El proyecto de ley que el Gobierno envió al Senado bajo el título "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" establece un listado taxativo de situaciones que provocarán la pérdida definitiva del beneficio que abona la ANSES. Conocer estas causales resulta indispensable para los 1.200.000 titulares actuales del sistema de pensiones no contributivas.
La iniciativa modifica de raíz los criterios de permanencia en el régimen. Ya no alcanza con acreditar la incapacidad laboral al momento del otorgamiento: el nuevo esquema exige que el beneficiario demuestre de manera continua que su situación médica y socioeconómica se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la norma. Cualquier desvío detectado activará el mecanismo de baja.
Trabajo formal: la incompatibilidad más directa
La primera causal de pérdida del beneficio es la más categórica. El artículo 3° del proyecto establece que la pensión por invalidez laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal. Si la autoridad de aplicación detecta que el titular ingresó a un empleo registrado, la baja del beneficio se vuelve automática.
Esta disposición elimina cualquier zona gris que existía en la legislación anterior. La norma actual permitía ciertos márgenes para fomentar la inclusión laboral progresiva de las personas con discapacidad. El nuevo texto cierra esa ventana por completo y refuerza la idea de que la prestación está destinada exclusivamente a quienes no pueden generar ingresos mediante una actividad formal.
Monotributo: el fin de la facturación compatible
La segunda gran causal de baja es la inscripción en el régimen general o simplificado de monotributo. El proyecto prohíbe de manera explícita que un titular de pensión no contributiva figure en los registros tributarios como monotributista. La sola inscripción es suficiente para perder el beneficio.
Históricamente, muchos beneficiarios recurrían al monotributo social o al régimen simplificado para facturar trabajos esporádicos o changas que les permitían complementar el ingreso previsional. Esa posibilidad desaparece con la nueva redacción. La propuesta del Ejecutivo entiende que la pensión debe ser la única fuente de sustento y que cualquier actividad económica registrada resulta incompatible.
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Ingresos extras detectados por cruce de datos
El mecanismo para detectar estas incompatibilidades no depende de la declaración voluntaria del beneficiario. El proyecto faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a implementar auditorías periódicas con cruce masivo de información entre la ANSES, la ARCA, el Ministerio de Trabajo y el SINTyS.
Si del entrecruzamiento de datos surge cualquier ingreso declarado, relación de dependencia o inscripción tributaria, la autoridad de aplicación dispondrá la suspensión preventiva inmediata del pago. El beneficiario tendrá luego un plazo de 60 días para demostrar que su situación se ajusta a derecho. Caso contrario, la baja se vuelve definitiva mediante un acto administrativo.
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Falta de reempadronamiento: otra puerta de salida
La tercera causal que puede costarte la pensión es el incumplimiento del reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo de 90 días. Si no lo hacés, el sistema suspende el cobro de manera automática. Transcurridos 60 días sin regularizar la situación, la baja queda firme.
La prestación sigue siendo inembargable pero condicionada
El proyecto mantiene la protección legal que impide que la pensión sea objeto de embargos por deudas. Sin embargo, esa garantía coexiste con el nuevo régimen de incompatibilidades absolutas. El debate en el Senado definirá si estas causales de baja obtienen el respaldo necesario para convertirse en ley.
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