Comprar tierra también puede contar como inversión tecnológica. Mientras el debate público en la previa de la discusión en el Congreso sobre los cambios en la Ley de Tierras se centra en la compra de territorio por parte de extranjeros, se pierde de vista que en paralelo avanza otro proyecto que introduce un cambio menos visible: el Súper RIGI permite computar la adquisición de inmuebles como parte de la inversión mínima de US$ 1.000 millones necesaria para acceder a un régimen de beneficios fiscales y estabilidad regulatoria por 30 años.
El mismo proyecto incorpora entre sus actividades elegibles a la "infraestructura tecnológica y digital estratégica" y, en sus fundamentos, señala a la inteligencia artificial y la infraestructura digital como sectores prioritarios. La combinación de ambas iniciativas abre un nuevo interrogante: ¿El Gobierno está diseñando el marco jurídico para atraer una nueva generación de inversiones intensivas en tierra, agua y energía, como los mega data centers de IA?
Para el abogado y docente de la Facultad de Derecho de la UBA Pablo Serdán, la combinación entre la reforma de la Ley de Tierras y el Súper RIGI modifica el papel que cumple la tierra dentro de las grandes inversiones. "La tierra es uno de los pocos activos que se valoriza con el tiempo sin hacer absolutamente nada. El beneficio es doble: los dejás comprarla y, además, esa compra se computa como inversión para ingresar al Súper RIGI", precisó Serdán en declaraciones a El Destape.
Ese argumento cobra relevancia porque el proyecto para megainversiones del gobierno libertario permite computar la adquisición de inmuebles como parte de la inversión mínima exigida para acceder al régimen. En ese contexto, el valor económico de la tierra deja de ser únicamente el soporte físico del proyecto y pasa a integrar el capital de la inversión.
Blindaje por 30 años y "balcanización" del control de recursos
El Súper RIGI no solo ofrece beneficios fiscales: el artículo 74 garantiza a los proyectos adheridos 30 años de estabilidad normativa, fiscal y cambiaria, además de la "plena disponibilidad de sus activos e inversiones". Ese blindaje adquiere otra dimensión cuando involucra recursos estratégicos. "No lo podemos resolver en Argentina. Lo tenemos que resolver en el CIADI. Ni siquiera lo podemos discutir con la Justicia nacional", advirtió Serdán sobre eventuales conflictos vinculados al uso del agua o del territorio que puedan surgir si este marco normativo permite el desembarco de megaproyectos de extractivismo digital.
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Este esquema se complementa con la reforma de la Ley de Tierras: el dictamen elimina el límite nacional del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, deroga el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, habilita la compra de predios con cuerpos de agua permanentes y suprime el Certificado de Habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales. Para el letrado, la combinación de ambos proyectos produce una balcanización del control: el Estado nacional pierde capacidad de supervisión y la negociación sobre recursos estratégicos queda en manos de provincias y municipios, que enfrentan una marcada asimetría frente a grandes corporaciones.
El agua, el recurso invisible de la inteligencia artificial
El debate sobre los mega data centers suele concentrarse en la energía que demandan, pero existe otro recurso estratégico detrás de su expansión: el agua. Dependiendo de la tecnología utilizada para refrigerar los servidores, estas instalaciones pueden requerir importantes volúmenes hídricos. La Ley de Tierras vigente (26.737) impedía que extranjeros adquirieran campos que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Sin embargo, la reforma elimina esa restricción, un cambio que adquiere importancia frente a una industria que busca ubicaciones con disponibilidad de energía, territorio y recursos naturales.
Sobre el derrotero técnico de la infraestructura requerida para este tipo de centros de datos, una alta fuente de la industria de data center del mercado argentino explicó, en diálogo con El Destape, que el impacto depende del sistema de refrigeración utilizado. "Hay sistemas de condensación por agua, donde el consumo es masivo porque el agua se evapora y hay que reponerla permanentemente. Y hay sistemas de condensación por aire, que son circuitos cerrados y prácticamente no consumen agua para refrigeración", planteó el especialista respecto de que el riesgo ambiental depende del tipo de tecnología que se utilice.
