La Secretaría de Transporte anunció que retendrá los subsidios de empresas a las que les detectó "irregularidades", aunque no aclaró a quiénes afectará. El viernes, habrá una reunión paritaria entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que podría terminar en un paro si no llegan a un acuerdo.
"Luego de la reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA y la decisión de avanzar en una auditoría integral del sistema, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, retendrá los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se le han detectado irregularidades. Esta medida será transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido", informó la Secretaría de Transporte a través de un comunicado.
Desde la secretaría que conduce Fernando Herrmann siguieron: "Además, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a la realización inmediata de una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte".
La auditoría
Asimismo, el Gobierno nacional dio algunos detalles sobre las auditorías que llevará a cabo. "La auditoría se complementará con informes de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados en la información pertinente del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de forma práctica y presencial en las unidades de colectivo. El objetivo del estudio del sistema es poder implementar correcciones para evitar futuras irregularidades", señaló.
"Las medidas, que se implementarán de forma inmediata, se enmarcan dentro de la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios, manifestada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, en la reunión que mantuvieron con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, el lunes pasado. El objetivo principal es garantizar que la distribución de compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados", concluyó la Secretaría de Transporte.
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