A una semana de la votación de la reforma laboral, la CGT se reunió con gobernadores peronistas: "Unidad"

A una semana de que se trate en el Congreso el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles con los gobernadores peronistas opositores al presidente Javier Milei: Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa); Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Discutieron el accionar y combatir la polémica iniciativa. 

Uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, aseguró que "la unidad es clave" para confrontar las medidas de la administración libertaria. "Seguimos sumando, construyendo diálogo federal y defendiendo los derechos de las y los trabajadores en todo el país", señaló Daer en sus redes sociales. 

El triunviro de la CGT, Jorge Sola, en diálogo con El Destape 1070 ratificó el plan de lucha de la central obrera contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó en claro que la estrategia inmediata apunta a que "no haya quórum" al momento del debate legislativo. En ese marco, sostuvo que "no damos por perdida la posibilidad de que no se trate la ley".

Sola cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa oficial y defendió la postura gremial al afirmar que las "críticas son de sentido común”. Según remarcó, el proyecto no surge de ningún consenso social: "Ni los empleadores ni los trabajadores armaron esta reforma laboral". Para el referente de la CGT, se trata de una norma regresiva que "no moderniza ni una sola cosa" y que, por el contrario, "ataca los derechos individuales y colectivos de los trabajadores".

En términos económicos, el sindicalista advirtió que la reforma implica "una notable transferencia de ingresos" desde los trabajadores hacia otros sectores, sin que exista un beneficio concreto para el empleo o la producción. "No hay inversión que genere la rueda virtuosa de la economía", sostuvo, y subrayó que "los trabajadores no obtienen nada a cambio" con el nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo. Además, rechazó el argumento oficial de que la flexibilización laboral garantice empleo formal. "La formalidad puede existir de otra manera", indicó.

En paralelo a la reunión, bloque de diputados de Unión por la Patria resolvió cerrar filas en contra de la reforma y avanzar en un dictamen propio que contemple todas las propuestas en la materia que ya fueron presentadas de forma separada. Además, criticaron el tratamiento express que busca el Gobierno de la iniciativa. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, comunicó que el objetivo es que se convierta en ley el 25 de febrero. 

Las centrales obreras comenzaron a salir a las calles para enfrentar los cambios que impulsa el oficialismo: este jueves, más de 100 sindicatos se movilizaron en Córdoba para repudiar la reforma. La protesta fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y otras organizaciones gremiales.  Los dirigentes acusaron a los gobernadores de “cagones” por negociar con el Ejecutivo libertario la normativa. 

Por su parte, el FreSU anunció que continuará con un plan de acción en distintas provincias. El próximo martes 10 de febrero se movilizarán en Rosario, para reforzar el rechazo a la reforma. En paralelo, ATE confirmó un Paro Nacional con movilización al Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado, previsto para el 11 de febrero.  

La suspensión de la reunión del Gobierno con gobernadores para discutir Ganancias y Reforma Laboral

La reunión se produjo horas después de que se conociera la cancelación del encuentro convocado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir eventuales modificaciones al proyecto. El llamado de un funcionario nacional a varios de los gobernadores “dialoguistas” fue decisivo para desactivar un cónclave que, en el diseño original de sus impulsores, pretendía mostrar una posición unificada frente al impacto que podría tener el capítulo fiscal del proyecto, en particular en el tratamiento del impuesto a las Ganancias dentro de la iniciativa mayor.

Aunque se esperaba que la reunión fuera un momento de articulación política para reclamar ajustes puntuales o “excepciones” en el tratamiento de Ganancias, la falta de quórum y la ausencia de mandatarios que habían sido señalados como posibles participantes evidencian la fragilidad de un intento de coalición provincial en torno a la cuestión.

El punto de conflicto principal, según los propios gobernadores provinciales, pasa por las implicancias del capítulo fiscal de la reforma laboral que incluye reducciones en alícuotas del impuesto a las Ganancias que, según estimaciones oficiales, disminuirían recursos coparticipables. La Casa Rosada sostiene que el costo fiscal del proyecto se reparte entre Nación y provincias y que la caída en recursos será compensada con mayor actividad económica y formalización de empleo. Gobernadores de varias jurisdicciones productivas, sin embargo, prefirieron evitar que su presencia en el CFI se interpretara como un aval sin condiciones a un paquete que tocaría de lleno sus ingresos.