El gobernador Alberto Weretilneck volvió al centro de la polémica tras la difusión de documentación oficial que revela la autorización para construir tres centrales hidroeléctricas privadas en la zona cordillerana, vinculadas a capitales qataríes, sin intervención de la Legislatura provincial, lo que abre cuestionamientos legales e institucionales.
Según informó La Política Ambiental, el caso gira en torno al proyecto Baguales, un emprendimiento turístico de alta gama que se desarrolla sobre el arroyo Baguales. Notificado en el Boletín Oficial del 23 de enero de 2025, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) autorizó a la firma Río Villegas S.A.U. a utilizar caudales de ese curso de agua con fines de generación eléctrica privada, mediante la Resolución 75/2025.
La habilitación contempla la construcción de tres centrales hidroeléctricas —CHiBa I, II y III— dentro de una parcela propiedad de la empresa, con capacidad para turbinar caudales de hasta 42, 200 y 350 litros por segundo. La energía generada no será destinada al sistema público, sino al abastecimiento interno del complejo. Sin embargo, de acuerdo con la normativa vigente en Río Negro, este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos requiere una ley especial aprobada por la Legislatura, que en este caso fue concedida por vía administrativa, sin tratamiento parlamentario previo.
Además, el permiso tiene una vigencia de 30 años y otorga a la empresa el uso exclusivo de un recurso público estratégico como el agua, lo que refuerza las críticas sobre el destino de bienes naturales en beneficio de intereses privados.
Los detalles del proyecto
El proyecto Baguales está vinculado a capitales extranjeros, particularmente al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri, integrante de una familia cercana al Emir de Qatar. La empresa beneficiaria, Río Villegas S.A.U., integra a Baguales Acquisitions S.A., sociedad que también incluye al extenista argentino Gastón Gaudio.
La ubicación del emprendimiento, en una zona de alto valor ambiental cercana al Parque Nacional Nahuel Huapi, suma otro eje de preocupación. La Política Ambiental aseguró que legisladores y organizaciones advirtieron que no se habrían realizado audiencias públicas ni garantizado la participación ciudadana, a pesar de tratarse de un área sensible desde el punto de vista ecológico.
MÁS INFO
También se señala que el proyecto podría afectar corredores biológicos y territorios alcanzados por normativas de protección de bosques nativos, así como comunidades que deberían haber sido consultadas en el marco del Convenio 169 de la OIT.
A esto se suma una denuncia reciente que involucra al ex polista Hugo Barabucci, quien habría recibido fondos provenientes de Emiratos Árabes para adquirir tierras en la zona, lo que encendió alarmas sobre posibles irregularidades y el cumplimiento de la Ley de Tierras Rurales.
Los antecedentes de Weretilneck
En medio de la emergencia hídrica, el Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, autorizó la explotación en un glaciar ubicado en el Cerro Carreras que habilita a la empresa Tamar Mining SA a explotar una zona con presencia de glaciares y nacientes de ríos clave, en el marco del debate nacional por la Ley de Glaciares.
Según indicó Real Politik, esta autorización, registrada bajo el expediente Nro. 50138-2025 -“Cateo Collin”-, quedó en manos de la empresa Tamar Mining SA, que proyecta explorar casi 10 mil hectáreas en el área del Alto Río Chubut. Sin embargo, la decisión no fue publicada en el Boletín Oficial entre julio y agosto del año pasado, cuando pidieron el permiso de cateo, ni acompañada de instancias de participación ciudadana, así como tampoco se conocen estudios de impacto ambiental difundidos públicamente.
El Cerro Carreras forma parte de una ecorregión dominada por bosques nativos y sistemas hídricos fundamentales. Allí nacen ríos que alimentan tanto la vertiente atlántica como la pacífica, incluyendo el río Chubut, vital para múltiples localidades.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, la zona contiene cientos de cuerpos de hielo, varios de ellos dentro del área potencialmente afectada por los cateos mineros. Esto pone en tensión la aplicación de la Ley 26.639 de protección de glaciares, en momentos en que se discuten posibles modificaciones a nivel nacional.
Cerrar sesión