La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabeza una nueva jornada nacional de protesta en los principales accesos y puntos neurálgicos del país. Bajo la consigna Trabajo sin salario es esclavitud, la organización gremial retoma su plan de lucha luego del fallo judicial que obligó al Gobierno a restablecer los pagos del programa Volver al Trabajo, la versión reformulada del antiguo Potenciar.
A pesar de que los haberes correspondientes al mes de mayo comenzaron a acreditarse este miércoles debido a una medida cautelar de la Justicia Federal, las agrupaciones sociales sostienen que el conflicto está lejos de resolverse. El epicentro de la protesta estará marcado por un bloqueo en uno de los accesos clave a la capital de la provincia.
Agrupaciones sociales confirmaron que, a partir de las 10, se llevará a cabo un corte total en la subida y bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, específicamente en la intersección de las calles 120 y 32. Esta medida, que se replicará con asambleas y movilizaciones en todo el territorio argentino, busca visibilizar la situación de vulnerabilidad de miles de familias que dependen de estos ingresos para subsistir.
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El conflicto por la economía popular
Desde la conducción nacional de la UTEP enfatizaron que el cobro efectivo de este mes es un “paso importante, pero no garantiza” la estabilidad del sector a largo plazo. La preocupación radica en que, si bien el Ejecutivo expresó que acataría la resolución judicial para efectuar los pagos, posteriormente decidió apelar el fallo, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la implementación futura de los programas y la continuidad del Salario Social Complementario (SSC). Para los referentes del sector, este escenario de inestabilidad es una herramienta de presión oficialista que busca desmantelar la red de contención social construida en los barrios.
El reclamo central de la jornada no se agota en la restitución de los programas, sino que exige una actualización “urgente” de los montos percibidos. Los manifestantes señalan que el ingreso actual fue pulverizado por el aumento del costo de vida, resultando insuficiente para cubrir las necesidades básicas de quienes desarrollan tareas esenciales fuera del mercado laboral formal, como el reciclado, la producción comunitaria y el mantenimiento de cooperativas. Además, remarcan que estas trabajadoras y trabajadores son quienes sostienen comedores y merenderos en las zonas más postergadas, tareas que, según denuncian, requieren una mayor intervención y reconocimiento por parte del Estado.
Las organizaciones sociales rechazaron los argumentos de "equilibrio fiscal" utilizados por el Ministerio de Capital Humano para justificar los recortes. Según datos difundidos por la UTEP, el costo fiscal de estos programas representa “apenas el 0,1% del PBI nominal”, por lo que consideran que el ajuste no responde a una necesidad económica real, sino a una decisión política que “beneficia a los grandes grupos económicos mientras golpea a los sectores más vulnerables”. Ante la falta de respuestas definitivas y la apelación del fallo judicial por parte del Gobierno, la organización ratificó que las medidas de fuerza continuarán de forma escalonada en todo el país.
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