La quiebra de ARSA dejó a 200 trabajadores en la calle y abrió un nuevo frente sindical. Luciano Asad, secretario general de Atilra Junín y delegado general de la empresa, denunció en diálogo con El Destape 1070 que el conflicto fue “inducido” como parte de una estrategia empresarial para no pagar salarios y forzar la quiebra.
Según el dirigente, el proceso de vaciamiento comenzó después de la pandemia y se profundizó tras el cambio de gobierno. Desde entonces, los trabajadores aseguran que no cobran sus haberes y que la empresa dejó de operar de manera regular en sus plantas de Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
“Después de la pandemia empezaron a vaciar la empresa”, sostuvo Asad en el programa Palo y Zanahoria. El sindicalista explicó que ARSA entró en concurso tras el cambio de gobierno y que durante 2024 dejaron de pagar salarios, lo que derivó en un conflicto gremial en ambas plantas.
El punto de quiebre llegó en mayo de 2025, cuando la empresa comunicó que cerraría por un mes. “Tratamos que los empleados se queden en la planta, la empresa cerró y desaparecieron”, relató. Meses más tarde, en octubre, se decretó la quiebra que ahora quedó firme. Desde entonces, 200 trabajadores quedaron sin empleo formal. “Algunos están ahora con trabajos precarios para poder sobrevivir”, detalló el dirigente, quien remarcó que los salarios se adeudan desde el año pasado.
En las plantas de ARSA se producían marcas históricas del mercado lácteo argentino como el queso Mendicrim y el postre Shimmy. Para los trabajadores, no se trata solo de una crisis empresarial sino de la pérdida de un símbolo productivo local. “Se robaron la marca de una empresa que era del pueblo y a nosotros nos robaron el laburo”, expresó Asad.
El dirigente denunció además que existe “un entramado bastante oscuro” detrás de la quiebra. Según su relato, el Grupo Vicentin sostiene que los capitales no pertenecen a la empresa sino a un grupo venezolano.
La cooperativa obrera
Frente al escenario de quiebra, los trabajadores avanzaron en la conformación de una cooperativa para intentar recuperar la producción. “Los compañeros se han organizado, han conformado una cooperativa para hacerse cargo y presentar un proyecto de inversión”, explicó Asad. El planteo ahora está en manos de la Justicia. El gremio solicita que se priorice la continuidad productiva y el trabajo genuino por sobre la liquidación de activos. “Necesitamos que la Justicia esté a favor del trabajo genuino y que le dé una oportunidad a la cooperativa”, reclamó.
Para el dirigente, sin intervención estatal el panorama es crítico: “Si no está el Estado ni el sindicato que sostenga a esos trabajadores es imposible”. La fábrica, actualmente, se encuentra con custodia policial a pedido del gremio para evitar el vaciamiento de maquinaria o bienes.
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