En este sentido, uno de los antecedentes más citados es el proyecto de Google en Cerrillos, Chile. La compañía había previsto inicialmente extraer 169 litros de agua por segundo del acuífero Santiago Central para refrigerar su data center, pero las objeciones ambientales llevaron a la Justicia chilena a revisar el impacto del proyecto. Finalmente, Google rediseñó la iniciativa y optó por un sistema de enfriamiento basado en aire.
El caso chileno expone una discusión que ya atraviesa a la industria tecnológica global: la inteligencia artificial no solo necesita capacidad de cómputo, sino también infraestructura física sostenida por energía y recursos naturales. En Argentina, esa discusión se cruzaría con un régimen que otorga estabilidad normativa por tres décadas y mecanismos de resolución internacional de controversias. Este marco es sumamente riesgoso, ya que, como se señaló, ante un eventual conflicto por el uso de un recurso estratégico como el agua, el Estado podría enfrentar una disputa fuera de los tribunales nacionales.
La Patagonia: el territorio elegido para la IA, pero con límites físicos
El anuncio de Stargate Argentina puso a la Patagonia en el mapa de la inteligencia artificial: el proyecto presentado por OpenAI y Sur Energy contempla un mega data center de hasta 500 MW y una inversión potencial de US$ 25.000 millones, pero por ahora se trata solo de una carta de intención y no de una obra en ejecución.
La distancia entre la expectativa y la realidad técnica aparece en un punto clave: la infraestructura disponible. Para la industria, el frío natural es una ventaja, pero no reemplaza la necesidad de energía estable, conectividad y proveedores. "Por debajo de Puerto Madryn, olvidate de poner cualquier cosa porque hay ‘dos piolines’. Una línea simple que viaja hasta Río Gallegos", advierten desde la industria local de centros de datos sobre la limitación de la red eléctrica del sur argentino.
Según precisaron, provincias como Tierra del Fuego enfrentan además un problema estructural: permanecen aisladas del Sistema Argentino de Interconexión y dependen de generación propia, una condición que dificulta proyectos que requieren suministro continuo y de gran escala. El caso abre una tensión central: mientras el Gobierno nacional promociona las ventajas naturales de la Patagonia para atraer infraestructura digital, figuras relevantes del sector son mucho más realistas al afirmar que la región todavía enfrenta restricciones materiales para sostener instalaciones de esa magnitud.
La disputa de fondo: territorio, recursos y soberanía digital
Detrás de la carrera por atraer mega inversiones de inteligencia artificial aparece una paradoja: al mismo tiempo que el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino de grandes infraestructuras digitales, la propia industria local asegura que el mercado actual todavía tiene capacidad disponible.
"Hoy todos los data center que estamos acá tenemos cierta capacidad ociosa, y esa capacidad ociosa es la misma que se puso hace 20 años", señalan desde el mercado local al hacer referencia a que los centros de datos argentinos no están al límite de su capacidad. Según manifiestan, el negocio tradicional de data centers atraviesa una etapa de saturación y el desafío pasa por atraer nuevos proyectos vinculados a inteligencia artificial. La clave, explican, está en transformar energía en capacidad de procesamiento.
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La discusión, entonces, no es solamente si Argentina logra atraer inversiones, sino qué lugar ocupa dentro de esa cadena de valor. Para algunos especialistas, el riesgo es que el país aporte territorio, energía y recursos naturales mientras la mayor parte del valor tecnológico se genere fuera de sus fronteras. Frente a ese dilema, la discusión no pasa por las condiciones bajo las cuales llegan los capitales: el Estado debería negociar beneficios que permitan capturar parte del valor generado: desde reservar capacidad de cómputo para empresas y organismos públicos hasta promover transferencia tecnológica y participación de universidades y técnicos argentinos.
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