La noticia la comunicó a periodistas la propia ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con un mensaje de WhatsApp titulado: "Amenazas a Patricia Bullrich: detuvimos a un simpatizante de la Organización Antifa” y una serie de fotos de objetos secuestrados en el allanamiento donde “se logró la detención del imputado". Las imágenes, en principio, son llamativas: se ve un arma larga y cinco pistolas, un cinturón con balas, máscaras antigás y cascos “de uso militar”.
Lo que no se aclara es que son objetos de colección “del imputado”, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, y que, en tanto réplicas o directamente juguetes, no se entiende por qué fueron secuestrados como si fueran pruebas de algún delito. Lo mismo ocurre con una cantidad de botellas de cerveza vacías de distintas marcas —artesanales— que, colocadas en las fotos junto con un rollo de soga, “serían útiles para la fabricación de cócteles molotov”. Aunque soga y botellas vacías podrían encontrarse en cualquier casa.
Nico M. está detenido desde el miércoles pasado. Tiene 37 años, es dibujante, trabaja en la Universidad de Tres de Febrero y, además de coleccionar objetos de la Segunda Guerra Mundial, practica boxeo y acompaña las marchas de jubilados y jubiladas los miércoles. Esa participación es parte del guion de la construcción del sujeto peligroso que puso en marcha el Ministerio de Seguridad y su Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO), que habría comenzado a observar los dibujos de Nico en mayo de 2025 como parte de sus “tareas de investigación y análisis de datos en prevención de ilícitos contra figuras del Estado Nacional”.
Después de tres días de arresto en una dependencia nueva que depende del DICCO, a Nico se le negó el pedido de excarcelación. Lo acusan de intimidación pública por sus publicaciones en “una importante red social de imágenes y videos”. En portales digitales afines al gobierno, las fotos de los juguetes de este joven artista están exhibidas sin mencionar que no tienen ningún poder de fuego. En los títulos de Infobae, directamente se da credibilidad a las supuestas amenazas contra Patricia Bullrich, sin que se sepa cómo llegaron a ella, salvo que los policías federales avocados a la investigación “preventiva” se las hayan mostrado o que la ex ministra se dedique a scrollear Instagram en busca de ilustraciones que denuncian la brutalidad de las fuerzas de seguridad que ella misma ampara.
La abogada Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados que representa a Nico, aclara de qué se trata la figura penal de intimidación pública y cita textual: “Consiste en infundir temor público, provocar tumultos o desórdenes utilizando medios materiales idóneos (como amenazas de bomba o falsas alarmas) para causar caos”. ¿Una publicación de Instagram tiene el poder de causar caos? La respuesta parece evidente, sobre todo si se toma en cuenta que la libertad de expresión es una bandera del gobierno libertario, que la privilegia sobre la libertad de prensa. En nombre de esa libertad hoy es fácil registrar la violencia y las amenazas que sufren periodistas, feministas, personas LGTBIQ+, activistas y militantes en redes, sobre todo en X. A menos de un mes del 50 aniversario del último golpe de Estado, la amenaza más repetida es una imagen de un Falcon verde, símbolo de la más sangrienta dictadura cívico-militar que sufrió el país.
“La ilegalidad es tal en todo el procedimiento y en el montaje armado para mostrar un sujeto peligroso que incluso en Infobae se escribió, siguiendo el listado de elementos allanados, que habían encontrado combustible, sin aclarar que se trataba de combustible para encendedores”, dice Laura Taffetani. “El hecho concreto con que lo incriminan es la publicación en su cuenta de Instagram de dibujos y viñetas satirizando a la ex ministra Bullrich y a la Policía Federal. La ex ministra denuncia que la amenazaron de muerte. El juzgado —por ahora— dice que es intimidación pública. Es una de las formas represivas que despliega el Ministerio de Seguridad: acusa de delitos sumamente graves hechos que no lo son o, peor aún, como en este caso, construye un bozal represivo contra la libertad de expresión de quienes luchan contra este sistema”, denuncia la abogada.
“Múltiples banderas con inscripciones antifascistas, banderas correspondientes a ‘Antifa’ (movimiento descentralizado de extrema izquierda y declarado como organización terrorista por Donald Trump), doce pines ilustrados con amenazas contra el Presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios del Estado nacional y banderas de Palestina”. Todo el entrecomillado corresponde al Ministerio de Seguridad y es el final de la descripción de lo secuestrado en el allanamiento junto a teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. ¿Un pin con una caricatura es una amenaza? La pregunta no parece ociosa, toda vez que Nico M. sigue detenido y en los medios afines se divulga el montaje de su detención como un gran logro investigativo.
“Yo fui testigo de cómo filmaban dos veces la detención, o sea la salida de la casa con el pibe esposado entre dos policías. Y lo hicieron dos veces porque parece que el perfil de uno de los policías no daba bien”, cuenta un vecino de Nico, que también vio los elementos que se fotografiaban como si tuvieran relevancia: dibujos, folletos y bufandas con inscripciones antifascistas que, más allá de lo que diga Donald Trump —citado en el comunicado que difundió la ministra Monteoliva—, constituyen una posición política como otras en nuestra democracia. ¿O es que, a 50 años del comienzo de la última dictadura, hay que quemar libros y papeles por miedo a la represión neofascista?
Según los abogados de la Gremial que lo representan, Nico está bien, todo lo bien que puede estar una persona detenida por haber hecho publicaciones en Instagram, por tener bufandas con consignas políticas o por acompañar a jubilados y jubiladas en las marchas —como también dice el comunicado del Ministerio de Seguridad—. “Con el avance de las investigaciones, se determinó que el responsable de las publicaciones operaría oculto de la justicia desde un domicilio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo”. En este tiempo político distópico, en una democracia en la que la protesta está constantemente amenazada por la represión desmedida, estar en la propia casa pasa a ser presentado como operar “oculto de la Justicia”. En este tiempo político, ¿cómo no declararse antifa?
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