El sueño de una niña de 9 años de Rosario, provincia de Santa Fe, estaba por cumplirse. Ya habían despachado sus valijas y las de su madre en el aeropuerto de Ezeiza donde tomarían un vuelo a Brasil, hasta que en Migraciones recibieron la noticia: su progenitor había revocado el permiso que le había dado para viajar al exterior con su madre, sin dar aviso. La niña y su madre perdieron el viaje, el dinero invertido y la ilusión de conocer las playas del país vecino por la intervención del progenitor que no pagaba cuotas alimentarias, no tenía contacto con su hija desde el año 2022 y que no cumplía ninguna responsabilidad parental. En un hecho inédito, la jueza de familia Sabina Sansarricq resolvió otorgarle el permiso a la niña para viajar al exterior con su madre hasta alcanzar la mayoría de edad sin la necesidad de autorización del progenitor.
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La resolución resulta innovadora por comprender que en este caso opera la violencia vicaria (violencia de género ejercida a través del daño a hijos e hijas o personas del entorno) y que debe respetarse el interés superior de la niña.
El caso rosarino se inscribe en un debate que tomó estado público a partir de la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca limitar la posibilidad de que progenitores ausentes o incumplidores utilicen permisos, autorizaciones o trabas administrativas como forma de obstaculizar la vida de sus hijos e hijas.
Lo que aparece en el expediente judicial excede el caso puntual: expone una tensión estructural entre responsabilidad parental formal, ejercicio real de cuidados y formas de control que persisten después de la separación.
“Hoy existe un vacío legal para prevenir estos casos. Es imperativo que exista una legislación que prohíba estos abusos, ya que no son más que una burla y violencia vicaria”, expuso Brigit Salazar, abogada de la ONG Mujeres Reinventadas. Y agregó: “Se trata de un daño psíquico dirigido a la mujer y su hija, quien asume la responsabilidad total de la crianza, el sustento y la educación de la niña. Es inaceptable que quien no aporta absolutamente nada cause, encima, más daño”.
Esta decisión judicial llega en un contexto de mayor concientización en el campo judicial sobre quienes no respetan sus responsabilidades parentales y del refuerzo de sus intentos por revertir la situación: el 70% de los progenitores incumple la manutención de sus hijos e hijas, incluso cuando la madre ha ganado un juicio por alimentos, según datos del Compendio de Casos Judiciales Novedosos sobre Cuotas Alimentarias -Aportes y Herramientas-. Otros fallos novedosos señalan restricciones para ingresar a estadios de fútbol, limitaciones sobre licencias de conducir y distintas sanciones para progenitores que incumplen con las cuotas alimentarias. En conclusión, la Justicia comenzó a avanzar con medidas restrictivas contra quienes se ausentan de la crianza, pero reaparecen sólo para “poner palos en la rueda”.
Desgaste económico y psicológico
La violencia vicaria apunta a desgastar y dañar la psiquis de la víctima lastimando lo que más quiere. Es un golpe emocional que busca debilitar y corromper. Tal como lo explicó a este medio Daiana Locaso, psicóloga clínica y comunitaria especializada en género y diversidades, se trata de un método de manipulación y de control machista que no sólo corrompe a la mujer, sino también a la niña: “Lo que suele suceder por lo general en niñas y niños cuando ocurren estas situaciones es que se empiezan a culpabilizar o creen que deben tomar partido en el conflicto”. Angustia, ansiedad, alteraciones del sueño o de alimentación, baja del rendimiento escolar o confusión son las primeras consecuencias de este tipo de violencia en las infancias afectadas.
A su vez, esto resulta ser un doble golpe para las madres que crían solas que, como en el caso planteado, deben ver sufrir a sus hijas e hijos. La madre de la niña rosarina no sólo vio frustrado el sueño de su hija de viajar, sino también debió afrontar el detrimento económico. “En las mujeres este tipo de violencia genera agotamiento absoluto. Son ellas las que están al cuidado de sus hijos e hijas, de que no les falte comida, ropa, que cumplan con sus rutinas… Y por eso hablamos también de violencia psicológica, los menores se terminan convirtiendo en una suerte de rehenes del intento de algunos varones de castigar a la madre por una separación, una denuncia, o por el motivo que sea”.
