Del Estado mínimo al Gran Hermano: el Gemelo Digital de Milei

Javier Milei anunció por cadena nacional digital la creación del "primer Gemelo Digital Social" por parte del Ministerio de Capital Humano. Se jacta de ser un sistema por primera vez aplicado a las políticas sociales. El video institucional lo presenta como una herramienta de inteligencia artificial que "integra información de múltiples fuentes en una base unificada" para "simular, anticipar y optimizar políticas públicas".

El gobierno que llegó al poder prometiendo "sacar al Estado de la vida de los argentinos" y que lo tenía como una institución “peor que la mafia”, ahora propone construir la base de datos personales más gigantesca y centralizada de la historia del país. No es una contradicción: 'Libertad, carajo' para los negocios corporativos; vigilancia masiva, carajo, para el resto.

El problema no es la IA, es para quién y para qué

La narrativa libertaria quiere ver a sus opositores en el campo de los enemigos de la modernidad, que prefieren el Estado lento y burocrático antes que la eficiencia de la inteligencia artificial. Malas noticias para el Presidente. Nadie niega que la inteligencia artificial puede mejorar el diseño de políticas públicas. El problema es cómo se hace.

Existe una diferencia estructural entre vigilancia masiva y gobierno inteligente: en el modelo seguro, el análisis viaja hacia los datos (que permanecen distribuidos en sus lugares de origen). En el modelo Big Brother, los datos viajan hacia un centro donde son concentrados. 
Estonia —el país más digitalizado del mundo— lleva 25 años demostrando que se puede compartir datos sin concentrarlos. Su sistema X-Road interconecta las bases de datos de diferentes ministerios bajo una condición central: cada organismo sigue siendo dueño de sus datos, y cada consulta requiere una finalidad legítima, específica y autorizada. Cuando un médico necesita tu historial para darte un diagnóstico, lo solicita en tiempo real, pero el dato no se mueve de su lugar de origen. Cada acceso queda registrado y es auditable por el ciudadano. El 99% de los servicios públicos estonios operan así. 

La diferencia con el Gemelo Digital argentino es radical. Estonia comparte datos para la ejecución de servicios concretos —un médico tratando a un paciente, un banco verificando un ingreso—, no para construir una base única con fines de "simulación predictiva" sobre toda la población.

Por su parte, el Reino Unido desarrolló un modelo de datos sintéticos con privacidad diferencial para simular políticas sociales sin exponer información real de personas. El Instituto Alan Turing genera datasets artificiales que preservan las propiedades estadísticas de los originales — para diseñar políticas— pero que no contienen ni un solo individuo real. Ambos modelos tienen críticas (los anarcocapitalistas europeos critican al modelo estonio por ser “muy centralizado”), y lo más probable es que una combinación de diversas tecnologías pueda sea más funcional a los objetivos de mejorar las políticas públicas “basadas en la evidencia”. Pero estos ejemplos operan en un contexto de control de los datos personales y derechos ciudadanos. El proyecto argentino opera en una categoría completamente distinta.

La "base unificada" que la Corte acaba de declarar inconstitucional

El punto más asombroso del anuncio es su timing. El 30 de abril de 2026 —hace menos de un mes—, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el caso Torres Abad y declaró inconstitucionales artículos clave de la Ley 25.326 que habilitaban la cesión de datos entre organismos estatales sin consentimiento.

El caso es casi una profecía. Carmen Torres Abad entregó sus datos a ANSES para tramitar su jubilación. El Estado quiso usarlos para otro fin. La Corte dijo que no. Reafirmó que el consentimiento debe ser específico e informado para cada finalidad, y que no puede presumirse ni extenderse. 

El Gemelo Digital hace exactamente eso a escala masiva. Se propone tomar datos de ANSES (seguridad social), RENAPER (identidad), salud, educación — todos entregados para fines concretos — y los funde en una única base para un fin completamente distinto: "Simular el capital humano de una sociedad". No hay consentimiento nuevo, no hay notificación individual. no hay ley que lo autorice. Hay un video de propaganda. 

