Cómo quedó la reforma laboral que aprobó el Senado: los 16 artículos clave

Durante la madrugada de este jueves, con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió darle media sanción en el Senado al proyecto de reforma laboral. Ahora, luego de generar consensos y lograr las modificaciones, el dictamen aprobado pasará a la Cámara de Diputados -con fecha a confirmar, posiblemente la próxima semana- donde, teniendo en cuenta los espacios que acompañaron, conseguiría un total de 131 votos positivos, rompiendo así los 129 necesario para que se transforme en ley.

Uno por uno, los 16 artículos claves de la reforma

• Aportes a sindicatos y cámaras empresarias: Según fuentes oficialistas, se eliminará la cláusula que establecía que esos aportes pasarían a ser voluntarios desde el 1 de enero de 2028. De esta manera, el financiamiento a sindicatos y cámaras continuará vigente, aunque con límites porcentuales reducidos. ¿Qué cambió? El dictamen de mayoría fijaba que los aportes a cámaras empresariales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones; mientras que los aportes a asociaciones sindicales no podían exceder el 2% de los salarios, tanto para afiliados como no afiliados alcanzados por el convenio colectivo.
   
• Traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad: Otro de los cambios confirmados es la incorporación del traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que quedará incluido como un anexo al final del proyecto. Esto generará complicaciones para judicializar la Reforma Laboral.

• Los bancos le ganaron a las fintech: Finalmente, la reforma laboral no permitirá pagar salarios en billeteras virtuales por decisión del Congreso. La determinación representó una victoria para los bancos en una disputa que involucra a entidades financieras, el sector fintech, representantes de trabajadores y autoridades regulatorias. La pulseada por el control y uso de los fondos salariales se mantuvo como uno de los ejes del debate parlamentario y expuso las tensiones entre modelos de negocio y regulaciones.
   

• Servicios esenciales y cobertura mínima durante huelgas: La norma amplía el listado de actividades consideradas esenciales, estableciendo una cobertura obligatoria del 75%. Se incorporan telecomunicaciones (incluyendo internet y comunicaciones satelitales), aviación comercial, control de tráfico aéreo y portuario (incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba y remolque), servicios migratorios y aduaneros, servicios sanitarios y hospitalarios (más transporte y distribución de medicamentos), producción y distribución de agua potable, gas, petróleo, combustibles y energía eléctrica, recolección de residuos, transporte de caudales, servicios privados de seguridad y custodia, y educación de niveles guardería, preescolar, primario, secundario y especial (excluyendo el universitario). Los sindicatos deberán preavisar las medidas con 5 días de anticipación.
   
• Sectores de relevancia crítica con cobertura del 50%: Define actividades de importancia trascendental que deberán mantener un 50% de operatividad durante medidas de fuerza. Incluye transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y mercaderías, servicios aduaneros y migratorios vinculados al comercio exterior, producción farmacéutica, radio y televisión, industrias continuas (siderurgia, aluminio, química, cementera), industria alimenticia en toda su cadena de valor, servicios bancarios y financieros, hotelería, gastronomía, comercio electrónico, construcción, aeropuertos, minería, frigoríficos, correos, sector agropecuario y producción afectada a compromisos de exportación. Las fuerzas de seguridad deberán brindar cobertura del 100%.
   
• Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crean fondos individuales por empleador destinados a coadyuvar al pago de indemnizaciones por despido. Las cuentas se conformarán con contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas sobre las remuneraciones base para contribuciones patronales al SIPA. El fondo tendrá un período de carencia de 6 meses y solo cubrirá trabajadores registrados con al menos 12 meses de antigüedad. Los recursos son patrimonio separado, inajenable e inembargable. El régimen entrará en vigencia el 1° de junio de 2026, fecha que podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por hasta 6 meses.
   

• Regulación de asambleas laborales: Las reuniones sindicales no podrán interrumpir la actividad normal de la empresa y requieren autorización del empleador sobre horario, tiempo de duración y, cuando sea dentro del establecimiento, también sobre el lugar. Para ejercer esta facultad, el sindicato deberá estar al día en el cumplimiento de pago de haberes. El tiempo destinado a asambleas no será remunerado.
   
• Modificación de convenios colectivos y eliminación de ultraactividad: Se acota drásticamente la ultraactividad de los acuerdos colectivos; únicamente permanecerán vigentes las cláusulas normativas (condiciones y beneficios individuales directos del trabajo) hasta que entre en vigor un nuevo convenio. Las cláusulas obligacionales solo mantendrán vigencia por acuerdo de partes. Los convenios de ámbito menor (empresa, región) prevalecen sobre los de ámbito mayor (actividad, nacional). La Secretaría de Trabajo podrá suspender por resolución fundada los efectos de convenios vigentes por ultraactividad cuando su aplicación genere distorsiones económicas graves que afecten el interés general.
   
• Aportes y contribuciones en convenios colectivos: A partir de la sanción de la ley, los aportes a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones. Los aportes a asociaciones de trabajadores (válidos para afiliados y no afiliados) no podrán superar el 2%. A partir del 1° de enero de 2028, los aportes a cámaras empresariales serán estrictamente voluntarios, y no podrá imponerse el pago de cuotas sindicales a trabajadores sin su consentimiento individual, expreso y previo, el cual podrá revocarse en cualquier momento.
   
