La Fundación Cígesar se encuentra bajo investigación, después de que trascendiera el presunto pago del traslado de una adolescente embarazada, producto de una violación, y su madre desde Santiago del Estero hacia Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas difundió un comunicado en el cual confirmó que tiene un convenio con la Clínica Santa María de Villa Ballester.
En el documento, se definen como una fundación con “amplia experiencia en el desarrollo de estrategias pedagógicas e intervenciones interdisciplinarias desde una perspectiva de género y de cuidado”. También destacan que su plan estratégico prioriza el abordaje integral de la salud sexual y (no) reproductiva, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud que permitan tomar decisiones libres respecto a la maternidad, la vida sexual y la prevención de infecciones de transmisión sexual.
MÁS INFO
El alcance del convenio y cómo sigue la investigación
De acuerdo al comunicado, el vínculo entre la ONG y la clínica se basa en el alquiler de instalaciones para la realización de prácticas médicas que requieren quirófano o internación. En ese sentido, la fundación aseguró que “todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente”, cumpliendo con la normativa y los estándares de calidad establecidos por los protocolos sanitarios.
En el comunicado también se hace referencia al caso que motivó la investigación. En un fragmento se señala que intervinieron autoridades judiciales “con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”.
La causa continúa avanzando para determinar las responsabilidades y las circunstancias alrededor del traslado de la menor y de las prácticas realizadas.
Los hechos
La Justicia Federal de San Martín ordenó realizar una pericia de ADN sobre uno de los fetos encontrados durante el allanamiento a la clínica Santa María de Villa Ballester, que provocó una serie de interrogantes que llegan hasta la venta de bebés y la trata de personas.
La historia empezó por un pedido de la Justicia de Monte Quemado, Santiago del Estero, que buscaba conocer si una menor de 12 años que fue violada y quedó embarazada había viajado a Buenos Aires para realizarse un aborto o dar a luz y entregar al bebé. Así empezó un operativo que desató una serie de hipótesis que todavía se investigan.
Un procedimiento de la Policía Bonaerense en la clínica arrojó como resultado que la menor estaba en el lugar y, según fuentes oficiales, su mamá de 48 años no podía responder si le habían practicado un aborto o si había dado a luz. Cuando llegó la orden de allanamiento, la menor ya había sido dada de alta y no estaba en el hospital, pero los policías encontraron ocho fetos en bolsas de residuos.
La investigación avanzó y se conoció que tres de esos fetos correspondían a abortos que se habían realizado días anteriores y que el de la menor víctima de violación estaba entre ellos. Así la Justicia ordenó un examen de ADN para obtener una muestra que forme parte de la investigación en Santiago del Estero.
Cerrar sesión