Pero, ¿de dónde pude haber salido esta brillante idea “super moderna” de concentrar todos los datos personales de una población pidiéndola a cada organismo público que los comparta? Ups, qué casualidad: ¡Palantir! Claro, esta empresa super moderna, cuyos mentores consideran a la democracia un estorbo para la libertad, justo hacen eso en Estados Unidos. Les sirve para categorizar, geolocalizar (en tiempo real) y perseguir inmigrantes y disidentes. 

Tensiones con todo el marco jurídico

El proyecto no solo choca con el fallo Torres Abad. Viola punto por punto el ordenamiento vigente:

• Principio de finalidad (art. 4°, Ley 25.326): los datos deben usarse solo para el fin para el que fueron recabados. Usar datos jubilatorios para entrenar un modelo predictivo no es compatible con ese fin.
• Convenio 108+ del Consejo de Europa: Argentina lo ratificó en 2023, por lo que tiene jerarquía de ley. Impone obligaciones de proporcionalidad y garantías específicas para tratamientos automatizados. El artículo 5.1 del Convenio 108+ exige que todo tratamiento de datos sea "proporcionado en relación con la finalidad legítima perseguida" y refleje un "justo equilibrio entre los intereses en juego y los derechos fundamentales".
• Datos sensibles sin régimen reforzado: salud, situación socioeconómica, composición familiar — todo eso son datos sensibles. La ley exige "responsabilidad reforzada" para su tratamiento: mayores niveles de seguridad, restricciones de acceso, confidencialidad. Nada de eso fue anunciado.
• Principio de proporcionalidad: toda intromisión en derechos fundamentales debe ser estrictamente necesaria y proporcional al fin perseguido. ¿Por qué se necesitan datos individuales reales en lugar de agregados o sintéticos? Y peor: existen tecnologías maduras y menos invasivas —datos sintéticos, aprendizaje federado, privacidad diferencial— que permiten simular políticas sin concentrar datos personales. El gobierno eligió el camino más peligroso. Esa elección no es ingeniería. Es política.
• Principio de minimización (art. 3°, Ley 25.326): solo deben recolectarse los datos estrictamente necesarios. Un sistema que aspira a integrar "múltiples fuentes" en una "base unificada" viola este principio por definición. No es minimización. Es acaparamiento.
• Ausencia de evaluación de impacto: la propia Guía de IA Responsable de la Agencia de Acceso a la Información Pública (el órgano que regula la ley 25326 de protección de datos personales) exige una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (PIA) para sistemas como este. No existe. El desarrollo técnico está en "etapa preliminar", lo que significa que anunciaron el sistema antes de diseñar siquiera su arquitectura y mucho menos su seguridad (protección por diseño). Teléfono Agencia, ¿no van a actuar de oficio preguntándole al Poder Ejecutivo de qué se trata la brillante idea de construir la base de datos más grande de la historia sin evaluación de impacto, sin medidas de seguridad y reñidos con los más básicos estándares internacionales? (De paso pregúntenle si por casualidad no están conversando estos temas con Palantir). 
   

La paradoja política del neoliberalismo autoritario

El gobierno que anuncia el primer "Gemelo Digital Social" para "anticipar necesidades" de la población es el mismo que eliminó la gran mayoría de los programas sociales vigentes hasta el 2023. En Capital Humano, despidió al 56% del personal y vació ministerios enteros. El FISU, que financiaba agua y cloacas para barrios populares, fue desmantelado: 700 obras frenadas, 5 millones de personas afectadas. En salud, eliminó el Plan ENIA (que redujo a la mitad los embarazos adolescentes), el Programa de Salud Comunitaria y el Instituto de Medicina Tropical, y desfinanció con recortes del 80% los programas de VIH y salud sexual. Los 13 programas de género y violencia —incluyendo MenstruAR y los dispositivos territoriales— fueron cerrados por "ideológicos". En total, 24 fondos fiduciarios eliminados. La red de protección social fue desguazada.

¿Para qué simulás el impacto de políticas sociales si al mismo tiempo desactivás las herramientas para implementarlas? Un gemelo digital sin política social es un simulacro. Porque el objetivo real es la vigilancia masiva.

Tecnología y bien común

Ninguno de los problemas señalados es técnicamente insoluble. Hay formas de usar inteligencia artificial para políticas sociales sin construir un Gran Hermano. Según la opinión de técnicos en el tema, el aprendizaje federado permite entrenar modelos de IA localmente en cada base de datos (ANSES, salud, RENAPER) sin que los datos salgan de allí. Solo los parámetros del modelo —imposibles de revertir a datos individuales— viajan al centro.

