En un nuevo paso hacia el abismo, el Comité Directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, dio de baja definitivamente las líneas de financiación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (conocidos como PICT) 2022, que ya había sido evaluada y otorgada, y 2023. La Argentina pasó así a ser el único país de América con financiación cero para la ciencia.
Para reemplazar este instrumento, puesto a punto durante décadas, anunció que se lanzarían dos líneas de financiamiento destinadas “al desarrollo productivo”: la denominada Apoyo a la Investigación Científica (AIC), con máximo de 200.000 dólares para proyectos en conjunto con el sector privado y, más adelante, tres líneas STARTUP 2025, para desarrollo de prototipos en pequeña escala de tecnología protegible bajo propiedad intelectual, validación de productos, escalado, certificaciones y homologaciones, diseño de estrategia de negocios, inicio de comercialización y acuerdos de transferencia. Una gran mayoría de las investigaciones realizadas en el país, pero que no tienen un horizonte de dos años, como máximo, para su concreción quedarían sin financiar.
En sus considerandos, el directorio de la Agencia I+D+I destaca que “busca promocionar la generación de conocimiento científico y tecnológico en pos del fortalecimiento del sector productivo, a fin de potenciar las competencias tecnológicas en empresas vinculadas con sectores prioritarios”, “los proyectos deberán evidenciar un carácter innovador en su aplicación productiva, con resultados que sean transferibles o implementables en una empresa”, “la postulación debe realizarse en asociación con una empresa de carácter privado” y que trabaje en tres ejes: agroindustria, energía y minería, o salud.
La reacción de la comunidad científica fue de repudio unánime desde las más diversas orientaciones políticas. En cuanto se conoció la decisión, la Red de Autoridades de Institutos de Investigación, que no se asocia con ningún partido político, incluye pluralidad de opiniones, y reúne a más de 400 autoridades de organismos de ciencia y tecnología, dio a conocer un documento en el que subraya: “El jueves 4 de diciembre quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina. Después de dos años de no hacer absolutamente nada, el Directorio de la Agencia I+D+I, organismo que fuera el corazón del financiamiento del sistema científico, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022 (ya adjudicados) y cerró definitivamente la convocatoria 2023. (…) Paralelamente, la Agencia anunció una convocatoria para financiar proyectos con empresas privadas y de base tecnológica. El reducido monto total y las condiciones de estas convocatorias prevén un impacto marginal para la Argentina. Estas nuevas líneas NO financian investigación científica. Disfrazan el recorte y ataque a la ciencia, con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada”.
Otros que también manifestaron su descontento en redes sociales, consideraron que la decisión es miope, errónea y catastrófica.
“La Agencia y los PICTs fueron creados durante el gobierno de Menem y desde entonces permitieron financiar la ciencia básica y también la aplicada –afirma en Página 12 el biólogo molecular de referencia en el mundo Alberto Kornblihtt– (…) Me pregunto quién va a solventar la paleontología, la arqueología, la historia, la física cuántica, las ciencias de la educación, la nanotecnología, la ecología, el cambio climático, los estudios sociales sobre la vivienda, la salud y la pobreza, la conservación de la naturaleza, la dinámica de los ríos y humedales, las enfermedades poco frecuentes, las pandemias, etcétera. Temas valiosísimos y necesarios para cualquier país y más para uno como el nuestro que tiene una larga y virtuosa tradición científica. Esto no es un problema de los científicos, sino de toda la sociedad que debería preguntarse si quiere que la Argentina abandone la ruta de la generación de conocimiento”.
Para hacerse una idea de lo que implica esta decisión, baste con mencionar que solo en la convocatoria 2022 se habían aprobado 1584 proyectos. Tras innumerables atrasos, la de 2023 no había llegado a cerrarse.
Suicidio científico
“Esto es una sentencia de muerte para el 90% de la ciencia argentina –publicó en X el doctor en ciencias químicas y profesor de bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba, además de investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga–. Los primeros que van a desaparecer son los que hacen biología molecular, agro, biotecnología, todos campos donde somos líderes mundiales. Esto es un suicidio científico”.
