La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las instalaciones de la TV Pública en busca de pruebas por el escándalo de los viajes a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al conductor de televisión Marcelo Grandio.
El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente a Grandio, amigo de Adorni.
La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandio en febrero pasado.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.
Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.
La declaración del piloto testigo que desató el allanamiento en la TV Pública por el caso Adorni
El testigo a quien le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró el último jueves en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.
Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este hasta buenos Aires, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.
Según la información en el expediente, el testigo, Agustín Issin, de 46 años, compró el paquete de vuelos el 9 de febrero. La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.
El juzgado que tiene a cargo la causa pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) busque los contratos de Grandio y su productora con la TV Pública, confirmaron fuentes judiciales a El Destape.
El miércoles, el jefe de Gabinete dio una conferencia de prensa en Casa Rosada para romper el silencio frente al periodismo, pero evitó dar precisiones sobre los escándalos que lo involucraron. Ante una pregunta de El Destape, el funcionario respondió con dureza: “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mi me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir”.
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