La tensión social y política en la provincia de Santa Cruz sumó un nuevo y complejo capítulo. El gobierno de Claudio Vidal y los representantes de las fuerzas de seguridad volvieron a chocar: este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas oficiales no fueron aceptadas
Pese a que los funcionarios provinciales remarcaron que el haber inicial propuesto lograba cubrir el costo de la Canasta Básica Total, las cifras presentadas quedaron muy rezagadas respecto de las pretensiones del sector. Según un relevamiento de la consultora Analytica, el costo promedio del changuito de supermercado en territorio santacruceño alcanzó los $1.013.092, convirtiéndose en el valor más alto del país y superando por amplio margen al resto de las jurisdicciones.
Los representantes policiales ratificaron que el piso mínimo para un agente que recién se incorpora a la fuerza debe establecerse en $2.200.000, exigiendo además un valor punto cercano a los $4.000 para recomponer la pirámide salarial de los mandos superiores.
Al concluir la reunión, el personal policial decidió intensificar las protestas: instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, ocuparon parte del jardín del palacio gubernamental y realizaron un corte de calle en la zona donde se ubica la Jefatura de Policía. Medios locales reportaron que también se montaron carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en el sector donde habitualmente pernocta Vidal durante su estadía en la Capital.
Cruce de acusaciones y denuncia por destrozos
Días atrás, la Policía de Santa Cruz denunció acciones intimidatorias por la presencia, sin previo aviso, de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Se conectaron a un Zoom y, luego de nuestro pedido de explicaciones, cortaron la transmisión", denunciaron a El Destape.
"En la reunión se conectaron por videollamada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros lo vemos como una acción intimidatoria. La provincia mantiene su autonomía y son negociaciones que se deben hacer con autoridades provinciales", detalló a este medio el referente de los policías autoconvocados, Ramón Quipildor.
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Tras el naufragio de la paritaria, el Gobierno de Santa Cruz emitió un duro comunicado en el que repudió formalmente el accionar de los manifestantes y denunció "hechos de violencia y daños materiales" en las instalaciones de la Escuela de Policía. De acuerdo al parte oficial, un grupo de efectivos provocó rotura de vidrios y agresiones al edificio, lo que precipitó el cierre abrupto de la jornada de debate.
“Una vez más prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa”, subrayaron desde el Ejecutivo.
Pese al clima de hostilidad, la gestión de Vidal dejó asentada en las actas su voluntad de mantener los canales institucionales de diálogo abiertos, supeditando cualquier mejora a "las reales posibilidades financieras de la Provincia" y exigiendo condiciones de responsabilidad y buena fe para retomar el debate.
