A pocos días del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño que es buscado desde el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela y un recorrido por un naranjal de la localidad correntina de 9 de Julio junto a otros familiares y niños, la Justicia empieza a planificar cómo será las audiencias del 27 de febrero. A raíz de ello, la Fiscalía, la querella y las defensas de los 17 imputados plantearon nulidades y pedidos para poder desarrollar las reuniones en el Juzgado. El Tribunal estará integrado por tres jueces, aunque uno solo es de Corrientes. Se trata del magistrado Fermín Amado Ceroleni, a quien se sumarán Eduardo Belforte de Formosa y Simón Bracco, de Río Negro.
En el banquillo estarán los 17 imputados en los dos procesos que se unificaron ya que, según entendió la Justicia, “las pruebas y los hechos están estrechamente vinculados”. Así, en el expediente inicial por la “sustracción y ocultamiento del menor” estarán acusados Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, Victoria Caillava y el ex comisario de la localidad, Walter Maciel. Además se sumarán los acusados de “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales” quienes se sumaron como representantes de la Fundación Lucio Dupuy, Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
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Ante el Tribunal, el último viernes de este mes se plantearán argumentos acerca de cómo se desarrollará el juicio y qué testigos participarán del debate. Dentro de esos parámetros, en noviembre pasado el Tribunal Federal de Corrientes ratificó el fuero y rechazó el pedido de las defensas de los principales acusados para que el caso vuelva al fuero provincial. Para las defensas, no se probó la existencia de un caso de Trata de Personas por lo que no corresponde que el caso siga en el fuero superior. Sin embargo, fuentes cercanas al expediente aseguraron a El Destape que “no hay que olvidar que el caso empezó en el fuero provincial y fue pasado al Federal luego de que se evidenciaran varias problemáticas y circunstancias que podrían haber hecho fracasar todo tipo de investigación futura”. Además, mencionaron que “no hay que dejar de lado que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la investigación siga por tiempo indeterminado aunque esté a punto de desarrollarse el juicio oral”.
En los últimos movimientos del expediente, la investigación sumó operativos y rastrillajes en distintas lagunas y campos cercanos a la zona de la desaparición, algunos de los cuales pertenecen a la familia de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los principales apuntados. Si bien hasta el momento todos los operativos resultaron negativos, los procedimientos dieron paso a profundizar la investigación acerca de que el menor fue sacado de la zona con destino incierto hasta el momento. Además, a principios de este año se conoció la pericia realizada por especialistas para la reconstrucción y actualización de la imagen del menor y el aumento a 20 millones de pesos de la recompensa para quien brinde datos certeros sobre el paradero. Mientras tanto, la expectativa de la familia sigue puesta en los siete principales imputados y en la posibilidad de que se rompa el pacto de silencio y digan qué pasó y dónde está Loan.
