El bloque peronista porteño Fuerza por Buenos Aires, encabezado Claudia Neira, presentó en la Legislatura un proyecto para establecer el uso obligatorio y progresivo de cámaras corporales en la Policía de la Ciudad, con un plazo máximo de implementación de un año. La iniciativa introduce un elemento tecnológico distintivo: los dispositivos no solo registrarán los procedimientos, sino también el minuto previo a su activación y tendrán supervisión externa. “Graban automáticamente los 60 segundos previos a su activación manual”, explicó Neira, quien remarcó que ese mecanismo permite “sumar contexto a todo el registro posterior” y mejorar el valor probatorio de las imágenes.
Además, el sistema contempla una función de activación en red: “Al encenderse una, se activan por proximidad todas las cámaras de los agentes cercanos”, detalló la legisladora. El objetivo es evitar vacíos en la reconstrucción de operativos y garantizar una cobertura integral de cada intervención.
Desde el punto de vista político, el proyecto se apoya en una crítica directa al actual esquema de seguridad. “Frente a la serie de eventos donde se observó el incumplimiento de los protocolos de uso progresivo de la fuerza, las cámaras son una herramienta clave”, sostuvo Neira, y aclaró: “No reemplazan a la Justicia, pero pueden transparentar y registrar el accionar policial”.
El texto establece que la implementación será progresiva pero con prioridad en escenarios de alta conflictividad: barrios populares, manifestaciones públicas, espacios de detención no penitenciarios y eventos masivos. “Contextos de alta sensibilidad social, donde el control es fundamental”, según definió la propia autora.
Uno de los puntos centrales es el esquema de control institucional. El proyecto crea un Centro de Control de Cámaras Corporales dentro del Ministerio de Seguridad, encargado de almacenar y administrar las grabaciones, pero con participación permanente de la Defensoría del Pueblo para supervisar el tratamiento de los datos personales.
En esa línea, Neira subrayó que la propuesta busca evitar abusos en el uso de la información: “Proponemos una ley que tenga un control de datos para garantizar la protección de datos personales y evitar difusiones o usos no autorizados de las imágenes”.
El régimen también fija reglas estrictas para los agentes: las cámaras deberán estar encendidas durante todo el servicio en modo pre-evento y activarse obligatoriamente ante cualquier intervención. La omisión, manipulación o uso indebido de las grabaciones podrá derivar en sanciones disciplinarias e incluso consecuencias penales. Las imágenes, en tanto, tendrán un plazo de conservación de seis meses, salvo que sean requeridas por la Justicia, en cuyo caso podrán resguardarse hasta cinco años. El acceso quedará limitado a autoridades judiciales y a las partes involucradas en procesos, con tiempos de entrega acotados.
La iniciativa incorpora, además, el uso de los registros con fines de capacitación —previa anonimización— y la elaboración de informes semestrales para evaluar el impacto del sistema en la seguridad, el desempeño policial y la percepción ciudadana.
La legisladora apuntó directamente contra la gestión porteña: “Con los recursos que tiene la Policía de la Ciudad es incomprensible que las cámaras corporales no se hayan comenzado a implementar”. Y agregó una definición con tono político: “En materia de seguridad, los slogans no resuelven nada. Pero sí puede hacerlo una Policía con recursos para un accionar eficiente y transparente”.
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