El doctor en Historia por el University College London (UCL) y docente de la UBA e investigador del Conicet, Ezequiel Adamovsky, coincidió: “Muchos pensaban que era solo contra las ciencias sociales, pero el gobierno anuncia que tampoco habrá fondos para ciencia básica. Solo hay para ciencia aplicada y en beneficio de empresarios. (…) Destruyen décadas de inversión y acumulación de capacidades. Sin ciencia básica no hay aplicaciones. No hay nada que aplicar. Son dos ramas de una misma labor”.
“Esto no es una reforma, es la ruptura del pacto científico en el país, un desmantelamiento sin precedente. El gobierno apagó el motor de nuestra ciencia –destacó el economista y ex presidente del organismo Fernando Peirano–. Quita financiamiento basal, rompe contratos vigentes, desconoce reglas internacionales y deja al país sin el instrumento que durante décadas sostuvo su capacidad de producir conocimiento propio. Es una medida abrupta, ideológica y técnicamente infundada, que retrocede varias décadas. El PICT fue durante 25 años la columna vertebral del sistema científico argentino: ordenó reglas, garantizó evaluación por pares y dio previsibilidad a miles de equipos de investigación. Permitía que cualquier grupo del país (en universidades, Conicet u organismos provinciales) compitiera con la misma vara y accediera a recursos con autonomía. Sin este instrumento también se pierde una interesante instancia de formación de científicos: un tercio de los proyectos incluían becas doctorales o posdoctorales que sostenían el trabajo cotidiano de nuevas generaciones de investigadores. El PICT era, además, el único mecanismo que financiaba la ciencia basal, la etapa temprana del conocimiento de la que dependen todas las innovaciones futuras, desde vacunas hasta tecnologías digitales. La Argentina evaluaba más de 3.200 proyectos por año y generaba más de 10 mil dictámenes, una escala que solo era posible gracias a la existencia de este sistema ordenado. El PICT no regalaba fondos: tenía una selección exigente basada en evaluación por pares y una contabilidad precisa que permitía saber en qué se usaba cada centavo. En el periodo 2020-2023 la tasa de aprobación rondó el 50%. Quienes no eran seleccionados debían reformular y mejorar su propuesta de trabajo. Aseguraba que el financiamiento público se destinará a proyectos con mérito comprobado, sin discrecionalidad y con controles robustos. Seguía la “regla de oro” de la ciencia en Estados Unidos y Europa: competencia abierta, evaluación independiente y asignación transparente. Hacía posible financiar con trazabilidad completa las actividades cotidianas de la ciencia (insumos, experimentos, viajes de campo y publicaciones). Era un sistema que combinaba exigencia, equidad y previsibilidad, una política seria de desarrollo científico y no un privilegio. (…) Con esta decisión, la Argentina pasa de liderar la región en promoción científica a convertirse en el único país que abandona la inversión en investigación básica. Ahora tenemos una Agencia que compite con las aceleradoras, con todas las posibilidades de hacerlo peor: sin la experiencia técnica, sin los procesos, sin las capacidades acumuladas y sin un ecosistema que acompañe. No se trata de oponer ciencia básica y startups: se trata de tener una Agencia presente en cada escalón de la escalera por la cual una buena idea se complejiza hasta convertirse en una herramienta con impacto social y económico. El ejemplo más claro y alto de este modelo fue ARVAC: la vacuna frente al COVID-19 diseñada y fabricada en la Argentina gracias a una combinación virtuosa de esfuerzos públicos y privados. En las primeras etapas, la evaluación debe basarse en el mérito científico; en las siguientes, en validación social y económica: así funcionan los países que combinan ciencia e innovación de manera madura. Teníamos esa Agencia: una institución capaz de acompañar todo el ciclo, desde la idea inicial hasta la tecnología aplicada, sosteniendo continuidad, autonomía y calidad. Ahora tenemos una caricatura ideológica que habla más por lo que dejó de hacer que por los pocos proyectos que promete financiar”.
