Más de 100 sindicatos de distintas centrales obreras se movilizaron en Córdoba para repudiar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La protesta fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y otras organizaciones gremiales. Los dirigentes acusaron a los gobernadores de “cagones” por negociar con el Ejecutivo libertario la normativa.
En este marco, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas contra los gobernadores provinciales. “Son cagones, su cobardía nos está llevando puestos a los argentinos”, disparó el dirigente estatal en medio de la concentración. Además, Aguiar acusó a los mandatarios de subordinarse a un Gobierno que, según sus palabras, “quiere exterminarlos”. “Después de Llaryora y Pullaro, tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer”, agregó.
En este marco, el referente sindical advirtió que las provincias están quebradas por culpa del modelo económico vigente. “Los gobernadores creen que van a salvar sus distritos entregando los derechos de los trabajadores, pero esta reforma terminará de destruir el empleo en todo el país”, sostuvo.
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Asimismo, remarcó que la iniciativa no sólo afecta a los asalariados, sino que representa un riesgo para toda la Argentina. “Una modificación parcial o su judicialización no sirve de nada. Se tiene que caer completa. Son la AEA y la UIA, o nosotros. No hay término medio”, concluyó Aguiar.
Nuevas medidas contra la reforma laboral
Por su parte, el FreSU anunció que continuará con un plan de acción en distintas provincias. El próximo martes 10 de febrero se movilizarán en Rosario, Santa Fe, para reforzar el rechazo a la reforma. En paralelo, ATE confirmó un Paro Nacional con movilización al Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado, previsto para el 11 de febrero.
Desde el sindicato estatal también alertaron sobre el impacto fiscal de la reforma, que recortaría recursos esenciales para las provincias. Según cálculos gremiales, la reducción de alícuotas de impuestos como Ganancias para grandes empresas implicaría una pérdida anual de 1,9 billones de pesos en recaudación, de los cuales $790.000 millones corresponden al Gobierno Nacional y $1,12 billones al conjunto de provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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