El gobierno de Javier Milei oficializó la extensión del mandato de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. A través del decreto 367/2026, el magistrado —uno de los protagonistas del escandaloso viaje a Lago Escondido— se aseguró la permanencia en la estratégica Vocalía VII hasta el año 2031, sorteando así el límite jubilatorio de los 75 años que alcanzará el próximo 11 de noviembre.
La formalización administrativa es el corolario de una maniobra política sellada el jueves pasado en el Senado, donde el oficialismo y un sector del peronismo brindaron un nítido guiño a la corporación judicial. Con una abrumadora mayoría de 58 votos a favor y solo 11 en contra, el pliego de Mahiques superó cómodamente los dos tercios de la Cámara Alta, un volumen de apoyos que en los pasillos de Comodoro Py se interpretó como una muestra de poder de su hijo, Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia y principal articulador de la votación.
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Este nombramiento no es un hecho aislado, sino parte de una "tercerización" de la política judicial del Gobierno en manos de los Mahiques. Carlos Mahiques, apodado "Huemul" en las filtraciones de chats que revelaron el "vuelo del Lawfare" en 2022, logró sobrevivir institucionalmente a las denuncias penales y en el Consejo de la Magistratura por aquel viaje a la mansión de Joe Lewis, financiado presuntamente por ejecutivos del Grupo Clarín.
El blindaje parlamentario y ahora la formalización del Ejecutivo premian a un juez que llegó a Casación "a dedo" en 2018 por decisión de Mauricio Macri, tras haber sido funcionario de María Eugenia Vidal. Esta trayectoria, atravesada por la política partidaria, fue el eje de las críticas del kirchnerismo duro, que tildó al magistrado de "lobo con piel de cordero" y denunció que su continuidad representa una "justicia que dejó de servir al pueblo".
Concesiones al poder judicial
La ratificación de Mahiques padre se produjo en paralelo al avance de otros 78 pliegos judiciales tratados por la Comisión de Acuerdos del Senado. Entre ellos aparecen postulaciones con vínculos familiares directos con integrantes del Poder Judicial, como la de Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti— y la de Ana María Cristina Juan, pareja del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Con 144 vacantes aún en trámite y el deseo de Juan Bautista Mahiques de convertirse en Procurador General de la Nación, la formalización de este decreto marca el inicio de una nueva etapa de control sobre los tribunales clave. El pacto entre el gobierno de los Milei y el clan Mahiques parece haber desactivado cualquier resistencia interna y deja al descubierto una estructura de poder que se retroalimenta entre decretos, acuerdos parlamentarios y favores judiciales.
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