Por su parte, Galo Soler Illia, investigador del Conicet en química y nanotecnologías, que se define como “radical” y que sostuvo posturas enfrentadas con gobiernos de signo peronista, destacó que el nuevo programa de financiación de la ciencia y la tecnología va a “destruir lo que queda del sector”.
“La propuesta inicial parece sensata –escribe en un detallado análisis que publica en X–: juntar investigadores con empresas que adoptarán el conocimiento. El tema es que esto no va a funcionar por varios motivos. Uno de ellos, central, de falta de compatibilidad (…) Segundo problema, insuficiencia de fondos. La justificación del gobierno es que dar muchos proyectos con pocos fondos ‘diluía’ la financiación. Y no, creaba ecosistema. Los proyectos PICT eran bajos, pero financiaban la investigación diaria. Se complementaban con otros programas. Este financiará muy pocos proyectos. Por como está escrito, solo grandes consorcios van a poder presentarse. (…) Esto mata a los grupos jóvenes. No hay matices, las ideas nuevas mueren. No se sabe nada del método de evaluación. Eso es complicado, porque, guste o no, la Agencia anteriormente tenía mecanismos de selección relativamente buenos y transparentes. Con 30% de éxito. Estos, calculo que estarán en el 3 a 5%”. Y concluye: “En suma, nada nuevo bajo el sol. Con una pretendida apertura a ‘generar conocimiento útil’, se comete un grave desbalance del sistema, que va a detonar lo poco que queda, a hacer emigrar sobre todo a la gente más joven, y no creo que arregle problemas de fondo”.
Valeria Levi, doctora en ciencias químicas y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, destaca que lo único que se puede financiar con lapsos máximos por proyecto de 24 meses es “el final de un recorrido, en los casos en los que ya hay una empresa involucrada, porque si no, no dan los tiempos –dice–. No es ciencia. Podríamos hacer una analogía con la educación: primero está el jardín de infantes, después la primaria, la secundaria y solo después de todo eso, la universidad. Acá lo que están haciendo es darles becas a los universitarios, y cerrar las escuelas primarias y secundarias. Eso es insostenible. Saca del mapa proyectos como la exploración de los fondos submarinos [que siguieron por streaming cientos de miles de personas], que tienen que ver con la soberanía, con conocer qué recursos tiene nuestro mal… Nadie dice que esté mal interactuar y trabajar con el sector productivo, pero no es lo único que hace la ciencia en el mundo. No es posible mantenerse así: sin ciencia, no hay universidad de excelencia. Y, por lo que dice el decreto, no va a haber otros instrumentos”.
Jorge Montanari, director del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica en la Universidad Nacional de Hurlingham e investigador Independiente del Conicet, vive en carne propia las consecuencias que vienen aparejadas con estos cambios y comparte algunas precisiones que van mucho más allá de un documento formal. “Postular a un PICT no es algo trivial –cuenta, a través del WhatsApp–. De hecho, la formulación de proyectos es una de nuestras tareas como investigadores y sus resultados reflejan mucho la calidad del trabajo, claridad en la comunicación, experiencia previa, etc. La historia por lo general es que te rebotan un par de veces tu proyecto hasta que unos años después (tomando en cuenta las devoluciones) lo mejorás y te lo aprueban. Son bastante rigurosas las evaluaciones, que incluyen a pares nacionales y del exterior. Implican generar equipos de trabajo interdisciplinarios que incluyen a personas de varios lugares. En este caso, el llamado 2022 estaba evaluado, de hecho llegaron a publicarse los resultados en la página oficial. Eso quiere decir que trabajaron miles de personas en escribir los proyectos, y otros miles de acá y de afuera en evaluarlos. El trabajo de los evaluadores es arduo. Cuando me mandan uno, tengo que poner en pausa otras cosas, porque los proyectos son largos y tienen que proponer objetivos novedosos, ser factibles, etc. También hay que tener en cuenta los antecedentes de cada integrante…”
Montanari ofrece otras precisiones igualmente inconcebibles. Por ejemplo, que los PICT 2023 se fueron prorrogando durante ¡23 meses! desde el 27 de diciembre de 2023. “En mi caso particular, estuve en dos PICT –prosigue–. Uno, como líder del proyecto, con un tema nuevo que involucra una línea de I+D+i (…) sobre una plataforma nanotecnológica nueva e inexplorada para administración cutánea de medicamentos. También estaba como integrante de otro grupo que lidera una colega en Quilmes. En ese, que es de toxicidad de microplásticos en el ambiente, yo aportaba el diseño de un sistema para acelerar la formación de micro y nanoplásticos in vitro simulando condiciones costeras del río en PBA”. Todo ese trabajo, que consumió cantidades ingentes de tiempo de los investigadores que podrían haber dedicado a escribir papers o revisiones para revistas internacionales y así tener más posibilidades de avanzar en la carrera, será descartado sin más.