La privacidad diferencial agrega ruido matemático a los resultados, de modo que ninguna consulta revela información de un individuo específico. Míster Milei, el Censo de Estados Unidos se confecciona con esa técnica.

La computación multipartita segura permite que múltiples organismos calculen estadísticas sobre sus datos combinados sin que ninguno vea los datos del otro. Los encripta y los divide para que nadie pueda verlos individualmente. 

Los datos sintéticos generan un dataset artificial estadísticamente equivalente al real, que puede distribuirse libremente para análisis sin riesgo de reidentificación. Todas estas tecnologías están disponibles, son maduras y muchas son de código abierto. No requieren una "base unificada". No requieren que los datos personales dejen de estar bajo el control de sus dueños originales. Y crucialmente, no requieren a Palantir.

El silencio sobre los proveedores

El anuncio oficial menciona que el proyecto tendrá una "mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico". No dice quiénes son esos especialistas.
La preocupación no es abstracta. Peter Thiel —fundador de Palantir— se reunió con Milei semanas antes del anuncio y está instalado en Buenos Aires. Palantir es la empresa que construyó el sistema de vigilancia migratoria para ICE en Estados Unidos, que rastreó a minorías y que opera con contratos militares sin transparencia. Su modelo de negocio consiste exactamente, pura casualidad, en integrar grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes en plataformas centralizadas para análisis predictivo. 

Si el gobierno argentino va a contratar a Palantir —o a cualquier otra empresa— para operar esta base única de datos reales, el problema se multiplica. Porque la Ley 25.326 regula el "encargo de tratamiento" (art. 25): el Estado sigue siendo responsable, pero los datos salen de su control directo. Y si la empresa tiene acceso irrestricto a la base unificada, la cesión de datos personales a un tercero ocurre sin ninguna de las garantías que la ley exige.
Si el gobierno contrata a Palantir para operar el Gemelo Digital —como todo indica—, los datos de millones de argentinos podrían quedar expuestos a la legislación de Estados Unidos.

La FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) permite al gobierno de Estados Unidos solicitar acceso a datos almacenados o procesados por empresas estadounidenses —como Palantir— con el argumento de "seguridad nacional", sin orden judicial si median "circunstancias urgentes". Y la CLOUD Act (2018) establece que las empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos deben entregar los datos que controlen —sin importar dónde estén almacenados físicamente— cuando así lo requiera una orden judicial estadounidense. 

En la práctica, la base de datos del Gemelo Digital, operada por Palantir en servidores bajo jurisdicción estadounidense, sería legalmente accesible para agencias como el FBI, la CIA o el Departamento de Seguridad Nacional. No hace falta informar al gobierno argentino ni al titular de los datos.

Conclusión

El Gemelo Digital Social no es malo por ser tecnología de punta. Es malo porque su arquitectura —una base única de datos reales de toda la población— viola principios fundamentales de la protección de datos personales, choca con fallos recientes de la Corte Suprema, con la legislación vigente, ignora tratados internacionales vinculantes para Argentina y fue lanzado sin evaluación de impacto, sin intervención de la autoridad de control y sin ninguna base legal habilitante explícita.

El gobierno que decía querer un Estado mínimo está construyendo el sistema de vigilancia más grande de la historia argentina. El discurso anti estatista nunca fue sobre la libertad de las personas, su privacidad o su autodeterminación informativa. Fue sobre liberar al capital —tecnológico, financiero, corporativo— de cualquier regulación que limite su apetito.

La tecnología puede servir para mejorar políticas sociales. Pero para eso tiene que estar puesta al servicio del bien común, no del negocio corporativo ni de la vigilancia policial autoritaria. Tiene que respetar la soberanía digital del país, no entregársela a una empresa extranjera. Y tiene que tener como centro el resguardo de los derechos de las personas, no su exposición masiva. El Gemelo Digital de Milei no cumple ninguna de esas condiciones
Sin eso, el "futuro" que anuncia Milei no es el de la anticipación inteligente. Es el del Gran Hermano y la vigilancia algorítmica.