El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM – La Plata) denunció penalmente este miércoles al presidente de la Nación, Javier Milei, por afirmar a un medio británico que las islas Malvinas solo deberían “regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”. Lo acusan de violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. La presentación quedó radicada en el juzgado federal Nº 12 de los tribunales de Comodoro Py.
“Decidimos denunciar penalmente al Presidente porque entendemos que hay que dar testimonio y que el Poder Judicial como poder del Estado nacional en virtud del sistema representativo, republicano y federal tiene que tomar cartas en el asunto a instancias de este apartamiento arbitrario y contrario a la Constitución Nacional de Javier Milei”, afirmó a El Destape Jerónimo Guerrero Iraola, abogado patrocinante del CECIM.
La acusación contra Milei es por sus dichos del 29 de diciembre pasado al medio británico The Telegraph. Según se especifica en la denuncia, ese medio que “lo entrevistó” al Presidente publicó que “para el Sr. Milei, las negociaciones sobre este delicado asunto van de la mano con su postura sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Tras años de amenazas bajo gobiernos anteriores, afirma que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen.” Los denunciantes también destacaron la afirmación de que “en 2013, los habitantes de las Malvinas votaron más del 99 por ciento a favor de seguir siendo británicos, y la conversación se torna tensa cuando se sugiere que su política equivale a renunciar a las islas.”
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Por estos dichos, y tras escribirle una nota al Presidente que no tuvo respuesta, desde el CECIM La Plata acusaron a Milei de vulnerar “la Constitución Nacional, Leyes Nacionales vigentes, Resoluciones de Naciones Unidas, Declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación (v.g. Declaración de Ushuaia), Declaraciones multilaterales emanadas de organismos o nucleamientos regionales en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, en su amplia caracterización, a saber: soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, alimentaria, antártica, entre otras”.
“Dichas aseveraciones, brindadas a un medio británico, implican la consumación de acciones concretas pasibles de ser tipificadas, en los términos del artículo 248 del Código Penal argentino, concretamente el de violación de los deberes de funcionario público, a partir de una serie de inobservancias y vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional y diversas Leyes Nacionales vigentes. Normas que deben guiar el obrar institucional y funcionales de quienes detentan el carácter y condición de plenipotenciarios (condicionan la posición geopolítica de la República Argentina con cada acción, afirmación, silencio, alocución)”, añadieron los denunciantes.
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La presentación, que lleva la firma de los letrados Guerreo Iraola y Laurentina Alonso, del presidente del CECIM Rodolfo Carrizo y de su secretario de DDHH, Ernesto Alonso, recayó en el juzgado federal Nº 12 y formó el expediente CFP 226/2026.
En diálogo con El Destape, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola indicó la expectativa que tienen con su denuncia: “Pretendemos que avance la investigación y que se produzca toda la prueba requerida a la Justicia, que es mucha”. “Queremos hacer un seguimiento exhaustivo y trazable de todo lo que se ha hecho sobre la cuestión Malvinas desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha”, agregó.
Entre las medidas de prueba solicitadas a la Justicia se destaca el pedido de determinar si las manifestaciones del Presidente “se tradujeron en actos administrativos, instrucciones internas, directivas diplomáticas, omisiones deliberadas de protesta o cursos de negociación”. Hay requerimientos para que se libren oficios a Cancillería, la Secretaría de la Presidencia y el Ministerio de Defensa.
En lo que respecta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los denunciantes pidieron que se le solicite “toda la actividad diplomática (quejas, manifestaciones, posicionamientos, minutas, cables, etc.) relacionados con la reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas”.
