El juez federal Sebastián Casanello ordenó la restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y puso fin a la intervención dispuesta por el gobierno de Javier Milei. El interventor actual debe entregar un informe con el estado actual de la entidad, mientras que un veedor judicial dará más información cada mes.
"Debe considerarse que los sindicatos y sus obras sociales gozan de protección contra cualquier tipo de injerencia arbitraria. Tal protección implica un mayor nivel de análisis sobre las decisiones que puedan afectar los derechos de libertad y autonomía sindical de los afiliados", indicó Casanello en su resolución.
Como medida complementaria, el magistrado designó un veedor judicial que deberá presentar informes mensuales sobre el estado general de la obra social, según indicó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en un comunicado.
Además, se intimó al interventor Marcelo Petroni a que "en un plazo de 72 horas" entregue un "informe final detallado" de la situación patrimonial y administrativa de la obra social de los peones rurales, que cuenta con unos 650 mil afiliados y es la segunda más grande del país. Petroni había sido designado por el Gobierno Nacional en noviembre de 2024, luego de la intervención provisoria de tres meses de Virginia Montero.
El directorio de la obra social había sido intervenido por presuntas irregularidades financieras y desvío de fondos en el marco de una causa que llevaba el juez federal de Lomas de zamora, Federico Villena. A mediados de agosto de 2024 el directorio, del que formaba parte el secretario general de Uatre, José Voytenco, fue desplazado.
"La medida (de Casanello) revierte la decisión adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena que había desplazado al directorio original. Esa resolución fue duramente cuestionada por los fiscales, quienes recusaron al magistrado por manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, calificando la maniobra como un claro caso de forum shopping", planteó el gremio, y agregó el juez Villena se encuentra "bajo investigación por prevaricato".
Las denuncias contra la intervención
Además de celebrar la decisión de la Justicia, Uatre recordó que la intervención de Milei fue denunciada por el gremio "por haber duplicado innecesariamente la estructura administrativa, nombrando en cargos a dirigentes que perdieron las elecciones internas sin ningún expertise en materia de Salud y priorizado negocios espurios". Entre ellos, el sindicato mencionó "contratos con Droguería suizo y socios de la familia Menem", a quienes se les abonaron "facturas truchas sin prestación alguna".
Desde Uatre también criticaron al Poder Ejecutivo por "haber reducido significativamente el gasto destinado a prestaciones de salud, con graves consecuencias para los beneficiarios" de la obra social de los peones rurales.
"En los últimos meses se acumularon numerosas denuncias por interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, lo que agravó patologías existentes y empeoró el estado de salud de pacientes en cuadros graves", agregaron.
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