• Antigüedad laboral y reingreso: Si transcurriese un plazo de 2 años entre el cese del vínculo laboral (cualquiera fuera la causa) y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada.
   
• Transferencia de la justicia laboral: La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se promulgue la ley que apruebe el acuerdo de transferencia de competencias entre Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez promulgada dicha ley, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución. Las controversias contra el Estado Nacional quedan excluidas del fuero laboral y migran al fuero contencioso administrativo federal, donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo. Los magistrados laborales deberán adecuar obligatoriamente sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema; el apartamiento infundado configurará causal de mal desempeño.
   
• Derogación de estatutos específicos: Se eliminan regímenes especiales de Periodistas (Ley 12.908), Viajantes de Comercio (Ley 14.546), Peluqueros (Ley 23.947), Personal de Artes Gráficas (Ley 12.867), y Choferes Particulares y otros (Decretos Leyes 13.839/46 y 14.954/46), que pasarán a regirse por la LCT común a partir del 1° de enero de 2027. 
   

• Supresión de leyes especiales: Se derogan a partir del 1° de enero de 2027 las normativas de Teletrabajo (Ley 27.555), Fondo de Garantía de Créditos Laborales (Ley 23.472) y las leyes de trabajo a domicilio (Decretos Leyes 13.839/46 y 14.954/46). Se elimina el Capítulo VIII del Título II de la LCT sobre invenciones del trabajador.
   
• Pago de sentencias judiciales y contribución a obras sociales: Las sentencias judiciales condenatorias contra grandes empresas podrán cancelarse en hasta 6 cuotas mensuales consecutivas como máximo. Para micro, pequeñas y medianas empresas, el límite será de 12 cuotas. Con efecto para contribuciones que se devenguen a partir del 1° de enero de 2027, la contribución patronal a obras sociales será del 6% de la remuneración (era del 5% en el proyecto original). La Superintendencia de Servicios de Salud estará facultada para auditar el destino de estas contribuciones.
   
• Nuevas disposiciones sobre licencias médicas: Se establecen dos niveles de remuneración durante enfermedad inculpable: 50% si la imposibilidad proviene de actividad voluntaria y consciente con riesgo para la salud, o 75% en otros casos, por períodos de 3 o 6 meses según personas a cargo. Los certificados médicos deberán incluir diagnóstico, tratamiento, días de reposo y firma digital emitida por profesionales habilitados en todo el territorio nacional. El trabajador está obligado a someterse al control médico del empleador. En caso de discrepancia insalvable, se podrá recurrir a junta médica en institución oficial o institutos privados, con costo a cargo del empleador. El empleador podrá reubicar al trabajador en otro puesto tras ausencias prolongadas cuando no exista disminución definitiva de capacidad laboral.
   
• Reducción de contribuciones patronales y vigencia del FAL:  Las disposiciones sobre el FAL, RIMI, modificaciones impositivas y reducción de carga tributaria entrarán en vigencia cuando lo disponga el Ministerio de Economía para dar cumplimiento a las metas de equilibrio fiscal. 
• Eliminación del artículo sobre reducción del Impuesto a las Ganancias: Se eliminó el artículo 190 original que proponía reducir la alícuota de Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%. En su lugar, el nuevo artículo 190 establece disposiciones sobre residencia fiscal para extranjeros naturalizados por inversiones relevantes.
   

Los derechos perdidos con la reforma laboral de Milei

Más allá de las modificaciones y cambios que se discutieron e incluyeron sobre el cierre de la jornada, es importante señalar que el mileísmo mantuvo -a pesar de las críticas de la oposición y la presencia social en las calles- el espíritu principal del texto escrito en Casa Rosada. Por un lado, ataca la preeminencia de los convenios firmados en un ámbito local o provincial por sobre los Convenios Colectivos de Trabajo firmados por sindicatos; por el otro, ataca estatutos profesionales como los de los viajantes, peluqueros y periodistas.

Al mismo tiempo, se destaca la prohibición del derecho a huelga -declarando actividades como esenciales o de importancia trascendental, obligándolas a garantizar una cobertura de un mínimo del 50% o 75% durante una medida de fuerza- y en caso de realizarse una asamblea de trabajadores en el lugar de trabajo, el empleador tendrá el poder de suspender el salario durante ese tiempo.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de horas extras a través de la creación de un "banco de horas". De esta manera, se reemplazaría el sistema tradicional de "pago doble" -un sistema muy utilizado por trabajadoras y trabajadores para aumentar sus ingresos-. Ahora, en lugar de recibir un salario adicional por horas trabajadas fuera del horario habitual, el banco de horas permitirá que los empleados compensen esas horas extras trabajando menos en otros días o tomándose un día libre.

A su vez se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) -fondos individuales por empleador desinados a coadyuvar al pago de indemnizaciones por despido, una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y 2,5% para las micro, pequeñas y medianas-; el período de prueba pasará a extenderse de 3 a 6 meses de forma general permitiendo a los empleadores a finalizar el contrato sin indemnización durante ese tiempo (para empresas pequeñas, el plazo puede extenderse hasta un año), entre otros.