Sobre el nuevo formato de las convocatorias, el científico también es crítico, a pesar de que trabaja en temas aplicados y en disciplinas incluidas explícitamente como de interés en el documento oficial. “Aunque ‘nuestra quintita’ sería una de las mimadas, estamos espantados –explica–. Esto es tanto por solidaridad para con otras/os colegas ante este sesgo burro y arbitrario, como también por entender que sin investigación básica y sobre nuestra sociedad, no podemos hacer ciencia de punta, ni ellos ni nosotros. Se me pueden ocurrir mil proyectos que (de estar bien formulados) pasarían formalmente los filtros que se imponen ahora, pero que no serían avances de esos que sientan un hito en la ciencia del país, sino meros productos licenciados. En otras palabras, nos vamos a perder encontrar un dinosaurio nuevo que resuelva preguntas no respondidas sobre evolución, o de que la bioinformática nos aporte un descubrimiento fascinante en biología estructural (cuya aplicación llegará, pero de manos de otros grupos y 10 años después), y en cambio podremos tener un fijador para el cabello que resista el lavado y dure una semana con una sola aplicación (…) Además, hay un equilibrio que se pierde y que tiene que ver con que todos tengamos algo de dinero para el laboratorio: estos proyectos que salieron ahora son insuficientes para todo nuestro ecosistema científico, van a favorecer a los grupos más poderosos dándoles bastante dinero, pero sólo a unos pocos. Y eso es estúpido, porque impide desarrollar nuevas capacidades. Para generar esa afluencia sostenida y virtuosa de la transferencia se necesita que haya una masa crítica. No van a venir inversores para depender de lo que hagan 10 grupos poderosos. Van a venir si tenés mil laboratorios haciendo investigación transferible de punta”.
“La situación es dramática –subraya Jorge Geffner, doctor en bioquímica, director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del Conicet–. La Agencia prácticamente desapareció. El número de becarios pasó de alrededor de 1.200 a 600, según los datos que logramos indagar, porque el maltrato y el mutismo es total. Si uno toma la convocatoria a ingresos de 2023, no entró ninguno y no hay nuevas convocatorias por el momento. Los que estamos al frente de instituciones, departamentos en la facultad o institutos, lo que vemos es que estamos perdiendo una generación de jóvenes. Dos años más con esta misma política y los resultados van a ser catastróficos. Esta no es una batalla en defensa de nuestros propios trabajos como investigadores y docentes universitarios, sino del país. Sin ciencia ni tecnología, disminuyendo la calidad de nuestras universidades (vi algunos datos y es probable que el posicionamiento internacional caiga), no hay futuro. Si se destruye todo lo que es investigación básica, no va a haber investigación de ningún tipo, ni básica, ni aplicada”.
Geffner confiesa que lo que más lo afecta es el éxodo masivo que está registrando el sistema. “Muchos se van al exterior, otros dejan la ciencia –afirma–. El 50% de los becarios que están haciendo sus becas doctorales están pensando en no terminarlas. Si destruimos nuestras capacidades científicas y tecnológicas, nos va a afectar a todos”.
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