Todo indica que el Gobierno esperará hasta el límite del plazo de diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 941/2025, mediante el cual modificó de manera sorpresiva la Ley de Inteligencia Nacional y redefinió las atribuciones de la SIDE, ampliando sus facultades hasta permitir la detención —“aprehensión”— de personas sin orden judicial. Ese plazo vence el próximo jueves 15.
Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberían avanzar con la integración de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, encargadas de analizar el decreto. Sin embargo, ocurre lo contrario: según dejaron trascender desde el oficialismo, la conformación de esas comisiones será demorada todo lo posible, incluso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias en marzo.
En ese contexto, un amplio grupo de organizaciones, encabezadas por el CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, reclamó al Congreso la derogación del DNU por considerar que “debilita los controles democráticos”. También presentaron un amparo en la Justicia.
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El decreto de necesidad y urgencia 941 fue una sorpresa que el Ejecutivo se guardó para fin de año. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo firmó el 31 de diciembre a la tarde, cuando todo el país pensaba en la cena de fin de año. Salió publicado en el Boletín Oficial del 2 de enero. Entre otras cosas, obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos de la población con la Secretaría de Inteligencia y, por primera vez en democracia, le da a la central de espías la posibilidad de detener, sin que quede claro bajo qué criterios.
De inmediato, desde los principales bloques opositores salieron a plantear su rechazo a un decreto firmado cuando acababan de concluir las sesiones extraordinarias y el Congreso ingresaba en su mes de receso. "No hay necesidad ni urgencia. Llamen a extraordinarias y manden proyecto de ley", sostuvo el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. El mismo 2 de enero que se publicó el decreto, Martínez presentó una nota a Menem reclamando la urgente constitución de las comisiones bicamerales para que puedan dedicarse de inmediato al tratamiento del DNU.
En esta ocasión, el bloque de Unión por la Patria no estuvo tan solo. Al habitual acompañamiento del Frente de Izquierda también se sumó el del interbloque Unidos. Los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade y el socialista Esteban Paulón, fueron incluso un paso más allá y presentaron un amparo en la Justicia. "El decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso. Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa", sostuvieron. El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, sostuvo que no veía la necesidad y urgencia para sacar semejante decreto e imaginó que se podrían juntar los votos para el rechazo, tal como se había hecho con el Capítulo XI del Presupuesto.
En rigor, no hubo nadie satisfecho con el decreto. Ni siquiera los aliados del PRO y de la UCR se animaron a dar su visto bueno y plantearon la necesidad de estudiar en detalle el decreto. Tampoco salieron gobernadores a dar su respaldo. Por eso, la estrategia del oficialismo será dilatar los tiempos todo lo posible con la idea de que el rechazo se diluya y la agenda quede eclipasada con otros temas por los que convocaron a sesiones extraordinarias, como la reforma laboral. En esa línea, ya deslizaron que no conformarán las comisiones bicamerales durante el receso legislativo y buscarán retrasar el trámite hasta marzo.
No es esa, claro está, la idea de la oposición. El Gobierno tiene plazo hasta el jueves 15 para remitir el decreto al Congreso y, una vez ingresado, corren otros diez días hábiles para que lo analicen las comisiones bicamerales. Ese plazo se mantiene aun cuando las comisiones no estén formalmente constituidas. Cumplido ese período —el 29 de enero—, el DNU quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, siempre que la oposición logre reunir quórum, una posibilidad que no aparece como lejana dado el nivel de rechazos que despertó la medida.
Para recordar el tema en medio de la vorágine de noticias de los últimos días, más de 20 organizaciones de la sociedad civil denunciaron este lunes la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 941/25. "Rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazar este decreto", sostuvieron el CELS, Aministía Internacional, Poder Ciudadano, Greenpeace, Fundación Huésped y Democracia en Red, entre muchas otras. Le apuntaron al estilo del gobierno de Javier Milei.
"Una vez más, se toman decisiones de extrema relevancia sin debate legislativo. Es evidente que lo que exige nuestra Constitución para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se cumple: no hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas", argumentaron. El CELS, además, presentó un amparo para que la Justicia frene la aplicación del decreto, en línea con las acciones iniciadas por los diputados de la Coalición Cívica y el socialismo, y por un sector de dirigentes radicales alfonsinistas como Leopoldo Moreau y Federico Storani, entre otros.
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