La Justicia dictó una cautelar que frena la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). El juez en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, Mariano López, frenó el proceso de venta de activos por posibles prejuicios ambientales. Así hizo lugar a la presentación judicial que había hecho el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la que denunciaba que el proceso de privatización no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" al tiempo que desconoce la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonarense".
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López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata y argumentó que la privatización dispuesta por el gobierno nacional no fortalece las obligaciones de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, como así tampoco no aumenta los mecanismos de recomposición y prevención. López sumó: "(La privatización) tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”.
En el mismo sentido, el juez avaló la posición del Defensor del Pueblo bonaerense quien defendió el derecho colectivo del acceso al agua potable, de forma suficiente, segura y equitativa.
La Defensoría bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado a la Justicia que detuviera la privatización dado que ponía en riesgo el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial. La justicia consideró que nada de estofue tenido en cuenta en el pliego de la licitación de Aysa, que por el contrario pone en riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambienta sano.
La experiencia privatizadora de AySA
El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.
La historia de la empresa se remonta a 1912, con la creación de Obras Sanitarias de la Nación. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y quedó bajo control de la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, operando bajo el nombre de Aguas Argentinas. En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado volvió a tomar el control de la compañía tras una serie de conflictos vinculados al desempeño de la concesión privada.
Los datos de aquel período muestran que entre 1993 y 2002 las tarifas residenciales aumentaron 88,2%, mientras que la inflación minorista acumuló apenas 7,3%. Aunque el contrato original limitaba las subas durante los primeros diez años, la concesionaria obtuvo sucesivas recomposiciones tarifarias que le permitieron alcanzar elevados niveles de rentabilidad.
Un informe del área de Economía y Tecnología de FLACSO señaló que durante la gestión privada hubo modificaciones contractuales, cláusulas de indexación y reiterados incumplimientos en materia de inversiones y expansión del servicio.
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