lucha por prevenir y sancionar este tipo de violencias amenazando con la cárcel a quienes vayan a pedir ayuda a la Justicia.  

El problema no es solamente el aumento de las penas. Como advierte ELA, el proyecto vuelve a instalar una confusión que los organismos especializados vienen desarmando desde hace años: equiparar una denuncia que no pudo probarse con una denuncia deliberadamente falsa. Esa ambigüedad no protege a nadie de acusaciones maliciosas —algo que ya contempla el Código Penal—; sí puede desalentar que mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+ recurran a la Justicia por miedo a terminar imputadas ellas mismas. 

El proyecto es el caballito de batalla de la senadora radical Carolina Losada, periodista de AméricaTv hasta 2021, cuando dejó el panel de Intratables y su participación en el programa de Baby Etchecopar para dedicarse a la política de la mano de su hermana Georgina, militante radical que la convenció sin dificultad de usar su popularidad para llegar al senado en 2021. Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el senador riojano Juan Carlos Pagotto fueron sus aliados en la insistencia en demostrar que las mujeres mienten para obtener ganancias de los divorcios y que le llenan la cabeza a niños y niñas para que digan que sufrieron abuso sexual frente a la Justicia, como si eso fuera algo fácil. Por eso, frente a tanta vileza, Losada propone cambiar la penas de las denuncias falsas de dos meses a un año de prisión -tal como está ahora en el Código Penal- a dos a seis años de prisión efectiva. 

Fueron varias las puestas en escena en el teatro de los salones del senado para alentar un proyecto que recién ahora, el próximo 6 de agosto, podría tener los votos para la media sanción. El más cruel fue la exposición de una joven A.J. Carro, a la que le pidieron que se desdiga de la denuncia a su padre por abuso sexual cuando las pruebas que lo habían condenado no dependían de su testimonio si no de otras pruebas recabadas en juicio. A.J. no dejó nunca de llorar mientras hablaba en frente a un atril en un salón del Senado, pero no hubo piedad para ella, lo importante era abonar el camino para conseguir que se convierta en ley el amedrentamiento a quienes denuncian. 

¿Qué pasó ahora que el proyecto de Carolina Losada pasó a tener fecha para su tratamiento en el Senado? Es parte de las negociaciones de Patricia Bullrich para poder darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el proyecto de Federico Sturzenegger que quita restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros y tampoco se fija si la compran en zona de frontera, en la costa de ríos o lagos o cualquier otra reserva de agua dulce, a la vez que agiliza los desalojos de inquilinos en zonas urbanas y rurales y de tierras de pueblos originarios. Este proyecto ya sufrió quince modificaciones y aunque también tiene fecha para tratarse el 6 de agosto las negociaciones siguen tanto como crece la resistencia a este proyecto por parte de las centrales sindicales, la movilización social y de la sociedad civil.  

Como en 2023, cuando Bullrich le prometió a Losada que se iba a convertir en heroína en un spot muy a lo Mascherano en el Mundial de 2014  -estaba disputando la gobernación de Santa Fe que terminó ganando Maximiliano Pullaro-, ahora el gesto heroico fue bajar del texto la mención a la violencia de género para reemplazarlo por delitos “que afectan a personas vulnerables” o “delitos dolosos graves”, sin definición acabada pero con la evidencia, en el primer caso, de que se habla de niños y niñas y en el segundo caso de violencia sexual o por razones de género. La prueba está en que se agravan las penas cuando la supuesta denuncia falsa suponga la “exclusión del hogar”.  

“Le atribuyen a la persona que denuncia buscando ayuda las consecuencias de una mala decisión de la Justicia y mantiene el riesgo de confundir una denuncia que no pudo probarse con una denuncia falsa”, explica el informe de Ela que no ve ninguna ventaja en quitar del texto la mención a la violencia por razones de género ya que la indefinición “permite aplicaciones dispares”. Por otro lado, las penas por supuestas denuncias falsas serían más altas incluso que algunos de los delitos que comprenden, como el abuso sexual.  

Sería raro pensar que Carolina Losada o Patricia Bullrich estén empapadas de los conceptos que aportaron los feminismos comunitarios de Nuestra América. Fue la activista maya xinka Lorena Cabnal quien propuso pensar el territorio-cuerpo como el primer espacio de defensa de la vida. No se trata de una metáfora ni de un recurso poético: el cuerpo es un territorio político porque es allí donde primero se inscriben las violencias, del mismo modo en que el territorio es mucho más que una superficie susceptible de apropiación privada. Ambos sostienen la vida y ambos pueden convertirse en espacios de resistencia.  

La misma lógica que explota la tierra, los ríos o los bienes comunes explota el trabajo reproductivo, la sexualidad y la vida de las mujeres y de los pueblos. Quizá por eso no sea casual que ambas leyes lleguen juntas al recinto. La sesión del 6 de agosto puede terminar consagrando una misma jerarquía jurídica: convertir la propiedad privada en el único bien verdaderamente inviolable mientras los cuerpos y los territorios quedan cada vez más expuestos al disciplinamiento, al despojo y a la pérdida de soberanía.