Esta violencia vicaria no sólo tiene una dimensión psicológica, sino también económica. Tal como planteó Salazar: “Los trámites para pedir los permisos o los juicios posteriores son costosos para las mujeres. Y si tienen abogados gratuitos, entonces es un costo que pagamos todos por la iniciativa de resentimiento de un varón”.
La abogada indicó, además, que esto se traduce en más gasto a futuro, ya que la mayoría de los niños y niñas que sufren este tipo de violencia vicaria deben tener algún tratamiento psicológico posterior. “Si tienen obra social, pueden conseguirlo o no, porque tenemos un sistema completamente desbordado: hay mucha demanda y es muy difícil conseguir turnos para psicólogas. Esta es una problemática también grande, por lo que estas cuestiones que podrían evitarse contribuyen a un daño mayor”.
Adultocentrismo
Para Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), el caso rosarino representa una decisión poco habitual dentro de la Justicia de familia. “La jueza puso su mirada sobre el interés superior de la niña por sobre todas las otras condiciones legales y argucias que buscan generalmente los padres”, sostuvo a El Destape.
Sin embargo, aclaró que el caso todavía no implica una transformación estructural del sistema judicial: “Falta mucho para que haya un cambio de paradigma. Todavía estamos en un adultocentrismo y un machismo acentuado”.
A pesar de que “es un daño muy grande el que le está haciendo a la madre a través de la criatura” y que se trata de “una violencia extrema”, no se trata de un caso aislado para Schulman. Y tampoco lo es para Salazar: “Yo manejo más de 50 expedientes con casos de violencia de género y puedo asegurar que es así en la enorme mayoría de los casos”.
La resolución es innovadora no sólo por tener perspectiva de género sino también una perspectiva de niñez. El caso respeta el interés superior del niño que, como Schulman subrayó, no es solamente una consigna simbólica sino una obligación jurídica establecida en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en las legislaciones nacionales y provinciales.
“Ley Cazzu”: un debate que recién empieza
El caso rosarino sucede en medio de la lucha colectiva por la sanción de la “Ley Cazzu”, un proyecto impulsado luego de que la cantante jujeña denunciara públicamente los obstáculos que enfrentó para viajar al exterior con su hija Inti en medio de conflictos judiciales y administrativos vinculados a la autorización paterna. La iniciativa propone la "suspensión cautelar de la responsabilidad parental" para que un juez pueda interrumpir temporalmente los derechos del padre o madre que no pague la cuota alimentaria por más de tres meses, facilitando así trámites como viajes o mudanzas para el progenitor que cría.
El proyecto todavía no avanzó en el Congreso nacional, pero logró instalar un debate que atraviesa a miles de mujeres que crían solas y que deben afrontar no sólo el incumplimiento económico de los progenitores, sino también distintas formas de hostigamiento posteriores a la separación. La iniciativa sí fue aprobada, hasta el momento, en el Congreso del estado de Michoacán, México, por unanimidad el pasado 8 de mayo. El mencionado país atraviesa debates similares dado a que el padre de Inti, Christian Nodal, es de nacionalidad mexicana y el caso ha tenido fuerte repercusión allí.
La aprobación legislativa en Argentina parece hoy un objetivo complejo. Schulman señaló que actualmente existe un retroceso en materia de derechos y cuestionó el avance de discursos que buscan desacreditar denuncias de violencia de género o relativizar las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y niñeces. “Estamos yendo para atrás”, alertó. En ese escenario, el fallo de Rosario aparece como una suerte de aire fresco dentro de una Justicia de familia que todavía suele llegar tarde a conflictos donde el daño emocional, económico y psicológico ya está hecho.
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