Tras varias semanas de conflicto en la provincia de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal finalmente convocó a nueva reunión paritaria docente para el próximo 8 de junio. Sin embargo, la polémica escaló luego de la decisión del Ejecutivo provincial de incorporar a la discusión salarial a la Unión Docentes Argentinos (UDA), un gremio sin representación efectiva en el sistema educativo local.
La determinación fue cuestionada por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), que a través de un duro comunicado acusó al gobernador Vidal de añadir a la negociación a un "sindicato fantasma".
Según señaló ADOSAC, la incorporación de UDA responde a una estrategia impulsada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.
"UDA es un gremio de orden nacional que se quiere meter en la paritaria de Santa Cruz al sólo efecto de garantizarle al Gobierno manos para aplicar un ajuste feroz sobre los ya castigados bolsillos de la docencia", señala el documento difundido y detallado por el medio Señal Calafate.
ADOSAC aseguró que UDA es una organización sindical de alcance nacional que no cuenta con presencia real en las escuelas de Santa Cruz ni participación en los reclamos y medidas de fuerza que viene protagonizando la docencia provincial.
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"No se conoce ninguna elección gremial que hayan realizado mediante la cual la docencia de Santa Cruz les haya dado aval para sentarse en una paritaria, y mucho menos una asamblea o congreso que les haya otorgado mandato para negociar en nombre de la docencia", manifestaron.
Los maestros tienen su salario congelado hace seis meses: en las últimas semanas se multiplicaron los reclamos para exigir la reapertura paritaria, la devolución de los días descontados por huelga y mejoras en la infraestructura escolar. Además, rechazan el proyecto de Ley de Emergencia Económica del Gobierno provincial.
Desde el gremio advirtieron que será difícil alcanzar acuerdos si no existe una negociación de buena fe y ratificaron que consideran a su organización como la principal representante de los trabajadores de la educación.
Intendentes de Santa Cruz buscan frenar el endeudamiento de Vidal: "Deterioro social"
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió junto a otros jefes comunales y presentaron un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que el 50% de los fondos UNIRSE se redistribuyan entre las localidades, de acuerdo a los coeficientes de coparticipación vigentes.
Los intendentes señalaron que, mientras "enfrentan el deterioro social en sus localidades", esta iniciativa sirve para "marcarle límites a un gobierno alineado con Javier Milei y cada vez más identificado con el ajuste, el achique del Estado y la paralización económica".
UNIRSE es un fondo fiduciario destinado a financiar programas y proyectos en áreas como la inversión social, salud, obras, y desarrollo sostenible. En los fundamentos del proyecto, los mandatarios comunales describen un escenario devastador. Entre marzo de 2024 y marzo de 2026 la coparticipación municipal cayó un 15,2% en términos reales. Mientras tanto, crecieron los costos operativos, se dispararon los reclamos salariales y se desplomó la actividad económica.
Además de Grasso, el proyecto fue impulsado por los jefes comunales de Las Heras, Antonio Carambia; de El Calafate, Javier Belloni; de Pico Truncado, Pablo Anabalón; de Río Turbio, Darío Menna; de Los Antiguos, Zulma Neira; de Puerto Deseado, Raúl Martínez; de Río Gallegos, Pablo Grasso; de 28 de Noviembre, Aldo Aravena y de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Grasso señaló que “mientras el Gobierno Nacional paraliza la obra pública, elimina fondos y golpea el empleo y el consumo, somos los municipios quienes seguimos sosteniendo servicios, asistencia social y el funcionamiento diario de nuestras comunidades”.
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