Mientras el gobernador Juan Pablo Valdés establece un ajuste similar al del presidente Javier Milei a nivel nacional, los reclamos de los trabajadores estatales no cesan. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Corrientes convocó a una manifestación para el próximo martes 28 de abril en el Hospital Escuela “José Francisco de San Martín".
Entre los principales puntos petitorios del personal de salud pública de la provincia se destacan la recomposición salarial acorde a la canasta básica alimentaria, el pase a contrato del personal precarizado, la concreción de reencasillamientos y el pase a planta permanente.
Desde el sindicato advirtieron que "los reclamos no han tenido respuestas adecuadas pese a que el personal viene insistiendo, con lo cual está demostrado que es la DIRECTIVA quien no manifiesta voluntad y predisposición para la solución, generando el estado de conflictividad". Y apuntaron: "Por ello insistimos en el reclamo oportunadamente presentado".
En marzo pasado, desde ATSA advirtieron que los agentes sanitarios llevan seis meses sin actualización salarial y demandan salario de referencia que se ubique en torno al $1.360.000.
La jornada comenzará a las 11 y se desarrollará sin afectar el normal funcionamiento del centro de salud, garantizando las guardias mínimas de atención para los pacientes. Además, desde ATSA ratificaron el estado de alerta y anticiparon que se podrían profundizar las medidas si no se obtienen respuestas concretas.
Crisis industrial: crecen los reclamos a Valdés y advierten que "no hay resultados"
La provincia correntina atraviesa un escenario de creciente preocupación en el sector productivo, donde la crisis industrial se profundiza sin que el diálogo institucional con el Gobierno nacional logre traducirse en soluciones concretas. Así lo expresó el presidente de la Unión Industrial de Corrientes (UICORR), Juan Manzolillo, tras participar de la cumbre del Norte Grande realizada en Tucumán, con cuestionamientos al gobernador Valdés.
En ese encuentro, industriales de diez provincias firmaron un documento conjunto en el que advirtieron sobre una caída interanual cercana al 9% en la actividad y reclamaron la declaración de la emergencia del sector. Sin embargo, pese a la contundencia del planteo, el dirigente correntino dejó en claro que el vínculo con Nación no está generando respuestas. “Somos escuchados, pero no hay resultados”, sintetizó.
El diagnóstico expone una tensión central: mientras el Gobierno provincial mantiene canales de diálogo con la administración de Javier Milei, la situación económica no mejora y, por el contrario, continúa deteriorándose. Para el sector industrial, ese desfasaje entre diálogo y resultados comienza a tener consecuencias concretas en la producción y el empleo.
Manzolillo explicó que el principal problema es la fuerte caída del consumo interno, producto de la pérdida de poder adquisitivo. “Hay menos dinero disponible para consumir, porque aumentaron los servicios y los gastos fijos”, detalló. Esta situación impacta directamente en toda la cadena productiva, reduciendo ventas, frenando la actividad y poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas.
A este escenario se suman otros factores que agravan la crisis. Por un lado, el avance de importaciones en sectores sensibles, como el textil, que afecta directamente a la producción local. En Corrientes, esta situación golpea a empresas relevantes que ya enfrentan suspensiones, cierres parciales y despidos.
Por otro lado, el atraso cambiario también aparece como un elemento crítico. Según el titular de la UICORR, el dólar se mantiene prácticamente estable en términos nominales, pero con inflación acumulada, lo que encarece los costos en términos reales y resta competitividad a las empresas exportadoras, especialmente en rubros como el forestal.
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