En medio de la emergencia hídrica, el Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, autorizó la explotación en un glaciar ubicado en el Cerro Carreras que habilita a la empresa Tamar Mining SA a explotar una zona con presencia de glaciares y nacientes de ríos clave, en el marco del debate nacional por la Ley de Glaciares. El Destape intentó comunicarse con el Gobierno provincial, pero al momento de publicación no obtuvo respuestas.
Según indicó Real Politik, esta autorización, registrada bajo el expediente Nro. 50138-2025 -“Cateo Collin”-, quedó en manos de la empresa Tamar Mining SA, que proyecta explorar casi 10 mil hectáreas en el área del Alto Río Chubut. Sin embargo, la decisión no fue publicada en el Boletín Oficial entre julio y agosto del año pasado, cuando pidieron el permiso de cateo, ni acompañada de instancias de participación ciudadana, así como tampoco se conocen estudios de impacto ambiental difundidos públicamente.
Cabe destacar que esta decisión también se da en el marco de la discusión en el Congreso sobre una reforma a la Ley de Glaciares. La normativa vigente prohíbe expresamente la actividad minera en glaciares y ambientes periglaciares por su carácter de reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, en febrero de 2026 el Senado dio media sanción a un proyecto que reduce el alcance de esas áreas protegidas y otorga mayor margen a las provincias para habilitar actividades productivas.
Un área protegida en riesgo
El Cerro Carreras forma parte de una ecorregión dominada por bosques nativos y sistemas hídricos fundamentales. Allí nacen ríos que alimentan tanto la vertiente atlántica como la pacífica, incluyendo el río Chubut, vital para múltiples localidades.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, la zona contiene cientos de cuerpos de hielo, varios de ellos dentro del área potencialmente afectada por los cateos mineros. Esto pone en tensión la aplicación de la Ley 26.639 de protección de glaciares, en momentos en que se discuten posibles modificaciones a nivel nacional.
El área del Cerro Carreras también es escenario de disputas territoriales con comunidades mapuches, como la lof Cayunao y la lof Kom Kiñé Mu, que denuncian presiones y hostigamientos vinculados al avance de intereses privados sobre tierras que consideran ancestrales. A esto se suma la presencia de capitales extranjeros, incluidos inversores de Emiratos Árabes Unidos, que habrían intentado avanzar mediante estructuras societarias complejas.
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Empresas bajo sospecha
Según detallaron desde el medio, la concesión habría sido otorgada a Tamar Mining, vinculada a un entramado de firmas que operan bajo el paraguas de Meridion del Plata, un holding que no cuenta con inscripción formal en Argentina. Tamar actúa en conjunto con Rexys SA, compartiendo directivos y estructura societaria. Ambas empresas están ligadas a capitales internacionales, principalmente canadienses e israelíes, y desarrollaron actividades mineras en distintas provincias del país.
Además, Tamar participó en trabajos vinculados a la empresa estatal israelí Mekorot, contratada previamente por el gobierno rionegrino para estudios hídricos, lo que refuerza los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
En este marco, otro de los ejes de conflicto es la reciente declaración de emergencia hídrica por parte de Weretilneck, donde se establece que el uso del agua debe ser “prioritario y excluyente” para consumo humano, salud pública, saneamiento, seguridad y control de incendios. Sin embargo, en simultáneo, la secretaría de Minería avanzó con una autorización para este proyecto que, por definición, demanda enormes volúmenes de agua y utiliza sustancias químicas de alto impacto como el cianuro.
El alineamiento con Milei
El avance del cateo en Río Negro se da en paralelo al impulso del Gobierno nacional por reformar la Ley de Glaciares para flexibilizar las áreas protegidas. En ese marco, el proyecto aparece como un anticipo concreto de ese cambio de criterio, alineando la política provincial con una estrategia nacional orientada a habilitar la actividad minera en zonas hasta ahora restringidas.
Esta simultaneidad no es menor: mientras a nivel legislativo se discute reducir el alcance de los ambientes protegidos, en el territorio comienzan a activarse iniciativas que tensionan la normativa vigente. A su vez, el caso refuerza la idea de un alineamiento político entre Nación y provincias en torno a un modelo extractivo, en el que la atracción de inversiones mineras gana centralidad frente a las restricciones ambientales.
Del mismo modo, el vínculo también se expresa en términos de oportunidad política: el impulso nacional a la minería genera condiciones favorables para que las provincias avancen en proyectos que, en otro contexto, encontrarían mayores resistencias institucionales.
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